Las defensas de los siete acusados del crimen de Polop piden que no se someta a veredicto el juicio por falta de pruebas

Las defensas de los siete acusados del asesinato en octubre de 2007 del entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, han pedido a la magistrada de la Audiencia de Alicante que el juicio no se someta a veredicto del jurado por falta de pruebas.

Así lo han solicitado en una sesión en la que las partes han ratificado sus conclusiones y las han elevado a definitivas. La magistrada ha rechazado esta petición formulada por las defensas que representan al exconcejal de Urbanismo y sucesor de Ponsoda en el Ayuntamiento de Polop, Juan Cano, y otras seis personas más entre acusados como inductores y autores materiales del asesinato.

La Fiscalía ha indicado que pese a que no hay un aprueba directa, y que no se ha encontrado el arma, “sí hay una pluralidad de indicios y el testimonio del testigo protegido”, que trabajó de portero en el club Mesalina, lugar donde presuntamente se urdió el crimen.

Según fiscal y acusación particular, Alejandro Ponsoda fue tiroteado en la cabeza a las puertas de su domicilio, en “un ataque sorpresivo” del que “no tuvo capacidad de defenderse”.

Para la acusación pública ha quedado probado que Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los dueños del Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gato, acordaron el asesinato en el interior del local de alterne, “el peor de los ámbitos delincuenciales, según la UCO”, ha dicho.

“Tiro por encargo”

Las acusaciones, que sostienen que el objetivo era que Cano se hiciera con la Alcaldía, han afirmado que “fue un tiro por encargo”, y se pagó a los autores materiales, Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, que “solo lo hicieron por enriquecerse”, ya que no conocían al entonces alcalde de Polop.

La fiscal ha pedido al jurado que contemplen el contexto, que los hechos sucedieron hace diez años y que Cano, considerado principal inductor, sigue paseando por Polop tras “insultar” y “enfrentarse” a los miembros de la Guardia Civil, y amenazar al testigos y familiares, según se ha podido escuchar durante el juicio.

Asimismo, ha destacado que las detenciones se produjeron dos años después del asesinato, a la vez que ha negado que existiera presión para que la UCO cerrara la investigación en falso. Así, ha defendido que se investigó todo, “las amenazas de los vecinos y la vida personal” de la víctima.

Ministerio fiscal y acusación particular sostienen que había una “planificación” ya que, a partir de 2003, pese a que Juan Cano se queda fuera del Ayuntamiento, intenta mantener el control de Urbanismo, apoyado por el testimonio de Juan Andrés Llorens, con el que se ha demostrado, asegura la fiscal, que la actitud de Cano en el Ayuntamiento hasta 2007 “no era una colaboración”, sino un intento “de golpe de Estado”.

En cuanto a los intermediarios, las acusaciones aseguran que a Cano se le ha situado en varias ocasiones en el club Mesalina en compañía de los responsables, Hermosilla y Gatto, y del amigo íntimo del exconcejal, el empresario Salvador Ros al que Raúl Montero, uno de los presuntos autores materiales, le vendió un arma.

Respecto al testigo protegido, señalan que ha quedado demostrado que en 2007 era portero del Mesalina y que, según ha declarado en Instrucción, Juan Cano, al que describió como director de la CAM, en una reunión en la sala VIP, junto a Hermosilla, Gatto y Ros, le encargó el asesinato de Ponsoda y que tras negarse, oyó que se lo habían encargado a Raúl Montero Trevejo, a Robert Franek y a Radim Rakowski.

En cuanto a la autoría material, han incidido en que en el asesinato se utilizaron dos pistolas y cartuchos compatibles con las intervenidas a Raúl Montero, y a Robert Fraenek y Radim Rakowski, en sendas operaciones en Sueca y Benidorm.

Por su parte, las defensas de Raúl Montero, Radim Rakowski y Robert Franek, acusados de ser autores materiales del asesinato, han asegurado que no hay pruebas de que sus clientes participaran en los hechos, por lo que han solicitado un veredicto de no culpabilidad.

La defensa de Montero califica de “hipótesis”, “conjeturas” y “rumores” los testimonios durante el juicio y ha cuestionado al testigo protegido, que dos años después del asesinato aparece “por arte de birlibirloque” y se pretende que se dé a sus declaraciones el “carácter de Dios”, ha indicado.

Por su parte el abogado de Radim Rakowski asegura que no hay la más mínima prueba ni de que se haya reunido con los inductores del crimen ni que haya hablado por teléfono con ellos para organizar el asesinato.

Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 25 años de prisión para cada uno de los instigadores e inductores del asesinato con alevosía y precio -Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Raúl Gatto- y 27 años a los tres acusados de ser autores materiales del asesinato -Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski-, a los que suma tenencia ilícita de armas.