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Nuevo “cerrojazo” del Ejecutivo a la información exigida por la oposición

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, y el portavoz Erkoreka.

Aitor Guenaga

Llueve sobre mojado en relación a la “falta de transparencia” del Ejecutivo de Urkullu, según los socialistas vascos. El PSE-EE ha solicita el amparo de la Mesa del Parlamento ante la “actitud prepotente y obstruccionista” del Ejecutivo a la labor de control de los parlamentarios“ por negarse, en este caso a remitirles el acuerdo firmado el pasado 4 de diciembre entre el Museo Guggenheim Bilbao y la Fundación Solomon Guggenheim de Nueva York. La pasada semana, los socialistas ya denunciaron la decisión del Gobierno de no informar trimestralmente a la Cámara sobre los contratos menores de los departamentos y de hacerlo solo anualmente.

El motivo de la nueva queja del partido de la oposición es la negativa de la consejera de Educación y Cultura, Cristina Uriarte, a enviar a la Cámara el texto del acuerdo. El parlamentario socialista Vicente Reyes había solicitado información documentada en relación con ese acuerdo sobre el museo y el plazo del Gobierno para contestar, conforme al Reglamento del Parlamento, se fijó para el 9 de enero.

“Pues bien, a pesar de ello, nos encontramos que en la fecha en la que el Gobierno debiera haber remitido aquel acuerdo, en su lugar, este Parlamento recibe un documento en el que la señora consejera solicita que se amplíe el plazo de respuesta porque ”se precisa de un tiempo adicional para la elaboración de la correspondiente respuesta“, según denuncian los socialistas.

El PSE considera como mínimo “curioso que, habiendo pasado mes y medio desde la formulación de aquella solicitud de información documentada, la consejera necesite de más tiempo para fotocopiar y remitir el acuerdo solicitado, que es lo que simple y llanamente se le ha pedido, dado que, queremos recordar, conforme al artículo 11 del Reglamento del Parlamento vasco, queda obligada a la puesta en disposición del Parlamento, en los plazos reglamentariamente fijados, de cuanta documentación obre en su poder y le sea solicitada”.

Fuentes del Departamento que dirige Uriarte han precisado que hicieron la petición de comparecencia inmediatamente después de la aprobación del acuerdo, la primera semana de diciembre. Lejos de querer obstruir la labor de la oposición o de dilatar los plazos, las mismas fuentes señalan que no se ha remitido porque es la propia consejera la que quiere explicar los detalles del acuerdo.

“Labor de control”

Los socialistas ven una clara “maniobra dilatoria” por parte de consejera, “confirmado” el pasado 16 de enero cuando, tras la remisión del acuerdo de la Mesa de ampliar en 10 días el plazo de respuesta la consejera Cristina Uriarte remite a la Cámara un nuevo documento en el que responde: “El Gobierno vasco, junto con la Diputación Foral de Bizkaia, ha trabajado para alcanzar

el mejor acuerdo posible con la Fundación Salomon R. Guggenheim. Dicho acuerdo fue aprobado el 3 de diciembre de 2014 por el Patronato, y será expuesto próximamente ante el Parlamento, para lo que se ha solicitado, a fecha 4 de diciembre, comparecer por voluntad propia ante la Comisión de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes

El PSE interpreta que la consejera Uriarte “no va a proceder a la remisión de esta documentación a la que viene obligada, porque no quiere entregarla hasta que ella comparezca en Comisión. Es evidente que esta actitud es claramente contraria al Reglamento del Parlamento (art. 11) y a los múltiples informes interpretativos emitidos por los servicios jurídicos de la Cámara. Pero, lo que es más preocupante, pone en evidencia una actitud ocultista, oscurantista y ajena a cualquier principio de transparencia en la gestión pública”, según la iniciativa presentada por el Grupo socialista en la Cámara.

“La consejera, con la actitud manifestada, pretende que los parlamentarios no tengamos acceso a la información solicitada hasta el mismo momento en el que ella proceda a comparecer para, sin duda, evitar que los miembros de este Parlamento puedan efectuar con todas las garantías que nos asisten la labor de control que tenemos encomendada”, denuncian.

Las fuentes del Departamento de Educación consultadas reiteran que no ha habido ninguna intención de hurtar información a la oposición y que la razón última para solicitar la ampliación del plazo para contestar era porque estaban cuadrando la fecha de la misma.

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