El Gobierno reconoce que no quiere vaciar del todo la hucha de las pensiones

El Fondo de Reserva, denonimado también como “hucha de las pensiones”, quedará de nuevo mermado este año: el Gobierno sacará 3.826 millones con destino a las cuentas de la Seguridad Social. Sin embargo, para completar la mayor parte de los recursos necesarios para pagar las pensiones, el Ejecutivo ha optado este año por apoyarse sobre todo en un préstamo del Estado de 15.164 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Empleo admiten que, aunque se mitifique el Fondo de Reserva y sea posible financiar las prestaciones recurriendo a este mecanimo o al aporte del Estado, el Gobierno no quiere vaciar por completo la hucha.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro ayer a la reducción del Fondo de Reserva en la presentación de los Presupuestos de 2018, con el que la oposición suele atacar al Gobierno. Durante el mandato de Mariano Rajoy, los fondos de la hucha han caído un 90%. El ministro sostuvo que este Fondo “no es una hucha”, sino un “apunte contable”, que “nunca ha servido para dar seguridad” a las pensiones.

“¿Cómo va a ser una malla de seguridad de nada si como máximo el Fondo llegó a tener 70.000 millones de euros y ahora, este año, vamos a pagar 144.000 millones de euros en pensiones. (...) El Fondo ha cobrado una dimensión que jamás se pensó cuando se creó en el año 2000”, añadió Montoro, que insistió en que “nadie debe preocuparse porque las pensiones las garantiza el Estado”.

Pero, aunque en el discurso se quite importancia al Fondo de Reserva, el Gobierno ha optado por cargar la mayor parte del dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones este 2018 a un préstamo del Tesoro –que deberá devolver la Seguridad Social–, antes que mermar más la hucha. Fuentes del Ministerio de Empleo reconocen que el Ejecutivo no quiere dejar el Fondo de Reserva a cero y que, cuando se logre acabar con el déficit de la Seguridad Social, la idea es volver a dotar de recursos a esta hucha. Este instrumento fue creado en el año 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos.

Las mismas fuentes han insistido en que, para acabar con el déficit de 18.800 millones de las cuentas de la Seguridad Social, sería oportuno también avanzar en la separación de fuentes: limpiar de las cuentas gastos como los administrativos ligados a la Seguridad Social, prestaciones de política social como las de paternidad y maternidad y las reducciones a las empresas por la contratación, entre otras.

Desde el Ministerio confían en que el Pacto de Toledo finalice sus recomendaciones antes de que concluya la primavera y que se pueda avanzar en estas y otras modificaciones del sistema de pensiones.