Dentro de las patrullas de vecinos que alertan de las redadas contra migrantes de Trump: “Los Ángeles está resistiendo”

El amanecer llega con niebla a Terminal Island, una franja artificial de tierra en el punto donde la ciudad de Los Ángeles se funde con el océano Pacífico. A lo lejos, se escuchan los ladridos de los leones marinos mientras elegantes todoterrenos blancos cruzan un control de acceso y se adentran en una prisión federal. Chavo Romero, con el pelo recogido en una coleta, toma café mientras los observa.

Se ha levantado antes del amanecer y se ha tomado el día libre en su trabajo en salud pública para conducir hasta este punto antes del alba. Romero forma parte de una coalición de voluntarios llamada Unión del Barrio, que patrulla los barrios en busca de agentes de inmigración, “la Migra”. Cuando detectan la presencia de agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) publican vídeos que se viralizan y que alertan a los migrantes para que se puedan esconder.

Desde junio, los voluntarios de Unión del Barrio han estado patrullando Terminal Island, donde, según cuentan, los agentes federales de inmigración han llevado a cabo redadas y operaciones de control. Explica que los agentes del ICE, así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias suelen llegar a primera hora de la mañana. Luego, hacen redadas por el sur de California: “Comienzan el turno con la misión de secuestrar personas. Nos ven y nos dedican un gesto obsceno, levantando el dedo corazón”, explica Romero.

Llegando temprano a Terminal Island, los voluntarios tienen una buena posición para alertar a su amplia red sobre los vehículos que salen de la zona de operaciones, mandando fotografías que muestran la marca, el modelo, el color y el número de matrícula. Esto permite a las comunidades de migrantes estar atentas a estos vehículos. Romero explica, por ejemplo, que han visto en Terminal Island la misma furgoneta blanca que a mediados de julio participó en una violenta redada en una plantación de cannabis en el condado de Ventura, al norte de Los Angeles. Más de 200 personas fueron detenidas, entre ellas más de diez niños, un hombre murió y más de diez tuvieron que ser atendidas por inhalación de gases y heridas.

Para Romero, que creció en la comunidad agrícola de Oxnard, en el condado de Ventura, patrullar es algo personal. Sus padres son trabajadores del campo, indígenas de México: su padre es tepehuán y su madre, guachichil. Romero, que luce una camiseta verde militar de Unión del Barrio, se juntó al grupo hace 30 años.

Los orígenes

Las patrullas de voluntarios de Los Ángeles nacieron en 1992, tras los disturbios que estallaron cuando un jurado absolvió a los agentes responsables de la brutal paliza a Rodney King, un hombre negro cuya agresión fue grabada en vídeo y desató una ola de indignación en todo el país. En los últimos meses, estos grupos han resurgido como un frente de resistencia en un momento en que California se ha convertido en el epicentro de las redadas contra comunidades de migrantes.

El pasado junio, las detenciones masivas alcanzaron su cota más alta de violencia, cuando agentes vestidos con ropa de estilo militar sacaron a personas de piel morena de las calles de Los Ángeles, las arrastraron a furgonetas y las encerraron en centros de detención.

El 11 de julio, un juez emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a los agentes detener a personas en función de su raza o su ocupación en cualquier lugar del Distrito Central de California. Se trata de un tribunal federal con jurisdicción sobre más de 19 millones de personas en el sur y el centro del estado. La medida redujo el ritmo de las detenciones en Los Ángeles, pero no las detuvo por completo. Además, como señala Romero, el Servicio de Inmigración acaba de recibir una inyección de 75.000 millones de dólares (64.800 millones de euros) procedentes de la One Big Beautiful Bill Act (Ley del proyecto único, grande y hermoso), impulsada por Trump; un gigantesco paquete presupuestario que incluye 150.000 millones de dólares (130.000 millones de euros) destinados a la seguridad fronteriza y la aplicación de leyes migratorias.

“Estamos triplicando nuestras patrullas”, cuenta Romero: “La orden prohíbe la discriminación racial... pero no dice que se detengan las deportaciones y las detenciones”. “Eso nunca se detendrá”, añade: “Es un proyecto de muchos millones de euros que seguirá adelante”.

Una ciudad sitiada

La vida de los migrantes en Estados Unidos se ha vuelto más precaria desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y declaró la emergencia en la frontera con México. Esto ha allanando el camino para las redadas en la zona fronteriza de unos 160 kilómetros, incluida la ciudad de Los Ángeles. Pero pocos estaban preparados para la dureza de las redadas.

En junio, agentes federales con gafas de espejo y pasamontañas irrumpieron en tiendas Home Depot, una cadena estadounidense de grandes superficies especializada en bricolaje, construcción y artículos para el hogar, así como lavaderos de coches y puestos de vendedores ambulantes. Se acercaban a personas de piel morena en los barrios, les pedían la identificación y les preguntaban de dónde eran. Los inmovilizaban y los arrastraban a furgonetas sin distintivos. Según una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), los agentes por lo general no tenían órdenes judiciales ni información previa sobre las personas que arrestaban, sino que se acercaban a ellas solo por el color de su piel o su trabajo.

Keli Reynolds, abogada de inmigración de Los Ángeles y socia fundadora de Olmos & Reynolds Law Group, ha trabajado en casos migratorios bajo cinco presidentes de Estados Unidos, desde George W. Bush. “Nunca había visto algo así, y llevo 20 años trabajando como abogada”, reconoce. “La ciudad está sitiada. La población está aterrorizada”, añade. La letrada hace hincapié en que ninguno de sus clientes detenidos desde que comenzó el asedio en junio tenía antecedentes penales.

“Detuvieron a personas y las agredieron, sin ninguna sospecha razonable”, denuncia la abogada: “Estaban barriendo zonas y deteniendo, yo diría que en su gran mayoría a hispanos, a cualquiera con la piel morena”.

En su orden del 11 de julio, la jueza coincidió con la ACLU en que había “una sólida evidencia” que respaldaba la denuncia. Sin embargo, señaló que el Gobierno federal está autorizado a llevar a cabo operaciones de control migratorio a gran escala en Los Ángeles. Reynolds explica que la orden obliga a ICE a respetar los derechos y garantías contemplados en la Constitución de Estados Unidos.

La Casa Blanca niega que los agentes hayan seleccionado a personas por el color de su piel. El 18 de julio, en respuesta a la pregunta de un periodista, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, calificó esta afirmación de “narrativa falsa difundida por los medios de comunicación” . Y reprendió al periodista: “No se atreva a repetir semejante afirmación”.

Reynolds indica que desde la orden, los agentes de ICE parecen haber cambiado de estrategia. Ahora detienen a personas fuera de sus casas alegando que tienen órdenes de detención, aunque no siempre las muestran. Explica que en un caso en el condado de Los Ángeles, su cliente fue detenida por agentes que no se identificaron. “Le dijeron que tenían una orden, pero nunca llegaron a mostrársela. Ella incluso pidió ver la orden y ellos le dijeron que no tenían la obligación de hacerlo”.

En otro incidente denunciado por L.A. Taco –una plataforma de periodismo urbano y cultural que cubre noticias, gastronomía y comunidades vulnerables de los Angeles– los agentes intentaron arrestar a una mujer en su casa de Huntington Park, pero los vecinos se enfrentaron a ellos y les exigieron una orden judicial.

Según Romero, los agentes federales siguen teniendo como objetivo los establecimientos de Home Depot, pero ahora priorizan otras zonas más periféricas. El 22 de julio, Unión del Barrio publicó un vídeo en el que se veía a agentes de ICE deteniendo a dos trabajadores en un Home Depot en Encinitas, fuera de la zona afectada por la orden.

“No vamos a dar marcha atrás”

Los Ángeles no ha vuelto a la normalidad. En los barrios reina una calma prudente. Los vendedores ambulantes han vuelto a las aceras, aunque en menor número. Los vecinos miran las redes sociales para ver si hay actividad de ICE antes de salir a la calle.

“Lo estamos tratando como un alto el fuego”, explica Ron Gochez, fundador de la sección de Los Ángeles de Unión del Barrio: “Durante un alto el fuego, hay que reagrupar las fuerzas, porque sabes que tarde o temprano volverán a la carga”.

Las patrullas del grupo son un modelo para la más amplia Coalición de Autodefensa Comunitaria, que ofrece formación a la comunidad para aprender cómo documentar la actividad del ICE. Unión del Barrio está aprovechando este tiempo para capacitar a más voluntarios. Gochez calcula que desde la orden judicial han dado formación a 750 personas. Se muestra escéptico ante la posibilidad de que la administración Trump, que ha desafiado a los tribunales sistemáticamente, respete la orden. “No esperamos que esta presidencia la respete si no le permite seguir con su plan”, indica Gochez: “Lo que esperamos son tres años y medio más de represión contra la comunidad migrante”.

Para él, las redadas se integran en una lucha anticolonial de 500 años: “Sabemos que vamos a sufrir pérdidas, pero al final, vamos a ganar”.

De vuelta en Terminal Island, son las siete y media de la mañana y una camioneta negra con matrícula federal se detiene y un hombre sale y observa al grupo de voluntarios. Romero está convencido de que los están siguiendo.

En junio, Unión del Barrio estuvo en el punto de mira de la Administración. Josh Hawley, aliado de Trump y presidente de la subcomisión del Senado sobre crímen y lucha contra el terrorismo, les envió una carta acusándoles de “facilitar y encubrir conductas delictivas” y de apoyar las protestas de resistencia con “recursos logísticos y económicos”. La organización rechazó las acusaciones, señalando que los manifestantes estaban respondiendo a “un número cada vez mayor de operaciones de inmigración deliberadamente crueles, cada vez más violentas y militarizadas en todo Estados Unidos”.

“Nos pedían que, voluntariamente, dejáramos de actuar”, explica Romero. “Y nosotros respondimos: ‘Voluntariamente, os decimos que no’”. Mientras habla, Romero es interrumpido por el zumbido de un helicóptero de la policía de Los Ángeles que sobrevuela la zona, un sonido familiar en los barrios de Los Ángeles. El helicóptero sobrevuela el grupo varias veces.

El activista cree que Los Angeles es una primera línea de batalla. “Los Ángeles es el centro urbano más poblado por mexicanos al norte de la frontera”, explica. “Si (las fuerzas del orden) son capaces de aplastar la resistencia de Los Ángeles, eso significa que podrán hacerlo en cualquier otro lugar. Por eso Los Ángeles, como primera línea de batalla, ha sido un espacio crítico para demostrar que la comunidad está organizada y que no vamos a dar marcha atrás”, defiende.

Está orgulloso de la ciudad por dar ejemplo de cómo las comunidades de todo el país pueden resistir las redadas: “Pensaban que iban a entrar y amedrentarnos, pero esto es Los Ángeles, y Los Ángeles está resistiendo”.

Traducción de Emma Reverter