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Los efectos de la exclusión sanitaria

Tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 hace 3 años, se retiró la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas.

A partir del 1 de septiembre de 2012 los extranjeros sin papeles quedaban excluidos del acceso a la sanidad pública. (c) Ruurmo

A partir del 1 de septiembre de 2012 los extranjeros sin papeles quedaban excluidos del acceso a la sanidad pública. (c) Ruurmo

Jeanneth Beltrán era una joven nicaragüense de 30 años que vivía en Toledo. Falleció el 24 de mayo de 2014, pero su muerte se hubiera podido evitar. Si el Gobierno español no hubiera aprobado el Real Decreto-Ley 16/2012, con el que se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, la situación podría haber sido muy distinta.

Antes de su fallecimiento, Jeanneth, que estaba esperando regularizar su situación por el procedimiento de arraigo, comenzó a sentirse mal. Llevaba así algunas semanas, pero se resistía a acudir al médico porque temía que se le emitiera una factura que no podría pagar. Sin embargo, los dolores no cesaron y la urgencia hizo que acudiera finalmente al Hospital Virgen de la Salud, situado en la capital manchega. Junto a una amiga, esperó durante horas a que la atendieran. Cada vez se encontraba peor, su situación era extrema. La desesperación vivida durante esas horas hizo que ella y su amiga se plantearan correr hacia otro hospital donde pudieran atender a Jeanneth con mayor celeridad, pero no les dio tiempo. Cuando finalmente la atendieron, sólo pudieron certificar su muerte.

Días después de su fallecimiento, una carta de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha llegó al domicilio de Jeanneth. En ella se informaba que se le enviaría una factura en el plazo de 20 días si no presentaba una copia de su tarjeta sanitaria.

Desde el 1 de septiembre de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto, la atención sanitaria universal permanece en coma a la espera de ser reanimada y volver a lo que era: un derecho garantizado para todas las personas que viven en España. La muerte de Jeanneth, al igual que la del senegalés Alpha Pam en Mallorca, representan tan sólo parte de los daños ocasionados por la exclusión sanitaria, sufrida por las más de 800.000 personas a las que se les retiró su tarjeta sanitaria hace tres años.

Matilde es de Guinea Ecuatorial y vive en Madrid. Tuvo residencia en España durante años, pero se vio obligada a volver a su país de origen durante un tiempo. Cuando retornó a España, se le detectó una dolencia cardiaca y gracias a la solidaridad de una familia se sometió a un trasplante de corazón. Durante el tiempo transcurrido hasta la entrada en vigor del decreto, Matilde acudió a revisiones y tuvo acceso a la medicación necesaria para prevenir el rechazo que podría generar el trasplante. Pero cuando se aplicó el decreto, se quedó sin asistencia sanitaria por no haber podido conservar su residencia en España y haber estado en el extranjero más de un año. La pérdida de la residencia conllevó la pérdida de la tarjeta sanitaria. En Red Acoge remitimos una queja a la Defensora del Pueblo porque las normas dictadas por la Comunidad de Madrid establecían que se prestaría asistencia sanitaria a los enfermos crónicos que tuvieran tarjeta sanitaria con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Tras las gestiones oportunas, se fijó una cita médica para Matilde.

El decreto no sólo ha excluido a las personas directamente afectadas, sino que ha generado una situación de inseguridad y confusión, perjudicando a personas que sí deberían estar siendo tratadas. Además, ha significado la exclusión de otros colectivos, como los ascendientes y descendientes de ciudadanos de la Unión Europea que han ejercido el derecho de reagrupación familiar. Están excluidos tanto de ser considerados como beneficiarios como de poder tener el concepto de asegurados, puesto que son residentes con ingresos inferiores a 100.000 euros.

En marzo de 2015, el ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, Alfonso Alonso, declaró que el Gobierno estaba reconsiderando permitir el acceso a la atención primaria de todas las personas excluidas del sistema sanitario con el fin de evitar el colapso de las urgencias. Esta manifestación no se ha transformado en cambios fácticos, añadiéndose más incertidumbre a la ya existente.

Tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo, es posible que en los próximos meses se modifique la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 en algunas de las comunidades autónomas, como ya han asegurado algunos de las nuevas formaciones tras su toma de posesión. Sin embargo, hasta que este no sea modificado en España, la salud seguirá siendo un derecho desigual.

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