La trama del saqueo a la sanidad con el PP valenciano se fundió mordidas de un millón en viajes de lujo y gastos privados

La trama del saqueo a la sanidad pública valenciana durante la etapa del PP, liderada por el gerente del Hospital Provincial de Valencia, Sergio Blasco, obtuvo mordidas de un millón de euros que se gastaron en viajes a hoteles de lujo por medio mundo; cuatro fincas rústicas; reformas de viviendas; placas solares; pagos a la falla familiar de Alzira; abonos VIP al Valencia Basket durante cinco temporadas; el renting de vehículos Mercedes o Volvo; más de 5.000 euros en combustible; 8.763 euros en alimentos y bebidas alcohólicas; 3.955 euros en productos de pastelería, y hasta el pago de las empleadas del hogar.

El sobrino del exconseller Rafael Blasco, condenado este jueves por la Audiencia Provincial de Valencia a siete años de prisión y multa de dos millones de euros por blanqueo, cohecho, falsedad, fraude en la contratación pública y prevaricación, desvió gran parte de esas comisiones provenientes de empresas que habían obtenido adjudicaciones del sector de la sanidad para viajes privados y familiares a destinos como Palma de Mallorca; Londres (con asistencia al musical Mamma Mia); Las Vegas (con excursión incluida al río Colorado); China (para los Juegos Olímpicos de Pekín); Turquía (con sus padres y el resto de la familia); Túnez; República Dominicana (a Punta Cana); Costa Rica; Perú (tanto en desplazamientos familiares como para sus negocios internacionales); Panamá (en una visita relámpago), y Andorra. También fue agraciado con un premio de la lotería de 250.000 euros.

Así lo establece la sentencia de la sección primera de la Audiencia de Valencia, que no es firme y contra la cual cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional (tras una denuncia inicial de Esquerra Unida del País Valencià) quedó apuntalada en el juicio con la confesión de una de las acusadas. La condena acredita más de una década después de la apertura de diligencias un enmarañado entramado de corrupción liderado por el principal condenado, que aprovechó su cargo directivo y cierta falta de control en el consorcio hospitalario para “favorecer conscientemente” adjudicaciones públicas irregulares a una red de empresas para luego desviar comisiones “en beneficio propio y de su entorno” familiar. En definitiva, toda una compleja trama que Sergio Blasco (a imagen y semejanza de su tío Rafael, exconseller del PP también condenado por corrupción) orquestó para “enriquecerse y sufragar gastos particulares”, según indica la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Enrique Marí Farinós.

La resolución, de 483 páginas, repasa en detalle la estructura interna de la trama de empresas, formada por dos escalones: las mercantiles que recibieron adjudicaciones públicas superiores a los 30 millones de euros de la sanidad pública valenciana y las sociedades que sirvieron para desviar los fondos al bolsillo de Sergio Blasco, mediante testaferros como José Luis Martínez Climent, un taxista amigo del exgerente desde la infancia que ha sido absuelto al no haberse acreditado que obtuviera beneficio económico de haber prestado su nombre. Francisco José Blasco, hermano del principal acusado, también ha sido absuelto al ser considerado un “mero testaferro”.

La sentencia alude asimismo a los proyectos sanitarios en el extranjero que lideró Sergio Blasco, mientras ejercía de gerente del Hospital Provincial de Valencia, en destinos como Kazajistán, Perú o Guinea Ecuatorial, de los que también cobró comisiones. Las empresas que abonaron las mordidas, según el apartado de hechos probados, pertenecían fundamentalmente a los sectores farmacéutico (Roche Farma o Janssen), de tecnología médica (Toshiba Medical System) y de logística sanitaria (Out Log, propiedad de Miguel Sanfélix, condenado a dos años y dos meses de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad). Esta última mercantil ingresó 19,5 millones de euros de la sanidad pública valenciana durante la etapa en que Sergio Blasco estuvo al frente del consorcio hospitalario.

La resolución repasa las numerosas irregularidades detectadas en algunos de los procesos de adjudicación, que estaban previamente decididos, o en una ampliación millonaria de contrato (del 30% e “ilegal”, según la Sindicatura de Cuentas) acordada por Sergio Blasco sin estudio de mercado alguno y “de forma arbitraria” e “injustificada”.

En otra de las licitaciones públicas pilotadas por Sergio Blasco, el empresario José María Brotón González (condenado a un total de dos años y dos meses de prisión) “conocía que iba a ser adjudicado a su empresa” e “incluso aunque residía en Madrid, contrató el alquiler de una vivienda en Valencia” antes de la resolución definitiva del expediente, según explica la sentencia.

La confesión clave de una testaferro

La resolución apuntala la condena con la confesión de Gisela Samudio, hermana gemela de la responsable de prensa del Hospital Provincial de Valencia y “testaferro” de Sergio Blasco, con quien mantuvo una “relación sentimental”, según declaró la mujer en el juicio. En el contexto del idilio, crearon la empresa Identiart SL, que Sergio Blasco “dirigía” en la sombra y que fue usada para cobrar comisiones de más de medio millón de euros.

Una nota manuscrita hallada en el registro del domicilio de Gisela Samudio detallaba la participación en la empresa de Francisco José Escandell Vila (otro testaferro) y de un tal “X”. En el juicio, Samudio afirmó que “la X era Sergio Blasco”, dando así el tiro de gracia judicial al exgerente.

Con la empresa pantalla Identiart SL, a la que Sergio Blasco aportó bajo mano 16.500 euros, la trama ingresó 60.000 euros de la farmacéutica Janssen que se usaron para la gestión publicitaria y el patrocinio de Fent Salut, la revista interna del Hospital General de Valencia (que también pagaba generosamente a periodistas). La sentencia considera como hecho probado que Blasco percibió 42.000 euros de esos fondos de Janssen mientras que las hermanas Samudio se repartieron entre ellas 18.000 euros. Otra de las empresas de la trama financió un viaje a Costa Rica (del 13 al 17 de agosto de 2008) para la testaferro y el gerente del hospital, por un importe de 5.486 euros.

La mujer, “con la finalidad de colaborar en el trasvase de dinero”, consintió la facturación de la empresa pese a saber perfectamente “que no obedecía a operaciones reales”, afirma la sentencia. La acusada alcanzó un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y ha sido condenada a una pena menor de 16 meses de prisión por cohecho, falsedad documental y blanqueo (además de una multa de 133.265 euros).

Para canalizar las comisiones, Sergio Blasco también recurrió a José Luis Sánchez Galán, un militar de carrera en la reserva del que era amigo desde la infancia. Ambos crearon la firma Vamont Consulting SL, que llegó a ingresar comisiones de empresas adjudicatarias por un importe de 203.194 euros.

Vamont Consulting SL abonó gastos como un viaje a Punta Cana (República Dominicana) de Sergio Blasco, su esposa, Deborah Salom Císcar, y los dos hijos del matrimonio, al que se apuntaron su hermano Francisco José Blasco y el exmilitar empresario y su mujer. Al viaje también asistió el testaferro Francisco José Escandell, su esposa y sus dos hijos.

Además, esa sociedad pantalla sufragó gastos de 6.000 euros a la falla Caputxins de Alzira, de la que la esposa y la hija de Sergio Blasco fueron en 2011 falleras mayor e infantil. Vamont Consulting SL emitió una factura a una empresa de espectáculos con el “concepto ficticio” relativo a “proyectos internacionales de salud para ponencias” cuando se trataba “realmente” del montaje del sonido y la imagen de la falla Caputxins del 17 de marzo de 2011, el año en que la esposa y la hija de Sergio Blasco fueron falleras mayores.

Los pagos del conseller Marciano Gómez

Precisamente a esa mercantil instrumental de la trama corrupta, tal como desveló elDiario.es, abonó el actual conseller de Sanitat, Marciano Gómez, mediante sus antiguas empresas consultoras un total de 37.400 euros, según reseña la sentencia. Gómez declaró en condición de testigo en la sesión del juicio del 22 de octubre de 2025 y negó, a preguntas de la fiscal Adoración Cano, que esos fondos correspondieran a comisiones ilícitas. El conseller esgrimió que pagó a Sergio Blasco por dos informes sobre el sector sanitario en Perú (uno “voluminoso” y otro “sucinto”) que le fueron “extraordinariamente” útiles para sus clientes cuando era consultor, años antes de incorporarse como titular de Sanidad al Consell de Carlos Mazón y al actual Ejecutivo autonómico de Juan Francisco Pérez Llorca.

Sergio Blasco, con el testaferro taxista José Luis Martínez Climent, constituyó Sanygestion 2012 SL, una empresa que se limitaba a “cobrar comisiones” de adjudicatarias del hospital público y a “servir de puente” para justificar ingresos de otras sociedades de la trama con “facturación ficticia”, todo ello para “desviar dinero” al bolsillo del principal condenado.

Con Sanygestion 2012 SL percibió comisiones de 70.966 euros de Agem Auxiliar General de Electromedicina SL, una empresa española vinculada al Hospital General de Valencia y a unos proyectos de centros de trasfusión en Guinea Ecuatorial en los que participaba la sobrina de Sergio Blasco. Para “enmascarar” los pagos, ambas mercantiles suscribieron “de forma ficticia” dos contratos de colaboración, apostilla la sentencia.

Por otro lado, la empresa Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL pagó a Sergio Blasco y a su entorno un total de 110.859 euros mientras que Mantenimientos Integrales Turia SL abonó 45.167 euros para reparaciones en su chalet.

Absuelta la testaferro titular de 18 cuentas bancarias

Otra empresa usada en el entramado corrupto fue Iaunua Gestión y Servicios SL, administrada por Ana Clarés, sobrina del fallecido Daniel Pérez Cuesta, jefe de Área de Desarrollo Tecnológico y Sistemas de Información del Hospital Provincial de Valencia. La mujer ha sido absuelta al no haberse acreditado que obtuviera beneficio económico y dado que su tío y Sergio Blasco “actuaban como un equipo”. La Audiencia de Valencia concluye que fue una mera testaferro de su tío sin tener “conocimiento ni conciencia” de las operaciones mercantiles, a pesar de que fue titular de 18 cuentas bancarias y estuvo autorizada en 13.

No fue el único cargo del consorcio hospitalario beneficiado por la trama. La firma Estudios y Proyectos Sociosanitarios del Xúquer SL costeó un viaje a Roma (por un importe de 3.316 euros) para dos directivos: el jefe del equipo de auxiliares sanitarios y celadores y el coordinador de ambulancias.

Por su parte, la sentencia absuelve a Vicente José Doñate Melchor, administrador de Bicnet Sistemas de la Información SL, y destaca que los pagos recibidos por esa firma de dos farmacéuticas “se debieron a trabajos efectivamente prestados (..) en su actividad profesional en el ámbito de sus relaciones comerciales con estas empresas”. La resolución también descarta que los pagos obedecieran a “operaciones ficticias”.

En Tamazula SL, una empresa inactiva a nombre del testaferro taxista, y en Estudios y Proyectos Sociosanitarios Xúquer SL, una firma a nombre del hermano y de la sobrina del principal acusado, se dieron de alta a dos trabajadoras del hogar de Sergio Blasco en varios periodos. Tamazula SL pagó a Blasco y su familia un importe total de 192.067 euros a pesar de no haber tenido actividad comercial alguna (“se utilizó para facturar de forma ficticia, para recibir una comisión y recibir o enviar dinero de otras sociedades de la trama”, sostiene la resolución).

Las referencias al tío Rafael Blasco

La sentencia destaca que Tamazula SL recibió una comisión de 29.580 euros de la firma Gesman Ingeniería de Gestión “sabiendo” el testaferro Escandell Vila que la empresa había sido adjudicataria de un expediente de asistencia, por importe de 750.000 euros, licitado por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, “cuando era conseller Rafael Blasco Castany, tío de Sergio Blasco Perepérez”, según detalla el tribunal.

La Audiencia de Valencia también reseña un viaje a Palma de Mallorca abonado por la trama y justificado como una reunión del gerente con la ONG Llevant en Marxa, que había obtenido una subvención de 234.486 euros del departamento dirigido por su tío, Rafael Blasco.