El Supremo confirma la expulsión de la Guardia Civil del suboficial condenado a 22 años por intentar envenenar a una compañera y su familia en Alicante

El agente de la Guardia Civil de Alicante Francisco G. J. recurrió su separación definitiva del Instituto Armado porque consideraba que los delitos por los que fue condenado a más de dos décadas de prisión —tres asesinatos intentados, allanamiento de morada y un delito contra la intimidad— “no guardaban relación con el servicio, ni causaron grave daño a la Administración o a los ciudadanos”. El Tribunal Supremo (TS), en una sentencia de la sección primera de la Sala de lo Militar a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha confirmado la expulsión definitiva del cuerpo del suboficial, condenado a 22 años de prisión por intentar envenenar con matarratas a una subordinada, a su marido y a su hijo de tres años en la casa cuartel de Villajoyosa (Alicante).

El TS considera que el argumento del brigada es “solo retórico y falto de consistencia” y recuerda que la condena que está en el origen de la falta disciplinaria muy grave “pone de manifiesto la incompatibilidad radical de su autor con la pertenencia al Cuerpo de la Guardia Civil, por la contrariedad insalvable con principios elementales que forman parte del núcleo esencial del estatuto de los miembros del Instituto Armado”.

El suboficial fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante por acceder, el mediodía del 3 de junio del 2016, a un domicilio de su cuartel “con la intención de acabar con la vida” de otra agente, de su marido y de su hijo de corta edad. Francisco G. J. “vertió un líquido” en un arroz cocido que la familia había dejado preparado. El líquido era matarratas, “un plaguicida moderadamente peligroso”. El brigada, que tenía acceso a las llaves de los domicilios del cuartel, también robó a su subordinada, en varias entradas subrepticias a su domicilio que se alargaron durante al menos seis meses, un pendrive que contenía fotografías íntimas, algunas prendas de ropa interior y un juguete sexual, entre otros objetos.

La sección primera de la Sala de Penal del TS confirmó la pena de 22 años de prisión y el pasado 8 de octubre del 2019 la ministra de Defensa Margarita Robles dictó una resolución que impone al agente la sanción de separación del servicio, una decisión contra la que el suboficial planteó un recurso contencioso disciplinario militar.

“La Sala”, según indica la sentencia del TS que ha tumbado el recurso, “no aprecia haberse experimentado perjuicio alguno en la defensa” del agente condenado por el intento de envenenamiento. El letrado de Francisco G. J. argumentaba en su recurso que el suboficial no recibió la notificación de la propuesta de resolución, lo que le habría impedido formular alegaciones (“debe tratarse de un error de quien recurre”, dicen los magistrados, que recuerdan que sí que se la notificaron y que su defensa incluso formuló alegaciones, aunque “fuera de plazo”). El recurso también argumentaba que la ministra Margarita Robles no tenía “competencia objetiva y funcional al estar el Gobierno en funciones pero la sentencia del TS considera que ”el argumento no es consistente y debe ser desestimado“. La sentencia supone la separación definitiva de Francisco G. J. del instituto armado.