Los sindicatos denuncian que recortes de un 30% del personal han afectado a la calidad del servicio de Iberpistas
El Gobierno ha culpado a la concesionaria de la gestión de la autopista AP-6 del colapso que ha atrapado a miles de conductores en un temporal de nieve en plena operación retorno navideña. Esta filial de Abertis, Iberpistas, ha sufrido una serie de reestructuraciones y recortes de personal en los últimos años que han “afectado bastante a la plantilla”, asegura CCOO. Además, tiene una serie de servicios subcontratados, como son el mantenimiento, conservación y vialidad invernal.
En concreto, Iberpistas ha reducido en cinco años de 262 a 186 (casi 30%) los empleados disponibles en la AP-6, vía que ha sufrido un caos circulatorio este fin de semana, así como en la AP-51 y la AP-61. La mayoría de esta disminucion está ligada a la implantacion tecnológica de los peajes automáticos y telepeajes. Además, tiene subcontratado parte del servicio de quitanieves, como ha adelantado El Independiente. “Estoy convencido de que las subcontrataciones del servicio afectan a la calidad”, asegura a eldiario.es el secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla y León, Julio López Inclán.
Sea cual sea el resultado de la investigación en curso, López resalta el “gran esfuerzo” de los trabajadores contratados y subcontratados que en algunos casos han estado trabajando “más de treinta horas” seguidas. A su juicio, los “responsables directos” de esta caos son la dirección de Abertis, el Gobierno “o ambos”.
No parece ser esta la opinión del Ejecutivo. “La nevada puede considerarse excepcional desde un punto de vista meteorológico y climatológico. De hecho, según remarca la propia Aemet, no se tiene constancia de un temporal tan extenso e intenso en por lo menos los últimos treinta años, y con los datos de precipitación registrados en la serie histórica de referencia fijada por la Organización Meteorológica Nacional entre los años 1981 a 2010 puede decirse que esta situación de nevada es histórica”. Estas palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, calcan casi de manera milimétrica las ideas sobre la inevitabilidad de los fenómenos meteorológicos lanzadas en los dos últimos días para contextualizar el caos circulatorio que se ha sufrido en plena operación retorno.
Sin embargo, se trata de su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso el 6 de febrero de 2017, hace casi un año. Explicaba las incidencias en el transporte de las nevadas de la tercera semana de enero del año pasado. Hay diferencias entre aquella ocasión y el caos aún en curso: la coincidencia del operación retorno de la segunda semana de las vacaciones de Navidad ha generado esta vez más perturbaciones si cabe.
Además, se ha volcado toda la responsabilidad en los gestores de la autopista de peaje AP-6, Iberpistas. La historia de esta concesión es turbulenta. Aunque no es una de las autopistas de peaje quebradas (y susceptibles de ser rescatadas con dinero público) el Tribunal de Justicia de la UE la declaró ilegal en 2010.
La sentencia tuvo su origen en una denuncia de CCOO y la Asociación Ecologista Centaurea, consagrada a la protección de la sierra de Guadarrama, del año 2000. Denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Supremo y la Comisión Europea la concesión –por el entonces ministro de Fomento Rafel Arias Salgado– de la construcción, conservación y explotación de los tramos de autopista de peaje que unen Ávila y Segovia con la autopista A-6 (Villalba-Adanero), así como la conservación y explotación de la A-6.
La denuncia no prosperó ante los tribunales españoles, pero Bruselas pasó el caso al Tribunal de Justicia de la UE, que sí vio motivos para exigir a España una rectificación. La sentencia afirmaba que se “habían vulnerado las directivas comunitarias sobre contratación pública, al no haberse publicado en el pliego de cláusulas administrativas del concurso de construcción, conservación y explotación de las conexiones de la AP-6 con Ávila (AP-51) y con Segovia (AP-61) la totalidad de obras a ejecutar por el concesionario”.
El motivo, según denuncia la plataforma “Ávila libre de peajes”, es que lo que en principio iban a ser la construcción de estas carreteras se transformó en la creación del tercer túnel de Guadarrama y la ampliación de carriles de entrada a Madrid, algo que no recogía el pliego con el que el Ministerio de Fomento convocó el concurso público para la construcción de las conexiones de Ávila y Segovia con la carretera de A Coruña. De haberse publicado la licitación real de estas obras, la convocatoria debería haberse abierto a más empresas, pero como se acotó a obras de ampliación, se vinculaba directamente a la concesionaria, es decir, Iberpistas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que el Gobierno de España vulneró las directivas comunitarias sobre contratación pública al no haberse publicado en el pliego de cláusulas administrativas particulares del concurso la totalidad de las obras a ejecutar por el concesionario. Así que España respondió con modificaciones que, con fecha de 30 de marzo de 2011, la Comisión aceptó.
Entre estas medidas, se comprometían a licitar a partir de noviembre de 2019 la concesión de explotación, y reducir en siete años la duración exacta de la concesión (que ahora es de entre 32 y 37 años). Para las plataformas contra la autopista de peaje, estas medidas son insuficientes, y no suponen un cumplimiento de la sentencia del TJUE. Lo que piden es directamente la supresión de los peajes.
Comparecencia de De la Serna
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, podrá dar explicaciones en el Congreso sobre todas las cuestiones que rodean a esta polémica autopista y a su concesionaria. Uno de los grupos que han pedido su presencia en el Parlamento es Unidos Podemos.
Por el momento, su portavoz de Fomento, Fèlix Alonso, ha registrado una serie de preguntas sobre el precio para el erario público del colapso de la AP-6, desglosado por el coste del envío de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la Guardia Civil, etc, así como la intención del Gobierno de reclamar el importe de la inversión a Iberpistas o de multarles.
