El Puerto de València reclama dos años después a los vecinos de Natzaret las costas de un pleito por los incumplimientos de la ampliación sur

Plantaron cara casi en solitario al Puerto de València y al Ayuntamiento cuando se planificó la ampliación sobre la playa de Natzaret, pelearon para obtener unas contraprestaciones en consonancia con la pérdida de su costa que beneficiaran a toda la ciudad y ahora, además, deberán abonar 1.000 euros a la Autoridad Portuaria de València (APV) por exigir en los tribunales el cumplimiento de esos compromisos.

Según informa la Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, el organismo portuario acaba de exigirles el pago de las costas del proceso judicial iniciado en 2014 para exigir que se cumplieran los acuerdos del convenio firmado entre el Consistorio y la APV en 1986, año en que se aprobó la ampliación sur.

La entidad vecinal reclamó especialmente la ejecución del paseo arbolado a crear entre el actual Parque Polideportivo de Natzaret y el canal de desagües de pluviales del viejo cauce del Túria: “El avance del Plan General de Valencia había previsto una franja de zona verde que continuaba ese paseo de forma lineal, entre las instalaciones que entonces ocupaba la empresa Arlesa y el resto del área portuaria. Sin embargo, la franja de zona verde prevista es hoy un muro inaccesible de ladrillos tras el cual no hay nada”, argumentaron los vecinos.

También alegó la asociación en el proceso judicial el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio, así como de lo dispuesto en el artículo 9 relativo a que “la insuficiencia del desagüe de aguas residuales y pluviales supone un claro riesgo de inundación sin solucionar para el barrio, riesgo que se ha visto empeorado desde el año 1986”.

El fallo judicial que llegó en febrero de 2018 corrobora lo alegado por el Abogado del Estado en defensa de la APV, y no deja de ser sorprendente, ya que afirma que ni la entidad vecinal, ni niguna otra organización tiene legimitidad para exigir el cumplimiento del convenio, algo que solo pueden hacer las administraciones firmantes del mismo: “Al pretenderse por la Asociación recurrente el cumplimiento de un Convenio de Colaboración en el que no ha sido parte, al haberse suscrito entre entes públicos, ha lugar a estimar la alegación de la Abogacía del Estado de que carece de legitimación para exigir la ejecución de los compromisos asumidos en el mismo”.

El falló va más allá y advierte además de que estos convenios no son de obligado cumplimiento. “De los términos del Convenio de Colaboración se desprende que las partes firmantes asumen una serie de compromisos y acuerdos, en los términos fijados en el mismo, que en ningún caso constituyen obligaciones en sentido estricto, lo que implica necesariamente que tales compromisos serán objeto de realización en la medida que ellos resulte posible”, reza el fallo.

Por este motivo, el magistrado desestima la demanda vecinal y le impone a la asociación de vecinos las costas procesales a abonar tanto a la APV como al Ayuntamiento a razón de 1.080 euros a cada uno.

Según han explicado fuentes judiciales, las administraciones tienen tres años para reclamar esta cuantía. Mientras el Consistorio no lo ha hecho, el Puerto exige ahora el pago, coincidiendo con la apertura de una investigación del Tribunal de Cuentas al organismo portuario como consecuencia del rescate de una concesión del empresario Vicente Boluda. La investigación surge como consecuencia de otra denuncia de la Comissió Ciutat-Port, colectivo en el que está integrada la asociación de Natzaret.