El Puerto deniega a la alcaldesa de València y consejera una copia del informe de Hacienda: “No puede revelarse a terceros”“

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sigue ocultando por tierra, mar y aire el demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a posibles amaños en procesos de contratación de personal y de un contrato a una consultora, un documento cuyo contenido destapó elDiario.es.

Pese a que se trata de un informe elaborado por una entidad pública sobre un organismo también de derecho público, los responsables de la APV lo han denegado a diferentes medios de comunicación que lo han solicitado amparándose en la Ley de Transparencia, así como diputados que lo han solicitado elevando peticiones a la mesa del Congreso, como por ejemplo a Alberto Ibáñez, de Compromís-Sumar, quien tras conocer los detalles revelados por esta redacción lo ha vuelto a solicitar.

Tal es el celo de la APV para tratar de esconderlo que incluso se lo han denegado a la alcaldesa de València y consejera del organismo, María José Catalá. Como informó este diario, el grupo municipal Compromís pidió a alcaldía copia del documento, pensando que al ser Catalá consejera, dispondría de un ejemplar. Sin embargo respuesta fue que no lo tenían y que trasladarían la petición a la APV para que se lo hiciera llegar. La respuesta (completa al final de la información), de la que se ha dado traslado a la coalición valencianista, ha llegado recientemente y nuevamente ha sido negativa.

“Apreciada consejera”, reza el encabezamiento de la misiva, lo que da a entender que va dirigida directamente a Catalá, y añade: “En respuesta a su solicitud remitida por correo electrónico el 28 de noviembre (...), le informamos que no podemos atenderla, ya que contraviene lo establecido en el artículo 16 del Texto Refundido del Reglamento de Gestión y Funcionamiento del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Valencia”.

A continuación, reproduce lo que dispone la mencionada normativa: “La documentación que se pone a disposición de los señores consejeros es para uso exclusivo interno, tiene carácter confidencial y no puede revelarse a terceros. Los miembros del Consejo de Administración de la APV deberán guardar absoluta reserva respecto de la información, documentación, deliberaciones, intervenciones, sentido del voto y los asuntos tratados en las reuniones del Consejo de Administración, así como cualquier otra clase de información de la que dispongan por razón de su cargo, que será confidencial, para uso exclusivo interno y no podrá revelarse a terceros”.

Está por ver si Catalá solicita igualmente copia del informe para tener conocimiento de su contenido de primera mano en el próximo consejo de administración, máxime después de las graves irregularidades avanzadas por elDiario.es.

También es llamativo que cuando la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, dio cuenta en el consejo de administración del 30 de junio del informe de la Intervención, no repartió copias a los consejeros. Además, el punto se incluyó en el orden del día después de que los consejeros recibieran un correo anónimo que alertaba de la existencia del mismo así como de la gravedad de su contenido.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha comentado que “el PP ha convertido la Autoridad Portuaria de Valencia en un cortijo en el que Catalá solo tiene el papel de mariachi de la presidenta Mar Chao” y ha añadido: “Si ya ha quedado claro que Catalá ha entregado el futuro del Puerto y de toda aquello que lo rodea como la Marina y toda la actividad económica y lúdica, a los designios de la APV, con la negativa a entregar un informe a la propia alcaldesa sobre las presuntas irregularidades de la presidenta, es una advertencia a Catalá para que no molesto la negligente gestión de los intereses del puerto y por tanto de la ciudad”.

Para el edil de la coalición valencianista “Catalá ha renunciado a hacer del Puerto y de la Marina un lugar que la ciudad sienta como propio y se ha entregado a la única voluntad y a los intereses económicos de la APV que históricamente han sido contrarios a los de la ciudadanía”.

Con la negativa de la APV a entregar “una documentación que ha elaborado la propia administración pública, a representantes legítimos de la ciudadanía y el silencio de Catalá, ponen muy claro cuál es su prioridad, callar y dejar las manos libres al Puerto para hacer y deshacer frente a los intereses generales y la gestión transparente de los recursos públicos”, ha denunciado Puchades.

Un contrato y cinco plazas cuestionadas

En su informe, la IGAE señala el contrato de Apoyo a la Gestión de Personas que se llegó a adjudicar el 8 de agosto de 2024 a Andràs Abogados por 160.930 euros (IVA incluido). Sin embargo, tal y como avanzó este diario y destaca el informe, “dicho contrato fue anulado por la APV a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que había iniciado expediente, al considerar que el requisito de experiencia previa del pliego para acreditar la solvencia no se encontraba justificado, limitando la competencia”. Con posterioridad a unas alegaciones, la APV, en vista de que dicha Comisión va a recurrir a la vía contencioso-administrativa, desistió del procedimiento de adjudicación.

En sus alegaciones, la APV se opone a la vinculación entre la tramitación del contrato de Apoyo a la Gestión de Personas y las modificaciones en la Gestión de Recursos Humanos, pero la IGAE afirma que “lo cierto es que son coincidentes en el tiempo”.

En el apartado de 'Análisis de los procesos de contratación' se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”. En este sentido, se han detectado cinco plazas en las que podría darse esta situación. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, dice la Intervención.

La APV en sus alegaciones se manifiesta contraria, señalando que respeta la legalidad y ejerce competencias que le son propias, y dichos requisitos están justificados, y resultan pertinentes, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para tratar de esclarecer si ha incurrido en responsabilidad patrimonial como consecuencia de diversas irregularidades que han sido objeto de investigación por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI). En concreto, se investiga si habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos, una infracción tipificada en el artículo 177.1 apartado A de la Ley General Presupuestaria 47/2003 de 26 de noviembre.

La investigación del órgano fiscalizador viene como consecuencia de un escrito del pasado 1 de octubre por el que se comunica la incoación por parte de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que depende la OCI, de un expediente sancionador contra la máxima responsable de la APV por irregularidades constitutivas de infracciones administrativas muy graves, contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De esta forma, la mencionada Secretaría de Estado solicita al Tribunal de Cuentas que se realicen las comprobaciones oportunas para determinar si Chao habría incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos. La apertura de las diligencias por parte del Tribunal paraliza el procedimiento sancionador abierto desde la Secretaría de Estado de Función Pública hasta que haya una resolución del órgano fiscalizador.