Unidas Podem y Compromís confían en que los recortes no afecten a áreas sociales y exigen que se debatan las propuestas
El malestar en Compromís y Unidas Podemos por el anuncio del conseller socialista de Hacienda de que los departamentos tengan que ajustar el gasto en lo que queda de año comienza a ser evidente. Este miércoles, en la primera junta de portavoces tras el parón estival, y de las primeras de esta legislatura, las portavoces adjuntas de ambas formaciones han subrayado que los ajustes deben debatirse entre todo el Consell.
Aitana Mas, representante de Compromís, y Naiara Davó, de Unidas Podem, han sostenido que los recortes deben ser “consensuados” y que las informaciones sobre los ajustes responden a “una propuesta” del conseller Vicent Soler que aún no es firme. Hay una propuesta a estudiar de la Conselleria de Hacienda y un “compromiso firme” para que esta no afecte a materias sociales, añadía Mónica Álvaro, diputada de la coalición valencianista.
La síndica de Unides Podem-EUPV, Naiara Davó, ha subrayado que Vivienda, consellería que dirige su formación, “no ostenta una parte desproporcionada del presupuesto”, por lo que no sería demasiado operativo recortar en ella. Además, considera, “creemos que los recortes no van a ser en el ámbito social y ahí está incluido vivienda”, recalcando la situación de emergencia habitacional en la que se encuentra una parte considerable de la población. Para la conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se ha planteado un ajuste cercano a los 40 millones de euros.
Ambas formaciones han coincidido en señalar que el problema es la falta de Gobierno y, por tanto, la de unos Presupuestos Generales del Estado que faciliten la financiación a las comunidades autónomas. “Lo que nos preocupa son los ingresos que se nos adeuda, como el IVA, que aún estamos pendientes y que están en nuestros presupuestos, pedimos que se acelera esa propuesta de cobro de ingresos porque hace mucha falta”, ha reivindicado Álvaro.
El Gobierno dice que está estudiando fórmulas para pagar a las autonomías
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y “sortear” el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías. En una entrevista con Onda Cero, Montero ha reconocido que el informe escrito fue solicitado la semana pasada y llegó ayer al Ministerio de Hacienda, pero ha dejado claro que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 el criterio de que “un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo
