Ni tasa turística, ni impuesto a la 'cocacola': el pacto del Botánico renuncia a los tributos más avanzados

Las Corts Valencianes han dado este miércoles el visto bueno a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y  Financiera y de Organización de la Generalitat, el paso previo a la aprobación de los presupuestos para el próximo año. La norma, conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, es un texto ómnibus: en él cabe de todo, y es por eso que los grupos parlamentarios que gobiernan aprovechan para introducir modificaciones a otras normativas.

Este año, entre las más sonadas está la reforma de la ley de puertos, que permitirá crear organismos autónomos con importante presencia de las empresas privadas, que tendrán hasta un 40% de peso en la toma de decisiones. Un pacto de última hora de PSPV, Compromís y Ciudadanos limitó el poder de las mercantiles después de la polémica que desató la propuesta socialista, que coincidió con el hecho de que Baleària, naviera con sede en el puerto de Dénia, fichara al hombre de confianza de Ximo Puig, el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, y el Ayuntamiento del municipio pidiera tener autonomía.

Con la aprobación de esta norma, los municipios que tengan un puerto de la Generalitat y lo soliciten podrán iniciar el proceso para que la gestión pase de la administración autonómica a una entidad autónoma, que reparta el control del área portuaria entre las administraciones y los operadores.

Otra de las medidas que destacaron durante el debate fue la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de violencia machista con las del terrorismo, pasando de 6.000 a más de 70.000 euros. El Ejecutivo autonómico, a través de la Conselleria de Igualdad, que dirige  Mónica Oltra, planteó ampliar el concepto de víctima a los descendientes, ascendientes o pareja de la mujer asesinada, siempre que no fuera el causante de la agresión. De esta forma, tendrán derecho a recibir una prestación si se produce un asesinato machista.  

También sonadas han sido las ausencias. En este último curso político, el Ejecutivo del Botànico ha renunciado a algunos impuestos novedosos para la Comunitat Valenciana, que se aplican en otros lugares considerados más avanzados en relación a su sensibilidad con el medio ambiente, la salud pública o la sostenibilidad. Entre ellos, los grupos del Gobierno han rechazado apoyar una propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas, un gravamen a las pernoctaciones hoteleras -la tasa turística- o un impuesto a la incineración de residuos. Las tres enmiendas habían sido propuestas por Podemos, que ha planteado un buen grupo de medidas en solitario, algunas arrastradas en años anteriores, y durante las negociaciones se habían visto bien por los sectores de Compromís más sensibilizados con estas cuestiones. La formación valencianista, por ejemplo, ya propuso crear una tasa a los refrescos y a productos con exceso de grasas trans -bollería industrial, generalmente-, a la que sus socios del PSPV se opusieron y quedó diluida. 

Es por ello que el diputado de Podemos Antonio Montiel ha acusado a sus socios de “sacrificar” su programa para “no agitar las aguas” de cara al año electoral y ha reprochado a sus socios que “cuando hay que marcar el rumbo para 2019 y años posteriores, cuando se habla del futuro Botànic, queden sin aprobar cuestiones fundamentales”. A su juicio, “algunos grupos han preferido sacrificar su programa electoral, su ideario” por “pragmatismo electoral”.