Bizkaia insiste en que la Fiscalía no ha abierto ninguna investigación por malas prácticas en las residencias

El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha pedido dar “credibilidad” a la Fiscalía, que no ha abierto hasta ahora ninguna investigación por malas prácticas, y a las encuestas a familiares de usuarios de residencias de Bizkaia que dan un notable a la atención dispensada. De esta forma, según informa Europa Press, ha rechazado valorar su petición de dimisión por la asociación de familiares Babestu, en una carta que ha negado haber recibido. Murillo ha respondido así, a propuesta de Elkarrekin Bizkaia, en una comparecencia en comisión en las Juntas Generales de Bizkaia donde ha defendido la gestión de su departamento durante la pandemia.

Elkarrekin Bizkaia había pedido su presencia en la Cámara vizcaína después de que la asociación Babestu pidiera a través de una carta su dimisión tras conocer los resultados de una encuesta de opinión realizada a familiares de los centros asistenciales durante toda la pandemia. Según ha recordado la formación morada durante su intervención, en la misiva de Babestu se denunciaba la “autocomplaciencia” del Gobierno foral y el ejercicio de “exhibicionista innecesario” que resulta ser “hiriente” a la hora de hacer públicos los resultados del sondeo.

En su respuesta, Murillo, tras rechazar entrar a valorar la carta de Babestu, ha recordado que el grado de satisfacción de familiares de residentes alcanza el “notable alto” en esa última encuesta de satisfacción de familiares de residentes elaborada en diciembre de 2020. En este punto ha pedido a los grupos de la oposición que “no pongan en cuestión constantemente” el sistema residencial del territorio y les ha emplazado a “dar credibilidad tanto a la opinión de familiares como al trabajo de la Fiscalía, que a raíz de las denuncias de familiares, no ha abierto ninguna investigación sobre malas prácticas en la red residencial vizcaína.

Murillo ha explicado que Babestu ha tenido cumplida respuesta de las “ocho quejas recibidas” por su departamento entre “1.560 llamadas y 364 quejas” vinculadas con aspectos relacionados con la pandemia. El diputado ha remarcado que esas ocho quejas, fueron contestadas “en menos de 24 horas, en algún caso, y en menos de seis días, en el peor de los casos”.

“Hay margen de mejora”

Tras negar que la Diputación haya recibido esa carta con la petición de su dimisión, “más allá de las referencias en los medios de comunicación”, el diputado no ha querido entrar a valorar el contenido de la misma. “No me pronunciaré sobre posicionamientos de terceros”, ha dicho. Para defender su gestión, Murillo ha recordado la encuesta de satisfacción hecha por su departamento a un total de “2.015” familiares o personas que tutelan a los residentes, con un grado de certidumbre del “95,5%”.

En ella, ha añadido, las familias de personas mayores usuarias de las residencias de Bizkaia valoraron con un 8,06 la atención que reciben sus familiares, y con un 7,18 la gestión de la Diputación Foral de Bizkaia en los centros residenciales respecto a la crisis sanitaria de la COVID-19. Murillo ha remarcado que en esos resultados se quiere apoyar el departamento de Acción Social de Bizkaia para “implementar líneas de acción” con el objeto de mejorar la red asistencial del territorio.

En este sentido, el diputado ha admitido en su respuesta que hay “margen de mejora”, pero ha valorado “positivamente” que “el elemento que mejor evolución” ha tenido respecto a la encuesta anterior ha sido precisamente el control de las residencias que ha pasado de obtener 6,01 puntos a 7,13 en la encuesta realizada en diciembre de 2020. Ha destacado también que un 71,8% de los encuestados ha valorado entre el 8 y el 10 el servicio residencial de Bizkaia. Por su parte, el apoderado de Elkarrekin Bizkaia Héctor Fernández, ha mostrado su “preocupación” por que la Diputación ponga el foco solo en los aspectos “cuantitativos” cuando, desde su punto de vista, “hay que hilar más fino” y prestar atención a los puntos “más débiles” del sistema como son “la supervisión foral, la falta de personal o la mejora de la información”.

En este punto, le ha recordado a Murillo que en esa encuesta “una de cada cuatro” personas consideró que “no había suficiente inspección y que en los centros se requiere más plantilla”. En referencia a la queja y petición de dimisión expresada por Babestu, Fernández ha pedido que se tenga también en cuenta la opinión del personal y de los familiares en la gestión de los centros.

Alienación parental

Por otro lado, en respuesta a una pregunta oral de EH Bildu, Murillo ha reconocido que todavía no ha sido posible “por la pandemia” cumplir con un mandato de las Juntas Generales de Bizkaia en relación a una enmienda transaccional aprobada por el pleno el 22 de enero de 2020 sobre medidas para el no empleo del síndrome de alienación parental por parte del Servicio de Infancia. En esa enmienda se solicitó, según Bea Ilardia, la implementación de formación a los profesionales del Servicio de Infancia en el ámbito del abuso sexual infantil y violencia machista, así como un análisis de las situaciones de desprotección identificadas.

Murillo ha explicado que estas valoraciones se tienen que realizar “individualizadamente” y que con la pandemia no ha sido posible contar con ellas, para añadir que estas valoraciones “no se podrán hacer hasta que no se normalice el trabajo presencial”, algo que “no sabemos cuándo ocurrirá”. Sin embargo, para Bea Ilardia, la excusa de la pandemia “está muy manida”. Al no valorarse uno de los ítems (“instrumentalización en conflictos entre progenitores”), la portavoz de EH Bildu ha denunciado que la falta de formación de los profesionales está provocando que la Diputación sea un “convidado de piedra y cómplice de atrocidades que se están produciendo hoy en este territorio”. En su opinión, en “innumerables” casos están obligando a menores a someterse a terapias en el Servicio de Infancia, sin que los trabajadores cuenten con formación en abusos sexuales y maltrato.