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El fraude detectado en los cursos de formación pone a Lanbide bajo la lupa

Oficina de Lanbide.

Eduardo Azumendi

El fraude detectado en los cursos de formación que Lanbide imparte especialmente a los desempleados ha encendido las alarmas en el Gobierno, entre los partidos, sindicatos y el conjunto del sector. La pesadilla vivida en otras comunidades autónomas Edonde han aflorado redes de cursos no impartidos, alumnos inexistentes, irregularidades, incumplimiento sistemático de condiciones y la falta de vigilancia de los correspondientes gobiernos autónomos no había salpicado a Euskadi. Pero ahora la pesadilla ha saltado en el Servicio Vasco de Empleo, que ha obligado a un centro a devolver más de 300.000 euros por apuntar a cursos a alumnos que no lo recibieron. El Gobierno vasco y Lanbide insisten en que se trata de un caso aislado y que los sistemas de control interno han funcionado, pero lo cierto es que la Ertzaintza y el juzgado siguen investigando por si hubiera más hilo del que tirar. El sector, que funciona a base de adjudicaciones a las empresas por parte de la administración, contiene la respiración. Se trata de un sector que este año tiene previsto impartir formación a más de 25.000 personas y que cuenta con un presupuesto (concedido por Lanbide a base de subvenciones) de 36 millones de euros.

Mientras los partidos (salvo el PP que ha solicitado una auditoría) aguardan prudentemente que la consejera de Empleo, Betraiz Artolazabal, comparezca en el Parlamento y de las oportunas explicaciones sobre los sucedido, los sindicatos no se han mostrado tan benévolos. LAB denuncia que el fraude es consecuencia de la política de subcontratación de Lanbide y de su “nefasta gestión”. “No hay suficiente personal que pueda hacer un seguimiento del trabajo que se llevan a cabo desde los servicios externalizados”, reprocha. Por su parte, Mari Cruz Vicente, responsable de Acción Sindical y Formación de Comisiones Obreras, asegura que “el fraude era previsible. Se han ido eliminando controles previstos, se relagan las inspecciones y el riesgo de cometer fraudes es mayor”. En la actualidad, los sindicatos se encuentran al margen de la impartición de cursos de formación por ley.

Ana Varela, formadora de profesión y autora del libro 'Soy Formadora. Y me niego al negocio de la formación para el empleo', lo tiene muy claro: “Los formadores no existimos” para la administración. Varela, quien ha impartido varios cursos adjudicados por Lanbide a las empresas en las que ha trabajado, lleva muchos años denunciando “el mal funcionamiento del sistema”. “Los profesores que trabajamos en la formación no tenemos ningún tipo de regulación. Todo el mundo tiene sospechas de irregularidades, pero hay miedo a denunciar”.

Según Varela, “está claro” que no existe la supervisión suficiente para comprobar que los cursos efectivamente se imparten en las condiciones estipuladas por la administración y dibuja un escenario de absoluto caos administrativo: ciudadanos que no son orientados a los cursos que corresponden a sus necesidades, grupos que hay que rellenar para que los cursos salgan adelante y no se pierdan así las subvenciones, cursos que sucesivamente se imparten sin que deban superar ningún control de calidad...“Se trata de un fraude en el sistema de formación para el empleo”, resume.

Empresas honestas

Quien tambiñen conoce muy bien desde dentro el funcionamiento de los cursos de formación impartidos por Lanbide es Pedro Sánchez, que fue director de Formación y Garantía de Ingresos de Lanbide durante la etapa de gobierno del socialista Patxi López. “Los cursos de formación no es un invento de Lanbide, forma parte de la historia del sistema de empleo. Es un sistema de tipo subvencional. Aunque es una oferta de la administración, históricamente  se ha hecho a través de entidades privadas o sin ánimo de lucro. Es cierto que durante un tiempo el Servicio Público de Empleo estatal, el antiguo Inem ofrecía una parte de su oferta a través de centros de formación propios: Txagorritxu, Sestao y Lasarte. Pero otra parte la dirigían las empresas privadas”.

Desde siempre los sistemas de empleo público han recurrido a las empresas privadas para impartir formación. “La perversión del sistema es la vía subvencional porque las empresas prestan un servicio a la administración. En la medida de lo posible, lo suyo sería que se tratara como contratos”, apunta.

En la actualidad, el sistema funciona de la siguiente manera:  Lanbide realiza una convocatoria subvencional y se comunica a las entidades homologadas previamente por Lanbide para hacer formación. Las entidades ven lo que Lanbide quiere programar en cada comarca y los centros se presentan a la subvención en concurrencia con otras entidades que también quieran hacerlo. El Servicio Vasco de Empleo otorga una serie de puntos en función de las instalaciones, experiencia, encuestas de satisfacción de alumnos….De acuerdo a esa puntuación, Lanbide concede o no el curso.  En teoría, la empresa no obtiene margen ni lucro porque se trata de una subvención. Con ese dinero también se paga a los profesores, como mínimo les corresponde el 30% de la subvención.

“Si tienes una empresa privada apenas ganas nada porque se trata de subvenciones, resulta una situación extraña. La administración tendría que subvencionar aquello que quiere fomentar no aquello que quiere ofrecer como un servicio a los ciudadanos. Debe contratar la formación”, explica Sánchez.

Durante la crisis, los centros dedicados a los cursos de formación prácticamente han sobrevivido. “Son centros honestos, es algo reconocido por los funcionarios de Lanbide y de fuera que se dedican a la inspección”.

Y si alguien decide hacer las cosas mal, ¿es fácil detectar el fraude a la primera? “No es fácil”, responde Sánchez. “En cada curso que se empieza tiene que haber el primer día un funcionario que asiste a ese comienzo de curso, que se presenta  y se ofrece a los alumnos para resolver cualquier queja. El centro abre sus puertas a Lanbide en el mismo momento en que se le otorga un curso. El día que acaba el curso normalmente el funcionario también acude a pasar las encuestas de calidad y preguntar al alumnado cómo ha ido. Cada vez que un alumno se da de baja se notifica a Lanbide y se comprueba si puede aceptar un sustituto. Todo se hace con la documentación de la persona. El funcionario puede visitar el curso en cualquier momento”.

Si se cumple a rajatabla esta teoría si alguien no va al curso, pero está apuntado debería saltar la alarma. “Sí, pero también se puede conducir como un suicida por las carreteras a pesar de que está la Ertzaintza para impedirlo. Es decir, no resulta sencillo”. Cuando un curso se ve afectado por una irregularidad, Lanbide pide el reintegro del dinero del curso completo, no de una sola plaza.

Lo cierto es que el mercado de los cursos de formación parece lo suficientemente apetecible en dinero y difícil de gestionar como para que pudieran surgir irregularidades. “Los cursos se han dado, no hay cursos fantasmas como sí ha ocurrido en otras comunidades. Algún alumno que figuraba no estaba. No es lo mismo tener 10 alumnos y poner 12 para sacar el curso adelante que inventarte que has hecho un curso”, recalca el exdirector de Formación de Lanbide.

Uno de los centros investigados y que ha tenido que devolver el dinero debido a las irregularidades es el Centro Formativo Otxarkoaga, ubicado en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao.  Este centro formativo viene impartiendo formación ocupacional y conitnua desde el curso 1990/1991. Primero con los comités comarcales, después con el INEM y posteriormente con Lanbide. Hasta la actualidad se han impartido una media de 20 cursos al año.

Investigación

Según su versión de los hechos, en enero del 2017 en uno de los 15 cursos organizados por Lanbide en centro un técnico del Servicio Vasco de Empleo detectó que un alumno que quería inscribirse en un curso figuraba ya en las listas de asistencia de otro de sus cursos. Desde el primer momento que tuvimos conocimiento del hecho, nos pusimos en contacto con los responsables de Lanbide para facilitarles la información disponible y colaborar en todo lo que fuera necesario“.

“La persona que trabajaba para una asociación externa al centro, que realizaba parte del seguimiento administrativo de los cursos, fue llamada a declarar y se confesó responsable única de las firmas irregulares [aquellas que se recogen para controlar la asistencia del alumnado a los cursos]. También reconoció que la Escuela Profesional Otxarkoaga no tenía conocimiento de este hecho. Ningún responsable, ni personal de la Escuela Profesional Otxarkoaga ha sido investigado por este asunto”.

La asociación externa despidió a esta persona el 5 de mayo de 2017. y Otxarkoaga  puso en conocimiento de los responsables del Gobierno vasco los hechos y procedió al reintegro solicitado por Lanbide. Los cursos se impartieron íntegramente en su totalidad. “La Escuela Profesional Otxarkoaga ha resultado también perjudicada porque ha impartido los cursos en su totalidad, ha perdido parte de la financiación de Lanbide y se ha visto perjudicada en su imagen”.

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