Los vecinos del Marítimo de València preparan “acciones comunes” ante el regalo de Catalá al Puerto para construir un rascacielos

Los vecinos de la fachada marítima de València se plantan ante alcaldesa, María José Catalá, y ante la presidenta del Puerto, Mar Chao, tras anunciar la construcción de un rascacielos de 30 plantas junto al edificio del Reloj en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Autoridad Portuaria (APV) sin contraprestación alguna para la ciudad.

Las asociaciones vecinales de los barrios del Marítimo (Grau-Port, Cabanyal-Canyamelar, Malva-Rosa, Natzaret, La Isla Perdida y Ciutat Jardí) se reunieron este lunes 12 de enero a última hora de la tarde junto a la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnales de València, María José Broseta, para expresar su rechazo al proyecto impulsado por la APV y a la decisión de Catalá de ceder una parcela municipal sin contraprestación económica ni social para la ciudad, tal y como ha venido denunciando elDiario.es.

Además, acordaron realizar acciones conjuntas para defender a los habitantes y sus derechos frente a la proliferación masiva de apartamentos y edificios turísticos con el consecuente colapso del transporte público y proliferación de suciedad y fiestas en hostales y bajos.

Las entidades, al respecto del rascacielos denominado 'Baluarte de La Marina', consideran que se trata de “una operación especulativa que responde únicamente a los intereses del Puerto y no al interés general” y denuncian que “la cesión [de suelo] se ha realizado sin debate público y sin exigir compensaciones que podrían haber revertido en la ciudad, como un canon millonario o la recuperación para uso ciudadano de parcelas portuarias situadas fuera del recinto portuario”.

En este sentido, señalan como ejemplo el polideportivo con piscina que la APV mantiene en el barrio del Canyamelar, “de uso exclusivo para su personal, y cuya reversión al uso público no ha sido siquiera planteada por la alcaldía”. Las asociaciones califican esta renuncia a defender el patrimonio municipal como “una dejación de funciones muy grave en favor de un lobby concreto”.

Respecto al rascacielos proyectado, recuerdan que durante la tramitación del Plan Especial del Cabanyal la Dirección General de Costas obligó a reducir la altura de un hotel de 15 plantas en Eugenia Viñas por su impacto paisajístico y patrimonial. Por ello, consideran “injustificable” que ahora se pretenda autorizar “una torre de 30 plantas en un entorno donde lo que primero debería plantearse es recuperar la histórica Escalera Real para los ciudadanos antes de una operación mercantil para la APV”.

Las asociaciones subrayan que este proyecto no responde a las necesidades de los barrios marítimos que lo que necesitan es sobre todo “vivienda asequible para frenar la expulsión de su población y no proyectos que, además de agravar el problema, solo parecen destinados a favorecer los intereses económicos del Puerto y sus problemas para costear unas obras de ampliación cuestionadas e insostenibles para el medio urbano y natural”.

Finalmente, reclaman “la paralización del proyecto, la apertura de un proceso transparente de debate público y una revisión profunda de la relación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, basada en la defensa del interés general, el respeto al entorno urbano y litoral y las necesidades reales de los barrios”.

Los continuos agravios del Puerto hacia la ciudad

Chao y Catalá informaron el pasado 17 de diciembre del inicio de los trámites para la construcción de una nueva edificación en la Marina: una torre de 100 metros de alto de uso terciario. El Plan Especial de la Marina prevé que en la parcela, situada entre la plaza de Las Horas, la calle de la Travesía, la antigua Estación Marítima (actualmente, The Terminal Hub) y el tinglado número 4, se construya un edificio que está llamado a ser uno de los principales hitos arquitectónicos de la ciudad por sus características al que se ha denominado Baluarte.

La superficie de la parcela es de 7.000 metros cuadrados con una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados, donde se contemplan 30 plantas y una altura de 108 metros. Además, la nueva construcción tendrá que ser destinada a uso terciario ya sea comercial, hotelero, oficinas y terciario. La inversión privada podría superar los 120 millones de euros.

Durante la reunión entre Catalá y Chao se acordó que el Ayuntamiento procedería a la depuración física y jurídica de la parcela (unos trámites que ya se han iniciado) para la posterior reversión de la propiedad a la Autoridad Portuaria de forma análoga a como se hizo con la parcela de la antigua base del Alinghi.

Seguidamente, la Autoridad Portuaria de Valencia licitará la constitución de un derecho de superficie sobre la misma que consiste en una adjudicación de forma directa, es decir, a dedo, de una concesión a la oferta o proyecto que se considere más interesante. Ni la APV ni el Ayuntamiento dieron detalles de los años que se otorgará al operador privado ni de la cuantía del canon que abonará al organismo portuario en concepto de canon.

La ciudad tampoco cobra canon alguno de la concesión otorgada a la empresa a la que se la adjudicó la gestión de la Marina de València, Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar, que abonará a la APV en concepto de tasas por la explotación de los espacios un total de 5 millones de euros. Lo mismo sucede con la base de Alinghi, adjudicada a Lanzadera para una nueva sede, por la que abonará al Puerto 220.000 euros anuales en concepto de canon.