Seis sentencias y hasta 11.000 recursos amenazan al Gobierno de Urkullu por el cierre de bares en pandemia

El cierre de la hostelería durante la pandemia en diferentes fases y formatos puede acabar pasando una importante factura al Gobierno de Urkullu. La sentencia hecha pública este martes, que da la razón a los hosteleros frente a los cierres de bares decretados durante dos momentos críticos de la pandemia, en diciembre de 2020 y en enero de 2021, es la segunda en la misma dirección y puede no ser la última. Según confirman fuentes judiciales a elDiario.es/Euskadi, todavía quedan pendientes otra media docena de sentencias relacionadas con recursos de los hosteleros que, dada la jurisprudencia que está sentando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), podrían ir en la misma dirección de las dos anteriores y considerar que los decretos del Gobierno cerrando los establecimientos hosteleros como medida para evitar los contagios de la COVID-19 no están suficientemente justificados.

De entrada, el Gobierno tendrá que hacerse cargo de las costas procesales de las dos sentencias que le son desfavorables, pero, además, ambas abren la puerta a que los hosteleros presenten reclamaciones individuales por el dinero que perdieron a consecuencia del cierre decretado por el Ejecutivo. Fuentes del sector señalan que las medidas afectaron de una forma u otra al 85% de los alrededor de 13.000 establecimientos hosteleros que hay censados en Euskadi. Esto supone que el Gobierno vasco podría enfrentarse a alrededor de 11.000 reclamaciones. Estas deberán presentarse a título individual, por cada uno de los establecimientos hosteleros, y no serán fáciles de elaborar, ya que deberán especificar las ganancias anteriores y la estimación de pérdidas que les supuso el cierre. Las cantidades serán muy diferentes de unos establecimientos a otros. En primer lugar, por el tamaño e ingresos monetarios en unos y otros; en segundo lugar porque las medidas restrictivas no afectaron a todos por igual, sino que tuvieron que cerrar en la medida en que el municipio en el que se encuentran entraba en la zona roja con la que se medía la peor situación en durante la pandemia. Unos bares pudieron estar cerrados durante muchas semanas y otros solo unos días. Esto hace que sea casi imposible hacer un cálculo aproximado de a cuánto podrían ascender las posibles reclamaciones.

En cualquier caso, los hosteleros no podrán empezar a reclamar hasta que la sentencia sea firme. El Gobierno vasco no ha determinado todavía si recurrirá esta última decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia anterior decidió no recurrirla y ya es firme. “Quedará abierta la vía del recurso. Espero a las indicaciones que nuestros servicios jurídicos nos den”, ha dicho el portavoz Bingen Zupiria sobre un posible recurso ante el Supremo. En el caso de que tampoco recurra la publicada este martes, deberá pasar un periodo de 30 días hábiles antes de que se considere firme y puedan empezar a plantearse las reclamaciones.

Las asociaciones de hosteleros de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava mostraban ayer su satisfacción por el fallo, y aunque ya anuncian a sus asociados que se abre la puerta a reclamar lo perdido, preferían ser prudentes y esperar que la sentencia sea definitiva. En cualquier caso, la nueva sentencia supone un triunfo claro para ellas que recuerdan que “la responsabilidad patrimonial de la Administración es muy clara”, como señala Héctor Sánchez, de la asociación de hosteleros de Bizkaia. Kino Martínez, representante de los hosteleros guipuzcoanos asegura que ha quedado demostrado que el Gobierno vasco “lo hizo muy mal” al “atacar siempre a la hostelería sin datos que lo demostraran”, cuando, según recuerda, contaban con informes que demostraban que la mayor parte de los contagios en esa época se producía en en entorno laboral o educativo, no en el ocio. Sin embargo, este argumento sí ha sido desechado por los tribunales, que inciden en que la transmisión en espacios cerrados donde no se usa mascarilla habitualmente es mucho más probable. Martínez lamenta en daño que se ha hecho a la hostelería, un sector al que se cogió como “chivo expiatorio”.    

Procesalmente, el procedimiento para la reclamación es idéntico a otros de negligencias de la Administración, como una reclamación por un error médico o por una caída a causa de una baldosa rota. El período es de un año. Si la institución no atiende la indemnización, hay posibilidad de recurso contencioso-administrativo en primera instancia y, posteriormente, el caso podría llegar al Superior.