El Gobierno no actualizará las pensiones conforme al IPC

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. EFE

Otra promesa incumplida. El Gobierno no subirá las pensiones en 2013 conforme al IPC, tal y como contempla la ley y tal y como varios miembros del Ejecutivo sostuvieron durante semanas. El próximo año las pensiones se actualizarán tan sólo un 1%, salvo las que sean inferiores a mil euros, que subirán un 2%. Esto supone una importante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

La ley contempla que las pensiones se actualicen cada año conforme al dato de IPC de noviembre. Precisamente hoy se ha conocido el indicador adelantado, que se sitúa en el 2,9%, seis décimas menos que el mes anterior. Actualizar las pensiones con esta cifra hubiera supuesto unos 3.800 millones de euros.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado hoy que al Ejecutivo le resulta imposible sufragar este pago. El propio Mariano Rajoy insistió en una entrevista el pasado septiembre en que su primera instrucción al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, había sido que las cuentas de 2013 "no perjudiquen de ninguna manera" a los pensionistas.

La oposición parlamentaria al completo ya había mostrado su temor sobre la posibilidad de que el Gobierno postergara el anuncio de esta decisión hasta después de las elecciones autónomicas que se han celebrado en los últimos meses.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reconocido que están pidiendo a los pensionistas "un esfuerzo", pero ha asegurado que se trata de un "ejercicio de responsabilidad".

Al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado una modificación en la norma de Seguridad Social para poder acudir al Fondo de Reserva (la llamada hucha de las pensiones, que cuenta con cerca de 65.000 millones de euros), y sacar de ahí el dinero necesario para pagar las pensiones de diciembre y la paga extra de los pensionistas, unos 4.000 millones de euros.

A partir de ahora, el límite para recurrir el fondo será "el equivalente al importe del déficit que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de la intervención general de la Seguridad Social". En la práctica se abre la veda para usar el dinero del fondo casi sin límites, ya que no habrá un tope anual, sino que el Gobierno podrá sacar de ahí el equivalente a lo que estime que la Seguridad Social perderá ese año. Es decir, el Gobierno decidirá con sus propias previsiones económicas lo que podrá sacar del Fondo de Reserva.

La decisión de acudir al Fondo de Reserva ha sido criticada por los sindicatos y por algunas fuerzas políticas, ya que consideran que se trata de un remanente al que hay que acudir en caso de un problema estructural del sistema y no coyuntural, como es el caso. De esta forma, temen que la hucha se vacíe.

No es la primera vez que el Ejecutivo echa mano de este fondo: en estos últimos meses ya ha sacado algo más de 3.063 millones para hacer frente al pago de prestaciones. Se trataba del tope anual que la ley le permitía sacar del fondo, fijado en el 3% del total. Con el cambio legal aprobado hoy, ese límite desaparece.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha criticado esta decisión, "que agrava aún más la situación de los pensionistas". Para Méndez, la subida del 1% y del 2% no compensa "ni de lejos" el no adecuar las pensiones al IPC.

También el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, ha arremetido contra la medida, que considera "profundamente injusta" y que, considera, profundizará "la caída de la actividad económica contribuyendo al aumento del desempleo". "¿Por qué se ha ocultado esta medida hasta el momento", se ha preguntado el líder sindical.

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