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Investidura y estado de alarma

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Javier Pérez Royo

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La investidura tiene como finalidad la constitución de una mayoría parlamentaria para la ejecución del programa de Gobierno presentado al Congreso de los Diputados por el candidato a la Presidencia propuesto por el Jefe del Estado tras la celebración de las elecciones generales.

El estado de alarma tiene como finalidad hacer frente a una emergencia sobrevenida que, en un caso extremo como el que representa la emergencia generada por la COVID-19, impide la ejecución del programa de gobierno en torno a la que se constituyó la mayoría parlamentaria.

La investidura está pensada en positivo: para hacer política. De ahí que, si no se constituye una mayoría parlamentaria de investidura, se disuelva el Parlamento y se convoquen de nuevo elecciones. El estado de alarma está pensado en negativo: para remover las circunstancias que impiden hacer política.

Si la mayoría que se constituyó para la investidura del presidente del Gobierno se hizo en torno a un programa de gobierno, parece lógico que dicha mayoría se mantenga en la remoción del obstáculo sobrevenido para la aplicación de dicho programa. Si hace acto de presencia un virus con una capacidad de propagación tan extraordinaria que amenaza la propia supervivencia de la sociedad, es obvio que hay que hacer lo que sea necesario para contener primero y erradicar después la presencia de dicho virus. El confinamiento de la población, la imposición de la llamada distancia social, la clausura de las escuelas y universidades, la paralización de buena parte de la actividad económica, el cierre de fronteras externas y la introducción de fronteras internas... Esta es la única forma, de acuerdo con los conocimientos científicos de que disponemos, para hacer frente al virus. Y para ello es necesario la declaración del estado de alarma.

Dado que el contenido normativo del estado de alarma, aunque es propuesto inicialmente por el Gobierno, es aprobado por el Congreso de los Diputados, lo lógico sería que la misma mayoría que pactó el programa de investidura, acordara las normas que van a ser de aplicación durante el estado de alarma así como el tiempo que van a estar vigentes hasta que desaparezca la situación de emergencia.

Se puede entender, aunque no es lo que está ocurriendo en los demás países europeos, que los partidos que no formaron parte de la mayoría de investidura intenten aprovechar la enorme perturbación generada por la COVID-19 con la finalidad de derribar al Gobierno. Es lo que están haciendo Vox de manera explícita y el PP de manera subrepticia. Convertir la COVID-19 en una suerte de moción de censura, no susceptible de ser formalizada como tal, sino presentada bajo la forma de exigencia de un “Gobierno de emergencia nacional”, que, en ningún caso, estaría presidido por el actual presidente del Gobierno.

Lo que no se entiende es que partidos que sí formaron parte de la mayoría de investidura se planteen siquiera romper dicha mayoría si no se atienden unas exigencias que no forman parte del “programa de investidura” que se pactó en su momento. Hay que negociar de buena fe por parte de todos los partidos que constituyeron la mayoría de investidura cuál va a ser el contenido normativo del estado de alarma, pero sin que, en ningún caso, se pueda poner en cuestión la aprobación del mismo.

La declaración del estado de alarma no es una opción, sino una necesidad. El informe de la Abogacía del Estado al que ha hecho referencia esta mañana el presidente del Gobierno no ha podido ser más concluyente. Los mismos que dicen que no es necesario serían los primeros en acudir a los tribunales para exigir la responsabilidad penal del Gobierno por no haberlo declarado y contar con habilitación parlamentaria para adoptar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia. El presidente del Gobierno sin la aprobación parlamentaria del estado de alarma acabaría en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Nadie puede llamarse a engaño.

Los partidos que constituyeron la mayoría de investidura no pueden desconocer esta realidad. Se puede negociar el contenido normativo del estado de alarma, pero el presidente del Gobierno tiene que tener la seguridad de que va a ser aprobado. No puede tener la más mínima duda al respecto. Y si la tiene, no puede no disponer de una alternativa.

ERC no lo ha entendido así. No ha dado por supuesto que la mayoría para la aprobación del estado de alarma no se podía poner en cuestión, sino que ha considerado que el presidente del Gobierno tenía en cierta medida que revalidar la mayoría de investidura. Ha planteado la votación de la declaración del estado de alarma como si fuera una suerte de “cuestión de confianza” que el presidente del Gobierno “se” tenía que trabajar. Y de resultado incierto. Así no se puede gobernar.

ERC ha conseguido con ello desdibujarse como opción política y dar la oportunidad a Ciudadanos a que ponga en valor sus diez escaños. Porque Ciudadanos sí ha entendido que la votación del estado de alarma y la investidura son cosas distintas y que decir sí al estado de alarma no supone decir sí al Gobierno, sino a la necesidad de hacer frente a una situación de emergencia que supone una amenaza para el país.

El horror al vacío también existe en política. Y en el vacío que ha dejado ERC, el PSOE se ha visto obligado a dar entrada a Ciudadanos, que ha sabido maniobrar para ocupar un espacio que al comienzo de la legislatura no se podía ni imaginar que iba a poder ocuparlo.

Todavía queda mucho camino por recorrer. Pero todos los partidos que constituyeron la mayoría de investidura tienen que ser conscientes de que no hay margen de error.

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