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La Comisión Europea niega que actúe a favor de los lobbies del alquiler turístico

Las explicaciones de la Comisión no convencen al Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory), una organización sita en Bruselas que se dedica al control de lobbies, que insiste en la connivencia  

El ejecutivo comunitario insiste en que "es un hecho que algunas ciudades son menos abiertas que otras" en relación a su definición de "restrictiva" de la política española sobre vivienda vacacional

Los comisarios Jyrki Katainen (i) y Elżbieta Bieńkowska

Los comisarios Jyrki Katainen (i) y Elżbieta Bieńkowska Comisión Europea

La Comisión Europea niega que legisle en interés de los lobbies del alquiler turístico y justifica sus reuniones con ellos asegurando que "es natural" contar con la opinión de todos los actores implicados a la hora de definir una legislación. "Es natural que la Comisión interactúe con una amplia variedad de representantes". De este modo, en declaraciones a eldiario.es, fuentes del Ejecutivo Comunitario han salido al paso de las acusaciones de connivencia con los grupos de presión que representan los intereses de las plataformas de la llamada "economía colaborativa".

"La Comisión Europea siempre actúa en interés de Europa, no en el interés de ningún grupo o sector involucrado. Las consultas a los operadores son importantes para adoptar decisiones bien informadas y para mejorar la calidad de la elaboración de leyes europeas", recalca una portavoz de Mercado Interior.

Pero según el informe informe "UnFairbnb", la Comisión Europea interpreta de manera reiterada las normas de la UE a favor de las plataformas de alojamiento turístico. La ofensiva del lobby europeo que representa a AirBnB (a pesar de su pequeño tamaño) ha logrado ya importantes concesiones. "En la CE hay una fuerte convicción de que las plataformas online son embajadoras de la innovación y del crecimiento sostenible". Por ello, en numerosas ocasiones han señalado que las medidas para un turismo más sostenible entran en colisión con las leyes europeas existentes.

En respuesta, la Comisión asegura que, como en cualquier otro sector, en los últimos dos años han venido manteniendo encuentros con una "amplia variedad" de representantes del sector del alquiler turístico, desde asociaciones de consumidores a sindicatos, propietarios, la industria hotelera, plataformas y autoridades municipales y regionales. 

Las leyes españolas no son incompatibles con la UE

Una portavoz de Mercado Interior tachó de "restrictivas" las leyes españolas sobre alquiler turístico. Ahora añaden que aunque "es un hecho que algunas ciudades son menos abiertas que otras" eso no implica que lo consideren "incompatible con las normas europeas". "No hemos alcanzado tal conclusión", recalcan.

"Se está trabajando con los Estados miembros y las partes interesadas para llegar a un acuerdo sobre un conjunto de principios rectores que las autoridades deben tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas de alquileres de alojamiento a corto plazo", afirman.

La Asociación Europea de Casas de Vacaciones (European Holiday Home Association) ha llegado a presentar quejas, aún en curso, ante la Comisión Europea contra las medidas adoptadas por Barcelona, Berlín, París y Ámsterdam para regular su actividad.

Corporate Europe Observatory insiste: hay connivencia

Las explicaciones de la Comisión no convencen al Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory), una organización sita en Bruselas que se dedica al control de los numerosos lobbies y grupos de poder que rodean las instituciones comunitarias (hay casi 12.000 inscritos).

Como ejemplo "de cómo la EHHA (el lobby de Airbnb y otras plataformas vacacionales) trata de explotar el mensaje de la Comisión" fuentes de esta organización remarcan que en una de las comunicaciones del Ejecutivo comunitario sobre la economía colaborativa se señala: "las prohibiciones absolutas y las restricciones cuantitativas de una actividad constituyen normalmente una medida de último recurso. En general, solo deberían aplicarse cuando no puedan utilizarse medidas menos restrictivas para alcanzar un objetivo de interés público legítimo. Por ejemplo, prohibir el arrendamiento de apartamentos a corto plazo de modo general parece difícil de justificar porque el uso en alquiler de propiedades a corto plazo pueden limitarse a un número máximo de días al año".

"Que le pregunten a cualquiera en Barcelona o Berlín que trabaje con esta normativa: si las actuales normas se transforman en un número máximo de días, llevaría a una expansión inmediata de los pisos de AirBnB", remarca el Observatorio al respecto.

En Berlín recientemente los legisladores rechazaron reemplazar el modelo de permisos por uno general de alquiler de 60 días al año como máximo. "Lo rechazaron porque sabían que sería imposible hacer cumplir tal regla, y significaría retirar aún más viviendas del mercado regular de alquileres a largo plazo. 

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