El ingreso mínimo vital contra la pobreza sale adelante en el Congreso con el apoyo de todos los partidos excepto Vox

Imagen de archivo de la bancada del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El ingreso mínimo vital ha recibido este miércoles el respaldo de la amplia mayoría del Congreso de los Diputados. Todos los partidos, excepto la extrema derecha de Vox, han votado a favor de la convalidación del decreto que regula esta renta mínima a nivel estatal contra la pobreza, que fija un suelo de ingresos garantizados para todos los hogares de un mínimo de 461,5 euros. Este suelo de renta estatal era una asignatura pendiente en España frente a todos sus socios de la eurozona y una reclamación desde instituciones como la Comisión Europea. El Gobierno de coalición ha celebrado en la Cámara el nacimiento de este nuevo derecho social, que pretende reducir la pobreza más dura.

El real decreto ley del ingreso mínimo vital ha sido respaldado para que se tramite como proyecto de ley, de manera que se puedan incluir y debatir enmiendas del resto de grupos parlamentarios. El único partido que no ha apoyado con un 'sí' la renta estatal contra la pobreza en la votación ha sido Vox, por no querer participar en "esta locura", pero ni siquiera sus 52 diputados han votado en contra, sino que finalmente se han abstenido. El partido de extrema derecha hoy no ha utilizado el término despectivo "paguita" desde la tribuna, calificativo con el que el partido se ha referido a la medida.

Pese a las dudas en las últimas semanas, el PP ha votado finalmente a favor de la convalidación del decreto. El discurso de los de Pablo Casado para apoyar la nueva renta mínima estatal ha pasado por recordar que este tipo de medidas contra la pobreza ya se implementan en las Comunidades Autónomas, entre otras del Partido Popular, y que el ingreso mínimo vital está lejos de la propuesta inicial que planteó Unidas Podemos. Hay que recordar que las rentas míninas autonómicas son a día de hoy muy desiguales y apenas cubren a la población en riesgo de pobreza. Dejan fuera al 90% de las personas en riesgo de pobreza, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En total, una de cada cinco personas en España está en riesgo de pobreza, una situación que afecta a más de uno de cada cuatro menores de edad. El país se sitúa en los peores puestos a nivel europeo en materia de pobreza, especialmente en pobreza infantil y entre los hogares monoparentales, donde España es el segundo país con mayor tasa de pobreza entre los 28 estados miembros de la UE.

Contra los prejuicios y estereotipos, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social lanzó el año pasado un estudio de los últimos datos nacionales de pobreza: el 80% de las personas que afrontan esta situación son españolas y un 36,3% de las mayores de 15 años tiene estudios medios o superiores.

El Gobierno defiende una medida histórica

Los partidos del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos han escenificado la importancia de esta medida contra la pobreza, una de las más ambiciosas en la historia del país, con sonoros y largos aplausos de sus diputados en pie tras las intervenciones de defensa del decreto que han protagonizado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ambos miembros del Gobierno, de la cuota socialista y de Unidas Podemos, han encabezado la elaboración del ingreso mínimo vital en estos meses, de manera acelerada para aprobar la política en la crisis por el coronavirus. En este tiempo han tenido lugar algunas tensiones entre ambos equipos, como cuando Pablo Iglesias anunció que el Gobierno apoyaba implantar una renta mínima puente, temporal, que finalmente se descartó.

El vicepresidente segundo ha celebrado el ingreso mínimo vital como "el mayor avance en derechos sociales en nuestro país desde la Ley de Dependencia de 2006" y ha agradecido la labor de las organizaciones sociales y los acádemicos que han luchado durante años por la implatación de una renta de este tipo en España.

Con un discurso muy político, Pablo Iglesias ha comenzado su intervención con una mención al nacimiento de su partido, Podemos, que defendía rentas contra la pobreza similares que en esos momentos parecían imposibles. El líder de Unidas Podemos ha cargado de manera expresa contra los que critican el ingreso mínimo vital con el calificativo de "paguita", en refrencia a Vox. "No hay libertad si una persona tiene que invertir todas sus energías en sobrevivir", ha destacado el vicepresidente segundo, que ha concluido su discurso con un "sí, se puede". 

El ministro José Luis Escrivá ha defendido desde el estrado los detalles del ingreso mínimo vital, de un mínimo de renta garantizada de 461,5 euros al mes para hogares de una sola persona y que se adaptan según el tipo de hogar. En concreto, 14 tipologías de familias, que pueden percibir hasta un máximo de 1.015 euros mensuales. Que, "en un contexto como el actual", se apruebe esta medida permanente "para los más débiles creo que nos hace un país un poco mejor y creo que todos deberíamos felicitarnos por ello", ha afirmado el ministro.

Escrivá ha enfatizado la importancia del diálogo "honesto" con el resto de fuerzas políticas, así como con todas las Comunidades Autónomas, para elaborar este real decreto y para el seguimiento del ingreso mínimo vital en el tiempo, que nace como una "política viva, que será evaluada de manera continua" por el Gobierno y por entidades independientes como la AIReF. El ministro, anterior presidente de esta institución y economista muy valorado, ha destacado la importancia del análisis de datos e información en el diseño de la medida, con la intención de ser eficaz contra la pobreza más severa.

José Luis Escrivá ha insistido en que el ingreso mínimo vital es más que una renta, con el despliegue de un conjunto de políticas en favor de la inclusión social, que aún están por desarrollar mediante reglamentos y convenios con las Comunidades Autónomas.

Es destacable también que la diputada encargada de defender el voto del PSOE este miércoles ha sido la exministra María Luisa Carcedo, una de las impulsoras más destacadas del ingreso mínimo vital entre los socialistas. Carcedo ha criticado con dureza la oposición del PP en el pasado a esta medida, lo que ha generado abucheos y alboroto en la bancada 'popular'.

Respaldo por todos los partidos excepto Vox

La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás ha sido la responsable de defender la abstención de los diputados de Santiago Abascal. Además de la crítica a que la renta sea un derecho permanente y no una ayuda temporal, Vox está en contra de que la prestación llegue a las personas migrantes con más de un año de permiso legal de residencia, algo que ha tachado de "muy fácil de conseguir", por lo que ha acusado al ministro Escrivá de fomentar la inmigración irregular.

Para optar a la regularización a través de la vía del arraigo social los migrantes, entre otros requisitos, deben haber vivido en el Estado español tres años de forma continuada, presentar un contrato de trabajo indefinido de jornada completa (40 horas semanales) por una empresa que demuestre su solvencia económica, algo difícil de conseguir para cualquier ciudadano en el país, informa Gabriela Sánchez.

Vox también se ha mostrado en contra de que tengan acceso a la prestación las víctimas de trata, que en su opinión serían todas las personas "que llegan en patera, porque son víctimas de las mafias". La consideración de víctimas de trata en España no es en absoluto tan abierta, sino que alcanza a un reducido número de migrantes respecto al total de los que llegan a España. 2018 fue el año con la cifra más baja de víctimas de trata del último lustro identificadas en el país, con 128 personas.

Varias formaciones políticas de la oposición han cargado contra la postura de Vox de rechazo del ingreso mínimo vital. "No fomentemos prejuicios y estereotipos, creo que tenemos que dejarlos lejos", ha afirmado la diputada de Ciudadanos Sara Jiménez tras recordar que, al contrario de lo que ha difundido Vox, no podrán recibir esta ayuda las personas migrantes sin papeles.

Jiménez, como los representantes de la mayoría de grupos políticos, han destacado la necesidad de tramitar la regulación como proyecto de ley para "mejorar" esta renta mínima, en cuestiones como la inserción laboral de sus beneficiarios, la posibilidad de habilitar la gestión por parte de las autonomías y otros detalles de letra pequeña de la medida.

Desde ERC, Bildu y la CUP han reclamado que los inmigrantes sin permiso de residencia no se queden sin acceso a la renta mínima, como también pidió hace unos días el relator de la ONU contra la pobreza extrema. "Es injusto e incluso cruel aislar de esta ayuda a más de un millón de personas mal llamadas ilegales o irregulares", ha subrayado Gabriel Rufián, que no obstante ha celebrado la renta como una "victoria de la izquierda".

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