Podemos rebaja su tasa a las bebidas azucaradas a un estudio, aunque volverá a plantearla en los presupuestos

El debate sobre implantar o no un impuesto a las bebidas azucaradas ha durado un suspiro. Podemos planteó esta medida -como hizo Compromís el pasado año- en su batería de propuestas de Sanidad para el debate de política general, encontrando enseguida el rechazo de los socialistas, como en su día el de la tasa turística. En el PSPV no están por la labor de implantar nuevos impuestos, aunque, en este caso, desde la Consellería de Hacienda consideran que, al no tener afán recaudatorio sino disuasorio, compete a Sanidad está decisión. Podemos no tiene ganas de guerra, pero tampoco de que ser toreado, así que, según los negociadores, aunque ha aceptado dejar la iniciativa en la elaboración de un estudio, planteará de nuevo este gravamen en los presupuestos.

La formación morada ha aprovechado este debate para distanciarse de sus socios de legislatura, aunque sin llevar las cosas a posturas insalvables. La carrera electoral, se dice en les Corts, empieza en este debate. Podemos planteó en la jornada del martes una normativa para que la Generalitat asuma el presupuesto de las Diputaciones provinciales, invocando el Estatut d'Autonomía. Un paso importante de cara a su disolución. En los artículos 62 y 66, el Estatut hace referencia a que “La Generalitat y los entes locales pueden crear órganos de cooperación, con composición bilateral o multilateral, de ámbito general o sectorial, en aquellas materias en las que existan competencias compartidas, con fines de coordinación y cooperación según los casos. La legislación de Les Corts fomentará la creación de figuras asociativas entre las administraciones públicas para mejorar la gestión de los intereses comunes y para garantizar la eficacia en la prestación de servicios”.

En esta medida, encuentra la formación morada el apoyo de Compromís, con quien han llegado a un acuerdo para transaccionar la propuesta. No así con los socialistas, quienes apelan a una reforma constitucional que marque el futuro de las Corporaciones provinciales, que han reconocido como instrumento decimonónico y opaco. José Muñoz, portavoz adjunto del PSPV, apelaba a que los municipios pequeños necesitan las diputaciones y dudaba sobre qué resultado daría una pregunta sobre su supresión para los núcleos de población rurales. Muñoz ha recordado que el Consell planteó una reforma constitucional para que cada comunidad tenga autonomía en regular su organización territorial. Los socialistas dicen que la aspiración de Ximo Puig es una reforma constitucional.

El tercer punto de la discordia es el referente a los macroproyectos urbanísticos y al urbanismo a base de PAI (Programas de Actuación Integrada), un instrumento que ha venido acompañado de muchos procedimientos judiciales. Los morados han manifestado su rechazo en el bloque de Medio Ambiente y en el de Vivienda. Este último, al parecer por la opinión desfavorable de la consellería, no saldrá adelante. En el caso del primero, durante las negociaciones se han rebajado las pretensiones de los morados.

En el bloque de Medio Ambiente, Podemos incluyó una iniciativa que pide “acabar con el modelo de desarrollo territorial basado en 'PAIs' y mega-proyectos para transitar hacia un modelo económico y de territorio verdaderamente sostenible, integrador y equilibrado”; en el de Vivienda, los morados hablan de “adoptar una moratoria urbanística sobre los megaproyectos surgidos en la época de máxima especulación y que han permanecido 'dormidos' durante la crisis, como Puerto Mediterráneo (Paterna), Manhatan (Cullera), el PAI del Portixol (Xàbia), o el PAI del Grau (Valencia), entre otros, con objeto de revisar su viabilidad social, territorial y ambiental, así como su adecuación a criterios de sostenibilidad ambiental y los impactos en el territorio a medio y largo plazo”.

Reforma del sistema de financiación antes de 2019

Los socios del Consell reclaman una batería de medidas para reformar el sistema de financiación autonómica, la compensación de la insuficiencia financiera, el aumento -como mínimo- del déficit al 0,3 % y que “contemple la singularidad valenciana”, además de las inversiones en infraestructuras acordes al peso poblacional y la calendarización del fondo de liquidez autonómico.

La medida cuenta con una modificación propuesta por Podemos que marca que se lleven a cabo las negociaciones antes de finalizar 2018, apretando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.