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Lezama aprueba, con el rechazo de su interventora, instalar una gasolinera en una zona agrícola

La alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia./EDN

El Ayuntamiento de Lezama ha aprobado, con el informe negativo de la interventora municipal, un convenio para ubicar una gasolinera en suelo no urbanizable y de alto interés agrícola. El pleno municipal, solo con los votos del PNV, concedió el pasado 5 de marzo el visto bueno a la operación urbanística con una “contrainforme” de un asesor jurídico externo que avala el acuerdo.

La alcaldesa de Lezama firma un convenio para instalar una gasolinera en un área agrícola

La alcaldesa de Lezama firma un convenio para instalar una gasolinera en un área agrícola

La alcaldesa de Lezama, la peneuvista Alaitz Etxeandia (quien quien desde hace siete años impulsa un plan urbanístico para edificar pisos en un solar de su familia, en zona inundable y ya ha recibido varias sentencias judiciales contrarias por sus planes urbanísticos), firmó en septiembre un acuerdo con los promotores de la gasolinera en el que se aseguraba que esa área es “suelo urbanizable no sectorizado”. Pero esta determinación solo aparece en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pendiente de aprobación definitiva.

El asunto fue llevado al último pleno pero la alcaldesa había recibido varias semanas antes el informe negativo de la interventora municipal, que justificaba su decisión en que el convenio es “nulo” mientras no esté aprobada la recalificación, que “resulta totalmente imposible que el Ayuntamiento de Lezama pueda dar cumplimiento” a los compromisos adquiridos por la alcaldesa con el promotor de la gasolinera y alerta de que puede haber reclamaciones económicas si no se llevaba a cabo la recalificación. Y por ello propone, en su informe firmado el 14 de febrero, aprobar un nuevo convenio para cumplir con “los trámites legalmente establecidos”.

Etxeandia hizo caso omiso a la interventora y presentó al pleno el informe del asesor externo, fechado el 24 de febrero, en el que avala la firma del convenio y rechaza que puede haber perjuicios.

Los argumentos de la interventora coinciden con las alegaciones que ha presentado la plataforma vecinal Lezama Bizirik, que en enero denunciaron la nulidad del convenio al no estar realizada la recalificación y que, en cambio, “si puede haber compromisos económicos derivados de reclamaciones de la otra parte por incumplimientos” del consistorio.

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