Testigos involucrados: ni mienten ni dicen la verdad

Llevamos algunos días escuchando que las principales autoridades o mandos a cargo del desastroso “operativo policial” desarrollado en la jornada del 1 de octubre de 2017 en Catalunya ni vieron cargas policiales ni vieron los ataques violentos provocados por agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil ni tuvieron conocimiento −directo o indirecto− de que, tal vez, algunos agentes podrían haberse excedido en el uso de la fuerza contra ciudadanos inermes y pacíficos. Incluso, alguno de estos testigos ni siquiera desean denominar “cargas policiales” a las brutales acciones violentas llevadas a cabo por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad allí comandados. Nada de nada. Bueno, la única violencia fue la protagonizada por “murallas humanas” y grupos organizados, nos dicen…

Tampoco las defensas pueden contrarrestar estas categóricas afirmaciones −o negaciones− con otros elementos de prueba, como son los que conforman la documental videográfica que obra en las actuaciones sobre las cargas policiales del 1-O... Por una extraña interpretación que ha realizado la Sala de enjuiciamiento, se ha impedido a las defensas mostrar concretos vídeos a fin de que los recalcitrantes testigos −empecinados en no ver la realidad o, por lo menos, una parte de ésta− puedan ofrecer alguna coherente o verosímil explicación acerca de su tesis de las “murallas humanas” o de la “trampa del Fairy”, una vez que tienen frente a sí las imágenes de determinados funcionarios policiales golpeando brutalmente a la gente, aun cuando en algunas ocasiones, estas personas ya habían sido desalojadas.

Sin embargo, yo me pregunto ¿los testigos tenían otra posibilidad procesal que no fuera negar la realidad? ¿los testigos mintieron porque sí, porque desean a toda costa la condena de los acusados por rebelión o sedición? o, por el contrario, ¿no les queda otra salida que mentir? O ambas, por qué no, pues en este juicio contra el procés no hay nada cándido ni inocente desde su misma concepción.

Quizá convendría detenerse en un hecho que debe suponer un verdadero quebradero de cabeza tanto para la Fiscalía como para sus testigos. Nos referimos a la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona que, hasta la fecha, tiene a 34 agentes de policía nacional investigados por la violencia presuntamente ejercida contra gente desarmada y, en algunos casos, ya “desalojada”. Violencia ésta que en toda Catalunya provocó que un millar de ciudadanos tuvieran que ser atendidos por los servicios sanitarios de Urgencias.

Esta investigación sigue abierta y poco a poco se está descubriendo algún dato más, sobre todo, en relación a la identificación de los funcionarios policiales. Pese a la obligación de actuar plenamente identificados, acudieron a desalojar los colegios electorales, porra en mano y sin la preceptiva placa identificativa. Claro, cuando los agentes comenzaron de esa guisa su intervención, nada bueno cabía esperar de sus intenciones. Y, precisamente, en estas intenciones es donde hay que centrar el foco de atención: ¿quién y cómo gestó este operativo policial tan lesivo, brutal, impactante y con tanta intencionalidad disuasoria desde primeras horas de la mañana? ¿en qué reunión y en qué despacho se acordó golpear, dañar instalaciones, cometer el mayor ataque posible, de forma indiscriminada contra la gente que se disponía a depositar una papeleta en una consulta que, de entrada, carecería de cualquier efecto jurídico para hacerla valer como referéndum vinculante erga omnes?

No peco de spoiler si me aventuro a decir que una buena acusación −y en este procedimiento ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Barcelona hay grandes profesionales− siempre se persigue al inductor o autor intelectual. No se persigue solo al autor material de estos ataques sino a quien les ordenó llevarlos a cabo. De hecho, ante la repercusión mediática −sobre todo por parte de los corresponsales internacionales− al mediodía, como por ensalmo, las cargas policiales se redujeron drásticamente. ¿Es lógico que esta abrupta desaceleración e intensidad de los ataques cesaran espontáneamente? Desde luego que no, los mismos que les dieron instrucciones para que atacaran despiadadamente son quienes les ordenaron que pararan. Y a su vez, estos mandos que les dieron estas instrucciones recibieron de otras autoridades las mismas instrucciones y así sucesivamente, es la llamada

cadena de mando. ¿Creerá alguien que al juez instructor no le interesa saber

nada acerca de esta cadena de mando? Sabemos que se está indagando

sobre este importante extremo.

Tanto el teniente coronel Pérez de los Cobos como el Secretario de Estado de Seguridad Nieto como los sucesivos mandos que comparecerán ante el Tribunal Supremo en este remedo de juicio justo no tienen más remedio que negar las cargas policiales, pues de lo contrario se adentrarían en el peligroso terreno de la autoinculpación, con efectos procesales en el procedimiento que se están investigando ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona.

Declarar otra cosa diferente a lo que han dicho complicaría no solo la tesis acusatoria contra el procés sino que facilitarían un útil material de investigación en este juzgado de Barcelona, a costa de su propia imputación.

¿Cuál es la importancia que este comportamiento debe tener en el juicio ante el Tribunal Supremo? No es baladí: no se trata de testigos con obligación de decir verdad, pues nadie está obligado a autoincriminarse y por eso, ningún testigo está obligado a responder a preguntas con carácter incriminatorio. Claro, quien preside no realiza ninguna advertencia en ese sentido porque el trato que les está dispensando es el mismo que busca la fiscalía: se trata de testigos “al uso”, que no tienen por qué faltar a la verdad.

Estamos asistiendo a la “prueba reina” del juicio contra el procés y, ya ven, no está exenta de trampa.