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¿Divorcio de Vitoria con FCC? Una posibilidad más que real

Uno de los dos camiones comprados en Vitoria en 2015

Iker Rioja Andueza

La tormentosa relación de la multinacional de servicios FCC con el Ayuntamiento de Vitoria puede acabar en divorcio. Los asesores del alcalde Gorka Urtaran (PNV) están decididos a firmar la “resolución” de la mayor contrata de la ciudad, la de gestión de residuos, si la UTE liderada por FCC y en la que también participa la vasca GMSM (Viuda de Sainz) se niega a asumir como gasto propio los alrededor de 1,7 millones que supone el elevado absentismo de la plantilla del servicio limpieza, como ha dictado la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) del Gobierno vasco. La compañía quería endosar este coste a las arcas públicas.

FCC asumió por vez primera el contrato de gestión de residuos en 2006, con Alfonso Alonso (PP) como alcalde, una etapa en que esta firma recibió numerosas adjudicaciones. La ciudad aún debate las consecuencias de aquella primera etapa y que incluyen, como hito más reciente, una investigación judicial impulsada por la Fiscalía por el presunto sobrecoste en el pago de más de 660.000 euros por dos camiones de basuras que el Ayuntamiento cedió a la contrata. En 2015, FCC se volvió a presentar en UTE con la filial de servicios de la constructora Viuda de Sainz y logró ser la oferta económica más ventajosa al presentar un precio de apenas 1.000 euros mejor al de su competencia. FCC rebajó en 2,8 millones el dinero del anterior contrato y, además, prometió más y mejores servicios.

Con este escenario económico, la UTE siempre ha defendido que el presupuesto era ajustado y ha sugerido que, incluso, su estancia en Vitoria estaba resultando deficitaria. Sobre la mesa se puso una cifra: el 25% de la plantilla estaba de baja y había que pagarles a ellos y a sus sustitutos, cuando la previsión (ya alta) situaba el absentismo en el 17%. El coste de ese absentismo se estimó en 1,7 millones anuales y la UTE pidió al Ayuntamiento renegociar el canon anual que percibía al alza para cubrir esos gastos de personal adicionales. Pedía, en suma, 13,6 millones para los ocho años de duración total del servicio.

El Gobierno municipal, ante esta petición, elevó una consulta a la COJUA. Ahora, según han anunciado este lunes los coordinadores de Medio Ambiente y Economía, Álvaro Iturritxa e Iñaki Gurtubai, “la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) ha refrendado mediante un dictamen emitido el 18 de enero la actuación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación al contrato de limpieza y recogida de residuos y el conflicto generado con la UTE formada por las empresas FCC y GMSM”. “Este órgano -informa el Ayuntamiento- considera que la interpretación del contrato del Gobierno municipal es correcta [y] la resolución concluye que 'las modificaciones de las antigüedades medias, las primas de jubilación anticipadas y los días de absentismo' deben ser asumidas por la empresa y no por el Consistorio”.

“Hemos defendido el interés municipal”, ha remarcado Iturritxa, que ha añadido que “la UTE deberá decidir si continúa o no en el contrato con las condiciones que ha establecido la COJUA”. “Si decide hacerlo, el contrato se ejecutará con normalidad. Si la UTE, por el contrario, considera inviable el contrato, el Consistorio lo resolverá sin abonar ninguna indemnización y permaneciendo la UTE en el servicio hasta la adjudicación a un nuevo contratista”, informa el Ayuntamiento.

Según las fuentes consultadas, la hipótesis del divorcio es más que real en estos momentos. Real pero no inmediata, porque supondría un período largo de tramitación que duraría un mínimo de diez meses. No obstante, cabe la posibilidad -estudiada en el seno de la UTE- de que FCC asuma el 100% del servicio, absorbiendo el 30% de GMSM, y acepte las nuevas condiciones por motivos estratégicos. FCC es una multinacional que, en el sector de los servicios públicos, gestiona centenares de contratas, incluidos el vertedero de Vitoria o la plata de reciclaje de Álava. La resolución del contrato, eso sí, no penalizaría en ningún caso ni a la UTE ni a ninguna de sus empresas integrantes de cara a un futuro concurso.

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