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ENTREVISTA | Carmen Montón

"Vamos a dejar claro que la homeopatía no tiene evidencia científica, que no es ciencia y que no cura"

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social considera crucial recuperar los derechos afectados por los recortes y pone la atención universal y la dependencia como temas fundamentales

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La ministra de Sanidad, Carmen Montón.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón. JESÚS CÍSCAR

Viene precedida de una reputación de defensora de la gestión pública y de la recuperación de derechos de los colectivos más perjudicados por las políticas de recortes. Licenciada en Medicina, Carmen Montón (Burjassot, 1976) recuperó la sanidad pública universal, rescató el primer hospital privatizado, eliminó los copagos farmacéuticos y ortoprotésicos, defendió los medicamentos genéricos y denunció con énfasis la homeopatía como una pseudociencia desde su cargo como consellera de Sanidad Universal y Salud Pública del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig.

Militante socialista que apoyó a Pedro Sánchez en los debates internos del PSOE, fue la ponente en el Congreso de los Diputados de leyes de la época de Rodríguez Zapatero como la del aborto y coordinó el proyecto de la Ley de Igualdad. Asume una cartera que incorpora también las áreas de consumo y bienestar social y asegura, de partida, que la sanidad universal y el impulso a la Ley de Dependencia son temas cruciales.

Llega usted al ministerio con una tarjeta de presentación de enfrentamiento a los 'lobbies' sanitarios. ¿Cree que eso va a marcar su trabajo en el departamento?

A la tarjeta de presentación que tengo que remitirme es a que el Gobierno va hacer las cosas repecto a este sector con mucha normalidad, pero también con mucha transparencia. Apostaremos por el buen gobierno, por la transparencia y por normalizar las relaciones con todos los ámbitos, también con el sector privado.

Medidas como la recuperación de la gestión pública del hospital de Alzira han despertado recelos en el 'lobby' de la sanidad privada ante la posibilidad de que aplique decisiones similares desde el ministerio.

Las competencias son autonómicas. Lo que sí que vamos a fomentar desde el ministerio es que se considere en España la salud como un derecho. Vamos a procurar que algunas revindicaciones de las comunidades autónomas que están encima de la mesa empiecen a hacerse realidad. Una de ellas es la atención sanitaria universal, que no haya exclusión sanitaria. Y por muchas razones, de salud individual, de salud colectiva, en todo lo referente a la prevención y declaración de enfermedades obligatorias, pero sobre todo porque un gobierno decente no deja a nadie fuera del sistema sanitario.

Decía la vicepresidenta Carmen Calvo que en el próximo Consejo de Ministros habrá varias medidas importantes, y una de ellas de sanidad. ¿Tienen pactado que la atención a los inmigrantes sea lo primero?

Tenemos que intentar llevarlo al Consejo de Ministros cuanto antes, pero la fecha no la puedo decir. Todavía no sé cómo está de engrasada la maquinaria del ministerio. En la conselleria tenía ya los tiempos muy medidos. En todo caso, ha de ser lo primero. Se trata de volver al concepto de ciudadanía, de que la salud es un derecho. Es casi volver a los orígenes, a 1986, cuando Ernest Lluch aprobó la Ley General de Sanidad.

Viene de un puesto con mucha posibilidad de gestión y poca capacidad normativa y llega a una responsabilidad con poca gestión y mucha posibilidad de elaborar normas y leyes. ¿Hasta qué punto cambiará eso su enfoque?

Ese cambio nos dará ventaja para saber cuál es nuestro papel. El ministerio tiene que ser un agente facilitador para las comunidades autónomas y nuestra relación con las comunidades autónomas tiene que ser muy fluida. Creo que esta nueva etapa es de diálogo, diálogo, diálogo y búsqueda de soluciones conjuntas. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de las competencias transferidas y nosotros tenemos que ayudarles a desarrollar su gestión lo mejor posible. Y en algunas cuestiones de salud pública y planificación estratégica sentar las bases de un gobierno de España para que haya las menores desigualdades posibles. La cohesión territorial y la cohesión social, junto con el diálogo, son las claves de lo que hemos de hacer.

¿Eliminará los copagos?

Esa es otra tarea pendiente. Es verdad que destruir un sistema, destruir un derecho, es mucho más rápido y más fácil que volverlo a restituir, pero vamos a reconstruir esa situación, ese derecho que se perdió en 2012 y que ha supuesto un retroceso en la salud de las personas. Vamos a desandar ese camino. Tenemos la complicidad de la ministra de Hacienda, que es médica y ha sido también consejera. Desde nuestra primera conversación, nos hemos puesto a trabajar en la manera de que podamos recuperalo.

¿Será progresivamente, para los pensionistas con menos recursos, o con alcance universal?

Tenemos unos presupuestos que nosotros no hemos hecho. Los vamos a respetar por responsabilidad y por la estabilidad del país. Es en ese marco en el que he de encontrar la solución más óptima con la ministra de Hacienda. Pero nuestro propósito es recuperar los derechos que se perdieron. No solo está esto. Quiero recordar que la reproducción asistida para las mujeres solas y lesbianas también fue objeto de exclusión sanitaria. Todas esas personas tienen que ver recuperado su derecho a la salud.

Su predecesora aprobó una orden ministerial que hace que los productos de la homeopatía se vendan en las farmacias. ¿Va a sacar de las farmacias la homeopatía?

Tendremos que ver qué margen de maniobra nos ofrece la directiva europea y no puedo decir la fórmula en esos momentos, pero sí que vamos a dejar claro que la homeopatía no tiene evidencia científica, que no es ciencia y que no cura. Como administración tenemos la obligación de que la ciudadanía disponga de toda la información objetiva y veraz y de que no quepa ninguna confusión que ponga en riesgo su salud. Es lo que he dicho siempre y desde el ministerio seguiré profundizando para dejar las cosas claras.

¿Sería el camino informar claramente de que esos productos no curan, un impuesto a su venta o diferenciar los establecimientos donde se venden?

Efectivamente, hay muchos caminos. Es pronto para decir cuál es el más óptimo. La directora general de Farmacia apenas lleva unos días nombrada, pero nuestro posicionamiento está muy claro. No queremos que la ciudadanía pueda tener confusión alguna. Estudiaremos la directiva europea, pero hay margen de maniobra para hacer las cosas correctamente y poner cada cosa en su sitio.

Tuvo usted un choque con Farmaindustria por su oposición a vincular la financiación sanitaria a la compra de determinados medicamentos...

Me opuse a la vinculación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al convenio con Farmaindustria.

¿Será la promoción de los medicamentos genéricos un pilar de su gestión?

Creo en las medidas de eficiencia y, puesto que las comunidades autónomas tienen que esforzarse en hacer más sostenible cada día el sistema sanitario, intentaremos ayudarlas en todas aquellas medidas que les permitan ser más autosuficientes. No estamos hablando de restringir nada. Al contrario, hay que ayudarles a que puedan utilizar para cada paciente aquello que necesite. El objetivo es poner en el centro a las persona y que el facultativo tenga a su disposición lo que considere oportuno.

La ministra Carmen Montón durante la entrevista.

La ministra Carmen Montón durante la entrevista. JESÚS CÍSCAR

Su cartera es también de Consumo y Bienestar Social. Para usted es un área nueva, pero solo relativamente porque desde su conselleria también tocó asuntos sociosanitarios.

He procurado incorporar rápidamente a los cuadros en el ministerio para esa área, como la directora general de Familia e Infancia o la directora general del Imserso, que lleva la parte de dependencia y que es crucial para nosotros, y la secretaria de Estado. Se han puesto a trabajar enseguida. Se han venido con lo puesto a Madrid, han cogido sus hoteles y están estudiando las primeras medidas. En todo caso, la situación es compleja pero la solución es fácil. Tenemos una ley magnífica de 2006 que aprobó Zapatero, que es la Ley de Dependencia. Hay que ponerla en marcha. En eso necesitamos mucho diálogo con las comunidades autónomas. Este Gobierno no tiene mucho margen pero sí voluntad política de alcanzar soluciones y acuerdos. Espero que nosotros, las comuniades autónomas y el tercer sector, que es muy importante, podamos establecer la secuencia para implantar esa ley.

Las comunidades autónomas financian la dependencia en mucha mayor medida que el Gobierno, al que critican por no aportar suficientes recursos... Unos recursos que, además, están desigualmente repartidos.

Por eso digo que no podemos resolverlo de un día para otro, pero sí que podemos establecer un pacto de cómo lo vamos a ir haciendo.

Hay unas 300.000 personas dependientes moderadas esperando. ¿Es una urgencia condicionada a los Presupuestos?

Veremos cómo superan los Presupuestos el trámite del Senado. Y cuando los tengamos, estudiaremos la forma de priorizar. Desde luego, la dependencia es una prioridad. Tengo al equipo trabajando en eso y en la recuperación de la universalidad. Casi sin despacho ya estamos pensando los caminos para que el cambio comience.

Hay una proposición impulsada por Podemos de Ley de Eutanasia. ¿Podrá aprobarse en esta legislatura a la que quedan dos años?

El impulso en el Parlamento está. Creo que la sociedad española es mucho más madura de lo que algunos sectores creen. Se puede acometer un debate sereno, riguroso, en el que participe todo el mundo, para dejar una cosa clara. La autonomía personal y la propiedad de la vida también implican decidir cómo quieres morir. Nosotros vamos a estar en ese debate.

¿Debe atender a quienes solo les espera la muerte o a quienes sufren un estado crónico en el que no quieren seguir?

Se ha hablado tanto de este tema que hay que iniciar un debate franco y honesto en nuestra sociedad. Y hay que hacerlo sin estridencias, teniendo en cuenta el testimonio de personas afectadas y la opinión las sociedades científicas, que pueden aportar luz, y dando la máxima seguridad jurídica. Hay que hacer una ley que recoja la necesidad existente en la sociedad.

Una cuestión en la que usted ha trabajado mucho es la igualdad, pero ha quedado adscrita a la vicepresidencia, como ya ocurre en el gobierno valenciano del Pacto del Botánico, donde también la vicepresidenta tiene esas competencias. Con todo, usted aplicó un sistema de detección de casos de violencia machista en los centros de salud ¿Hasta qué punto podrá desde su ministerio hacer algo parecido?

Creo que es un acierto dar ese rango a los temas de igualdad. Estaré a las órdenes de la vicepresidenta para contribuir a que el sistema sanitario se sume al pacto de Estado contra la violencia de género y a la lucha contra la violencia machista. Hay experiencias que en la Comunidad Valenciana han dado buen resultado. El protocolo de detección de violencia de género es una de ellas, pero también hemos intentado que sea un tema transversal a todas las políticas, en salud sexual y reproductiva, en salud mental y en el protocolo para la reducción de suicidios, así como en lo que tiene que ver con las unidades de conductas adictivas. El ámbito de la salud ofrece muchas posibilidades para ayudar a muchas mujeres a ganar confianza y salir de la violencia machista. Lo vamos a trabajar conjuntamente con la vicepresidenta.

¿En relación con la salud reproductiva, tiene pensado volver a permitir que las menores puedan abortar sin permiso de los padres?

En eso tiene la palabra el Parlamento. Es un momento de diálogo y de buscar consensos. No tanto de expresar deseos como de intentar que haya cambios. La salud sexual y reproductiva para mi es importante y es algo de lo que tengo que hablar con los grupos parlamentarios y ver qué margen de maniobra tenemos.

En las Corts Valencianes se ha aprobado una iniciativa que promueve la legalización del cannabis para usos terapéuticos. ¿Trabajará en ese sentido?

Todavía falta cubrir la dirección general de Salud Pública, pero sí que tenemos que hacer un mapeo de las necesidades que hay sobre la mesa. Vamos a ser muy permeables a las necesidades que nos trasladen las comunidades autónomas. Puede entrar en las prioridades.

¿Qué espera del PP en lo que queda de legislatura?

Lo que nos gustaría es que nos dejaran trabajar para poder hacer en dos años más de los que ellos han hecho en seis. Que entendieran que ha sido un proceso perfectamente democrático y constitucional y que la sociedad española está en un momento de ilusión y de confianza, algo que es básico para el funcionamiento democrático. En la democracia está la contienda en el Parlamento, pero también la negociación. Esa otra parte ellos la habían desechado y es el momento de sacarla a relucir. Ojalá se quieran sumar a este tiempo nuevo que se abre.

Usted viene de un gobierno compartido con otras fuerzas de izquierda. ¿Qué le permitirá aportar esa condición al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez?

Aportaré mi punto de vista, que quizá sea distinto al que aporten otros miembros del equipo. Llamo al Consejo de Ministras y Ministros "equipo" porque lo sentimos así. Aportaré mi visión y mi experiencia.

¿Va a cambiar su método de trabajo al pasar de ser consellera de la Generalitat Valenciana a ministra del Gobierno de España?

Nuestra hoja de ruta va a ser muy parecida. Primero, recuperación de derechos, primero las personas, con atención a las discriminaciones más lacerantes. Y abrir después otros debates.

¿Teme las presiones de la industria farmacéutica y las grandes empresas sanitarias?

Venía escuchando en la radio a María Blasco, que explicaba cómo la industria tiene que acercarse al ámbito de la investigación y coordinarse para facilitar que el trabajo de los investigadores llegue al mercado. No se trata de establecer un combate. Aquí no hay buenos y malos. Hay que trabajar con transparencia y teniendo claro cuál es el interés general. No hemos de asustarnos, ni ellos de mí, ni yo de ellos.

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