Recta final para liquidar el Consorcio València 2007 con una docena de empleados al borde del despido

El Consorcio Valencia 2007, la entidad participada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ) y creada en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa del América de vela, afronta su recta final, al menos sobre el papel.

El ente está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre él. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación.

En este contexto, los representantes de los 26 trabajadores del Consorcio han sido convocados a una reunión este miércoles a la que también asistirán los liquidadores con el objetivo de abrir el periodo de consultas “ante la extinción de los contratos del personal laboral”. Además se tratará “la subrogación de trabajadores”.

Y es que, de los 26 empleados está previsto que 12, en concreto los que se han venido encargando de la marinería y de dar servicio a las embarcaciones privadas que amarran en los diferentes muelles, serán subrogados por la empresa que pasará a gestionar los amarres y una parte importante de los espacios de la Marina de València a partir de octubre, una vez se disuelva el Consorcio. En concreto será la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar la que asuma el control, si los tribunales no lo impiden. Esta subrogación tampoco está exenta de polémica, puesto que los empleados perderán la condición que tenían hasta ahora de empleados públicos.

Para los 14 restantes, está por ver la decisión final que sea adopta, aunque hasta ahora no se les ha dado más alternativa que el despido, sin detallar las condiciones ni si se haría mediante un expediente de regulación de empleo (ERE), cuestiones que se deberían de resolver en la reunión de este miércoles.

No obstante, todo el procedimiento desde el inicio de la liquidación hasta la adjudicación del nuevo operador privado acabará en los tribunales. Como informó este diario, el abogado de los trabajadores, Manuel Mata, exsíndico del PSPV en las Corts Valencianes, presentará un recurso a los juzgados en un plazo no superior a dos meses en el que además pedirá la suspensión cautelar de la disolución del Consorcio y, por lo tanto, del despido de los empleados y de la entrada del gestor privado previsto para el mes de octubre.

Según el recurso administrativo planteado el pasado mes de julio y rechazado por el organismo, “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”. Y continua: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.

Tal y como acordaron la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, será una empresa la que gestione un 47% de la Marina de València (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del Ayuntamiento de València y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios.