El Gobierno recupera al PNV con un pacto que apunta a la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi

El PNV ha vuelto a hacer de PNV en Madrid. Este miércoles se ha apuntado un tanto después de su perfil bajo en la negociación de la semana pasada de la prórroga del estado de alarma, en la que los focos se posaron sobre EH Bildu y el acuerdo sobre la derogación de la reforma laboral que tanta polémica ha suscitado. El partido de Andoni Ortuzar y Aitor Esteban ha arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez –en una negociación en la que parece que Unidas Podemos no ha sido protagonista– un acuerdo para que Euskadi y Navarra tramiten el nuevo ingreso mínimo vital sin intervención del Estado y reciban los fondos económicos para su pago, lo que supondrá un ahorro millonario para ambas Administraciones, que ya disponen de programas similares más garantistas. Y este acuerdo parece allanar también una futura transferencia a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social, en palabras de Esteban.

Uno de los puntos clave del acuerdo es que recoge que “las comunidades autónomas de régimen foral asumirán con referencia a su ámbito territorial las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital”. Y esta delegación de competencias se hará mediante una “transferencia” que tiene que estar formalizada antes del 31 de octubre. Si se pusiera en marcha antes de la firma, se cedería de manera transitoria a las dos comunidades autónomas la tramitación mediante una “encomienda de gestión”.

Eso quiere decir que Euskadi asumirá por vez primera funciones propias de la Seguridad Social. El PNV matiza que el ingreso mínimo vital está “disfrazado” de prestación de la Seguridad Social pero que afecta más a competencias de asistencia social, entre otras cosas porque es una ayuda no contributiva y que no saldrá de fondos de la 'caja única' de las pensiones. No obstante, Esteban no resta valor al acuerdo en puertas de que, a partir de 2021, se haya prometido el “estudio” de una posible transferencia completa del régimen económico de la Seguridad Social.

“Es una manera interesante de iniciar esa competencia del Estatuto de Gernika de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Esto no llena todo el contenido de esa disposición estatutaria, pero si empezamos de esta manera no está mal. Es un inicio y debemos seguir profundizando. Esta materia puede dar inicio a ello”, ha explicado Esteban a preguntas de los periodistas.

La Seguridad Social nunca ha sido traspasada a ninguna comunidad autónoma. El Estatuto de 1979 prevé solamente la cesión de la “gestión” del “régimen económico”, es decir, que Euskadi ejerza de pagador de los fondos comunes. De hecho, el propio texto de Gernika pone dos límites: la solidaridad interterritorial y la preservación de la denominada 'caja única'. Aunque tradicionalmente ha sido una materia polémica, el Gobierno de Sánchez accedió en febrero a incluir un “estudio” sobre este posible traspaso una vez finalizado el resto de negociaciones competenciales. Precisamente esta semana la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, han acordado iniciar las tres primeras transferencias ya en junio. Todo el calendario -incluida la competencia de Prisiones- acumula un retraso de tres meses por la pandemia. Ya el año pasado hubo que posponerlo por la doble convocatoria de generales en abril y noviembre.

El PNV ha explicado que existe un precedente de gestión por parte de Euskadi de fondos de la Seguridad Social, aunque es una materia de menor calado que el ingreso mínimo vital y, además, no es una transferencia de competencias como tal sino solamente una delegación de funciones. Son las prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez, gestionadas por las tres Diputaciones vascas. “Las PNC se financian a través de aportaciones del presupuesto del Estado al de la Seguridad Social, figurando el crédito en el presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), abonándose a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, excepto en las comunidades autónomas de Navarra y el País Vasco”, explica el Imserso.

Sánchez mira al PNV para el estado de alarma

El acuerdo entre el Gobierno y el PNV ha sido utilizado por los nacionalistas para reivindicar la capacidad de influencia de sus escaños en las Cortes Generales. “Supone un logro” y “demuestra una vez más la eficacia” de sus diputados, se ha destacado. El propio comunicado con el que se anunciaba el pacto empleaba de saque el verbo “conseguir”. Y ello en contraste –siempre sutil– con EH Bildu, que adquirió protagonismo la pasada semana. Esteban se ha esforzado en remarcar que es un acuerdo que “no es genérico” y que se plasmará “negro sobre blanco” cuando el Consejo de Ministros, este viernes, dé luz verde a la nueva prestación. Es más, el portavoz del PNV ha dejado caer que si se ha retrasado del martes al viernes su aprobación por parte del Gobierno era porque esta negociación no estaba cerrada.

Las conversaciones ya se habían iniciado la pasada semana pero no llegaron a tiempo para que estuvieran listas el día en que se votó la prórroga del estado de alarma, como informó eldiario.es. El PNV la apoyó sin aparentes contraprestaciones mientras EH Bildu, a cambio de una abstención, logró la derogación de la reforma laboral. A pesar de los toques a Sánchez por parte del PNV y la metáfora de que el depósito de confianza estaba ya en la “reserva”, los puentes nunca se rompieron y tanto Ortuzar como Esteban han negociado con la vicepresidenta Carmen Calvo y con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. A quien no ha mencionado el PNV en ningún momento es a Pablo Iglesias, responsable de la parte social del gabinete de coalición y que fue uno de los muñidores del acuerdo de la pasada semana con EH Bildu.

Una de las preguntas en el aire es si el Gobierno tiene ahora más sencillo sacar adelante una posible nueva prórroga del estado de alarma con el PNV. “No tiene nada que ver” una cosa con la otra, según Esteban, pero a la vez se ha dejado querer. Un nuevo estado de alarma más suavizado y no homogéneo “podría estar razonablemente bien formulado”.

Pero los últimos acontecimientos sí han movido al Ejecutivo. Hasta ahora el Gobierno había dejado en el aire la solicitud de una nueva prórroga del estado de alarma bajo la premisa de que dependería de la evolución epidemiológica, a pesar de que el plan de desescalada no prevé la movilidad entre provincias y que esa es precisamente la razón argumento de Sánchez para mantener activada esa herramienta constitucional hasta la fase de nueva normalidad. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llegó a reconocer este martes en el Congreso que preparaba un plan B por si no conseguía los apoyos suficientes para sacar adelante esa prolongación: la idea pasaba por aprobar un decreto ley con las medidas “mínimas posibles” para regular el fin del confinamiento paulatino.

Sin embargo, el ánimo en el Ejecutivo ha cambiado tras el pacto suscrito con los nacionalistas vascos. “Será una prórroga y la última para terminar la desescalada”, zanjan en el gabinete de Sánchez. A pesar de que los contactos se intensificarán en los próximos días, en el Gobierno creen que el camino está allanado para ampliar el estado de alarma a través de una nueva prórroga que contemplará el levantamiento asimétrico de las restricciones de movilidad. Sánchez trasladó a los presidentes autonómicos que varias regiones se encontrarían fuera de la alarma “en los próximos días”, a pesar de que en el plan inicial quedarían al menos dos semanas para que las provincias más avanzadas en la desescalada se encuentren en “nueva normalidad” tras superar las tres fases previas, informa Irene Castro.