El ajuste de cuentas del Banco Popular aumenta su crisis y apura el plazo para reflotar el banco

El futuro de Banco Popular sigue siendo incierto. Tras el relevo en la cúpula del banco, han salido a la luz correcciones en las cuentas de 2016 por alrededor de unos 600 millones de euros, según aprecia su auditor PWC. Pese a estos cambios, la entidad no tendrá que rehacer sus cuentas y podrá modificar los resultados del primer semestre de este año.

Los analistas consideran que el banco necesita un refuerzo de capital pero sobre la mesa siguen abiertas las posibilidad de venta o ampliación.

¿Qué han encontrado en los cajones?

Con la llegada del nuevo presidente, Emilio Saracho, se puso en marcha una auditoría interna para airear la administración de la etapa de Ángel Ron. Los ajustes en las cuentas ascienden a 428 millones de euros por una “insuficiencia” de provisiones de riesgo, de créditos dudosos y de garantías de operaciones. A esto hay que sumar otros 205 millones de euros que se habrían prestado a accionistas del banco para acudir a la ampliación de la entidad, algo que supondría un impacto de 426 millones de euros.

La entidad cayó un 5% en bolsa después de conocerse esta noticia. Las pérdidas se acrecentaron al conocerse por la tarde la dimisión del que era hasta ese momento consejero delegado, Pedro Larena. El nombramiento de Miguel Escrig como adjunto a Saracho habría forzado la salida del antiguo hombre de Ron. Las acciones se desplomaron por la tarde hasta cerrar la sesión con una caída del 10,4%.

Este desplome se come todo lo ganado en el año por la acción que estaba aguantando en el entorno de los 0,91 euros (precio al que cerró el año pasado), sobre todo aupada por los repuntes vividos tras los últimos rumores de compra. 

¿Compra o ampliación?

Los problemas de la entidad  se centran en la debilidad de su capital, que se sitúa solo unas décimas por encima del requerido por la regulación financiera. Tras los últimos ajustes, el capital del banco se sitúa en una horquilla de entre el 11,7% y el 11,85% frente al objetivo del 11,35%. Para mejorar esto, los analistas se debaten entre una nueva ampliación –sería la cuarta desde 2012– o la compra, algo a lo que se resistía el anterior presidente. 

En la rueda de prensa de las cuentas de 2016 que supuso la escenificación de la despedida de Ángel Ron, tras 32 años en el banco, el expresidente de la entidad aseguró que él había asumido el “mandato” de su predecesor de mantener la “independencia” del banco. Las palabras se producían después de que el año pasado se hubiera dado por casado a Popular con Sabadell.

Finalmente, la entidad salió al paso de sus problemas de capital con una ampliación de 2.500 millones de euros. Sin embargo, ahora los rumores de compra se acrecientan. El último posible comprador, según publicó El Confidencial, sería el magnate griego George Logothetis del grupo Libra. Un empresario conocido como el nuevo Onassis del siglo XXI.

Sin embargo, también se barajan nombres de entidades españolas. El banco de inversión UBS analizó en su último informe de marzo de este año el beneficio que supondría la compra de Popular por parte de cuatro entidades españolas: Caixabank, BBVA, Santander y Bankia. Las conclusiones señalaban que Bankia sería la entidad más beneficiaria con un incremento del 47% del beneficio por acción frente al 13% si la operación se realizara con Caixabank, el 5% en el caso de BBVA y  el 4% si lo comprara Santander.

Entre desplomes de la acción y ajustes de cuentas, Ángel Ron negocia una indemnización con el banco, según Cinco Días. El expresidente ya había recibido una pensión de 24 millones de euros.

El lastre del ladrillo

“El problema que existe en el banco no es de gestión sino de activos”, apunta  Gonzalo Sánchez, analista de renta variable de Gestconsult, que recuerda que la “mochila” de activos improductivos del banco es de 37.000 millones de euros, una cifra “impresionante” que supone un tercio de los de la banca española.

El anterior presidente había apostado por la creación de una especie de banco malo donde colocar sus activos, el conocido como Proyecto Sunrise, que por ahora está en suspendido hasta que la nueva dirección decida qué hacer con él. Según varias informaciones, el 31 de marzo era la fecha límite para que el banco mandara al BCE su hoja de ruta. Fuentes de la entidad ni confirman ni desmienten que hayan enviado un plan de desinversión al regulador.

Otra de las opciones para mejorar el estado de su capital es la venta de otros activos. En este plan estaría la venta de la filial estadounidense Total Bank o su firma especializada en tarjetas WiZink, donde controla el 49% del capital mientras que Värde Partners tiene el 51%.