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Imputados los 9 altos cargos 'enchufados' por PSPV y Compromís en Divalterra, tres de ellos candidatos el 26M

Los candidatos socialistas a las alcaldías de l'Alqueria de la Comtessa y de Rocafort tendrán que declarar ante el juez el 7 de junio y el candidato a concejal de Compromís en Silla, el día 3

Víctor Jiménez y Voro Femenia

Víctor Jiménez y Voro Femenia

Los nueve directivos que habrían sido 'enchufados' por PSPV-PSOE y Compromís en la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra –la antigua Imelsa–, asunto investigado en el caso Alquería, han sido citados a declarar como imputados por el juez el próximo mes de junio. Entre estos nueve directivos se encuentran dos alcaldes y candidatos del PSPV-PSOE a repetir en el cargo en l'Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia -también diputado provincial y presidente de EGEVASA-, y en Rocafort, Víctor Jiménez, y un candidato a concejal de Compromís en Silla.

De estos nueve directivos han sido llamados a declarar ante el juzgado de instrucción número 9 de València el día 3 Pau Pérez, José Luis Melero, María Soledad Torija y Raúl Ibáñez, mientras que para el día 7 están citados Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Voro Femenia, Víctor Jiménez y Lucas Ferrando.

Con estas imputaciones se amplía la lista de los investigados en el caso Alqueria, encabezados por el expresidente de la Diputación y aspirante a la alcaldía de Ontinyent Jorge Rodríguez y cinco miembros de su equipo más cercano. Tras la investigación (y su detención por un día), Rodríguez dimitió como jefe de la Corporación provincial. El levantamiento del secreto del sumario ha llevado a Rodríguez a perder su condición de candidato socialista en Ontinyent y encabezar su propia lista para tratar de conservar la alcaldía.

José Luis Melero es también el número 2 de la lista municipal de Compromís en Silla, mientras que Raúl Ibáñez es portavoz de la coalición en Sueca, pero no repite en la candidatura municipal para el 26 de mayo.

A los ahora citados se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación y malversación por la contratación de altos directivos en Divalterra en contra de informes jurídicos que señalaban irregularidades. Cabe destacar que los altos cargos dejaron su puesto el 31 de marzo, según la documentación de la Diputación de València, tres meses antes del inicio de la operacion Alqueria.

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