Competencia recopila decenas de miles de mails en su investigación a las funerarias de Mapfre y Santalucía

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recopilado decenas de miles de correos electrónicos recabados en inspecciones sorpresa realizadas el pasado septiembre, en el marco de la investigación abierta a Albia y Funespaña, las funerarias de las aseguradoras Mapfre y Santalucía.

Estas empresas anunciaron su fusión hace año y medio y la CNMC las investiga por una posible vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia.

En el caso de Albia, que lideraría esa operación de concentración al controlar el 75% del grupo resultante, el organismo ha exigido a esta empresa y a su matriz, Santalucía, la entrega de cerca de 40.000 mails en una serie de inspecciones realizadas en sus sedes los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2020. 

En esas inspecciones, las primeras que llevó la CNMC tras levantarse el estado de alarma, el organismo copió inicialmente en una “primera selección” más de 278.500 correos de los servidores de Santalucía y su filial. Finalmente, los técnicos de la Dirección de Competencia de la CNMC se llevaron 39.628 mails de los sistemas informáticos de la aseguradora y otros 302 de los de Albia. 

La CNMC todavía no ha comunicado la apertura de un expediente sancionador por este asunto. Las actuaciones de la Dirección de Competencia del organismo tienen carácter reservado y esa descarga masiva de correos electrónicos ha salido a la luz porque Santalucía y su filial recurrieron esas inspecciones el 22 de septiembre.

Para tratar de tumbar esa retirada “indiscriminada” de información, Santalucía solicitó sin éxito “que se devolvieran los documentos incautados” dado que “no formaban parte del objeto de la investigación” y contenían “información protegida por el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente”. 

La aseguradora alegó “indefensión” ante la “desproporcionada” actuación de la CNMC por entender que esta “copió, retiró e incautó documentación ajena al ámbito autorizado”. También expuso que se había vulnerado su derecho a la asistencia jurídica, “al no permitirse a sus abogados ver las pantallas de los ordenadores en los que se realizaba la selección de la documentación ni estar presentes en la sala en la que se efectuaba el cribado” de los datos, un extremo que la CNMC niega.

La Sala de Competencia del organismo ha rechazado todos los argumentos de la aseguradora. En sendas resoluciones fechadas el 22 de diciembre, subraya que “los documentos no fueron incautados sino copiados” y destaca que Santalucía “conservó el control permanente de los documentos originales” y el director de la asesoría jurídica de la empresa “estuvo presente desde el principio de la inspección”.

“A disposición de la CNMC”

Santalucía no precisa si ha presentado o va a presentar recurso ante la Audiencia Nacional desde la notificación de esas resoluciones, para lo que cuenta con un plazo de dos meses desde su notificación. A preguntas sobre este asunto, fuentes de la aseguradora indican que “está en permanente diálogo con la CNMC” y “a disposición de la CNMC y colaborarán con la institución en lo que se les requiera”. Por su parte, Mapfre no hace comentarios.

La CNMC investiga a estas dos empresas por una posible vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia. En concreto, por la posible ejecución de varias operaciones de concentración que debían notificar y que se habrían llevado a cabo sin contar con la preceptiva autorización previa (lo que se conoce como gun jumping), así como por la posible coordinación previa y el presunto suministro de información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa.

Las posibles prácticas anticompetitivas de Funespaña y Albia se habrían desarrollado tanto antes como después de la notificación de la operación de fusión, que la CNMC decidió analizar en profundidad hace un año, días antes del estallido de la pandemia. La operación quedó congelada con el estado de alarma y la CNMC sigue sin darle luz verde.

Hace unos días, el organismo acordaba estudiar en detalle otra de las últimas operaciones de concentración en este sector, la compra del grupo vasco Funeraria Vascongada por parte de Mémora. Esta empresa, propiedad de un fondo de pensiones de Canadá, es líder de este negocio en España con permiso de la fusión Funespaña-Albia. La operación daría lugar a un grupo con activos de 322 millones, más de 1.600 trabajadores, más de 60 crematorios, 400 centros funerarios, tanatorios y oficinas de atención al público, 42 cementerios gestionados y una flota de 750 vehículos.

Competencia acaba de autorizar otra operación en este sector también protagonizada por una aseguradora, la compra de la también vasca Funeraria Aranguren por parte de Catalana Occidente, a través de su filial Asistea. El de los servicios funerarios en España es un sector tradicionalmente atomizado. Hay unas 1.100 empresas privadas y públicas, de las que entre 800 y 900 son pymes que facturan menos de 1 millón de euros. Pero ha vivido un progresivo proceso de concentración en los últimos años espoleado precisamente por las aseguradoras.

La pandemia ha disparado las defunciones, con un exceso de 68.000 muertes por encima de las esperadas en 2020, el año más mortal de la historia democrática de España. Pero el negocio, según la patronal Panasef, cayó en la primera mitad del pasado ejercicio más de un 40%, con una pérdida de ingresos de unos 329 millones, pese a que el número de fallecidos se incrementó más de un 20%, por los costes adicionales asociados a la COVID-19 por medidas como el cierre de salas, la prohibición de ceremonias, sumadas a la compra de equipos de protección y sudarios específicos, los refuerzos de plantilla o las horas extras.

El sector lleva meses bajo la lupa de Competencia. En abril, después de que familiares de fallecidos por coronavirus mostrasen facturas en las que empresas del sector les habían cobrado cientos de euros por servicios no prestados, y de que el Gobierno prohibiera a las empresas subir sus tarifas, la CNMC anunció una investigación tras recibir denuncias de supuestos “acuerdos anticompetitivos entre competidores” y posibles “conductas agresivas desleales” de operadores del sector.