Qué dicen el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación pactado con Bruselas sobre la reforma laboral

Después de más de una semana de crisis sobre la reforma laboral, los dos socios del Gobierno han cerrado un acuerdo este martes. PSOE y Unidas Podemos se han comprometido de nuevo con “la derogación de la reforma laboral de 2012”. También con la construcción de “un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI”, pero las principales tensiones –sobre todo entre Economía y Trabajo– estaban en el primer punto. La “derogación” reafirmada este martes se vincula a dos elementos: el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Ambos documentos van en la misma línea, aunque con diferente nivel de detalle.

Los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han celebrado el acuerdo alcanzado este martes. Según el texto del comunicado conjunto, la postura del Ejecutivo es la misma que antes de que se desatara el conflicto. Algo que, como ha afirmado el líder de CCOO este martes, se comprobará en la mesa de negociación con los sindicatos y empresarios.

Este martes, las dos partes del Gobierno han revalidado su promesa de derogar la reforma laboral “en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”. A continuación, examinamos qué dicen uno y otro sobre este compromiso.

Qué pactaron PSOE y Unidas Podemos al inicio del mandato

El acuerdo de coalición fue el primero en suscribirse. Lo firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019. El texto aborda múltiples materias y, en el ámbito laboral, se apuesta por elaborar “un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”, que haga frente a nuevos retos del mercado de trabajo, pero también se recoge la promesa electoral de PSOE y Unidas Podemos: derogar la reforma laboral del PP.

Tras un Gobierno monocolor de Pedro Sánchez que concluyó antes de tiempo y que no logró sacar adelante este desmontaje de la regulación de Rajoy, PSOE y Unidas Podemos se comprometían a llevarlo a cabo. “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, recogía el texto. Los socios de Gobierno establecieron que impulsarían “en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras” y aseguraron que recuperarían “el papel de los convenios colectivos”.

¿Cómo? El pacto recogía en concreto los siguientes tres puntos de “carácter urgente”:

Además, se añadían –aunque fuera de estos aspectos “urgentes”–, otros compromisos dentro del desmontaje de la legislación del PP.

El acuerdo de coalición incorporaba otros compromisos laborales, como subir el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, simplificar el número de contratos laborales, “revisar las causas del despido” y “reforzar el control de la contratación a tiempo parcial”, entre otras.

Cuando Yolanda Díaz tomó la cartera de Trabajo, explicó que la derogación de la reforma del PP no sería total, de un golpe, algo que sostuvo que no era posible “técnicamente” y, además, que sería “irresponsable”. Díaz prometió un desmontaje en varias fases, que comenzaría con las más urgentes.

Qué se ha comprometido con Bruselas

Y, de pronto, estalló la pandemia de coronavirus. La agenda del Gobierno cambió, con la gestión de la crisis como prioridad. Por ejemplo, a través de la aprobación de los ERTE y la ley de trabajo a distancia, entre otras medidas. Superado lo peor de la crisis sanitaria, la coalición retomó sus compromisos y el Ministerio de Trabajo reinició la mesa de diálogo social para desmontar la reforma laboral del PP. Eso sí, con un nuevo escenario. La reforma laboral se incluía dentro de las medidas comprometidas con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que vendrán a España miles de millones de euros para superar la convulsión provocada por la pandemia.

Yolanda Díaz ha explicado en estos días de tensiones que el Ministerio de Trabajo y Moncloa discutieron qué elementos incorporar en esta reforma laboral comprometida con la Comisión Europea, de cuya negociación salió el llamado Componente 23. Este se propone resolver algunos de los problemas estructurales del mercado de trabajo, que Bruselas reclama a España desde hace años, como la excesiva temporalidad y precariedad. Pero además, el Ejecutivo incorporó la revisión de varios de los puntos comprometidos del desmontaje de la reforma del PP. Se mencionan las materias, aunque sin apenas concreción.

El documento contempla la “modernización de la negociación colectiva”, ya que “las sucesivas reformas han llevado a una arquitectura de negociación colectiva que no responde a las necesidades actuales”, apunta el Gobierno. El compromiso recogido en este documento se limita a mencionar los elementos que se modificarán: “Abordando aspectos tales como la ultra-actividad de convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo”. También se incluye que “la modernización de la negociación colectiva deberá incorporar cambios en la propia estructura de negociación, reforzando la representatividad de las partes negociadoras”.

Se incorpora además otro elemento fundamental del paquete de derogación de elementos “más lesivos” de la reforma del PP (aunque en realidad no está dentro de los cambios aprobados en 2012): la modernización de la “subcontratación”. En este punto, hay algo más de detalle. Se explicó a Bruselas que era necesario “abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales de las personas que trabajan para las empresas subcontratistas”.

“Procede una modernización de su regulación que asegure un uso adecuado en los supuestos que mejoran la actividad productiva al tiempo que lo desincentive en aquellos en que es un mero instrumento de reducción de costes. Avanzar hacia la equiparación de condiciones entre trabajadoras y trabajadores subcontratados y reforzar la responsabilidad de las empresas contratistas o subcontratistas”, añade el componente 23 sobre el futuro de la subcontratación.

El resto de reformas del Componente 23 hacen alusión, como se decía, a una revisión más amplia de la legislación del mercado de trabajo en temas como la simplificación de contratos de trabajo para reducir la temporalidad y la creación de un mecanismo de flexibilidad interna –que se suele denominar como ERTE permanentes– que evite despidos masivos en futuras crisis. Aunque el foco de las últimas tensiones entre Economía y Trabajo ha estado centrado en el desmontaje de la reforma del PP (primacía del convenio sectorial y ultraactividad), también existen discrepancias sobre cómo poner coto a la temporalidad.

Las próximas reuniones interministeriales y en la mesa con los agentes sociales darán cuenta de si, como han anunciado los socios del Gobierno, el Ejecutivo defiende una posición común en la mesa de negociación. O si, por el contrario, la batalla interna sobre la reforma laboral continúa en la práctica.