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Todos contra Vox en el Parlamento Vasco en su intento de criminalizar y expulsar a los menores extranjeros

Amaia Martínez Grisaleña, única representante de Vox en el Parlamento Vasco

Este jueves, en la sesión plenaria que celebra el Parlamento Vasco, ha quedado en evidencia que el único escaño que tiene Vox en el Parlamento Vasco es una excepción y una isla. Los otros 74 parlamentarios, representantes de formaciones tan variadas en lo ideológico como PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, se han opuesto al intento de la parlamentaria de ultraderecha, Amaia Martínez Grisaleña, de vetar con una votación la llegada de 15 menores extranjeros procedentes de Canarias con una justificación en la que aludía a supuestos incrementos de la delincuencia, a su participación en botellones e incluso a que podrían acabar enrolándose en EH Bildu. No obstante, en aplicación del cordón sanitario que la mayoría de grupos practica contra Vox, solamente PP+Cs ha salido a la tribuna para dar la réplica a los argumentos de Martínez Grisaleña y a defender que haya solidaridad entre las comunidades autónomas ante la llegada de migrantes, aunque ha admitido que comparten el diagnóstico de que la inmigración “ilegal” es un problema para España.

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En un ejercicio de 'excusatio non petita...', la representante de Vox se ha esforzado en el mismo arranque de su discurso en intentar remarcar que su veto a los “menas” -no se ha referido en ningún momento a estos adolescentes con otro calificativo- no es una “criminalización” y ha acusado a los medios “afines” al resto de partidos de señalarles por ello. Sin embargo, aunque ha orillado algunas de las referencias más duras del informe con el que forzó la votación que ha tenido lugar este jueves, que fue adelantado por este periódico, sí ha mencionado que hay una relación causal entre la llegada de extranjeros y la subida de los delitos. “Si fueran solidarios y tuvieran un halo de humanidad, deben ser devueltos inmediatamente a su lugar de origen”, ha retado Martínez Grisaleña otorgando a Euskadi unas competencias de las que no dispone.

El debate trae causa de un convenio del Gobierno vasco y las tres diputaciones, que son competentes en servicios sociales y tutela de menores, firmado con las autoridades autonómicas de Canarias. Hay acuerdos similares con Ceuta y Melilla. Pocas veces en la historia parlamentaria la oposición había forzado a que la Cámara valide con sus votos estas actuaciones discrecionales del Ejecutivo y, desde luego, nunca había ocurrido con la llegada de migrantes hasta la irrupción de la ultraderecha en la escena política vasca. Martínez Grisaleña se ha jactado de ello en la tribuna y ha asegurado que hay “efecto llamada” y que se vende a los extranjeros un mundo “muticolor” cuando ni siquiera hay políticas para los jóvenes autóctonos. “No lo dice Vox, lo dicen las listas de Lanbide”, ha ironizado sobre el alto paro juvenil. Y ha dejado frases como “merodean por nuestros barrios” a pesar de que su pretendido objetivo era no “criminalizar” a los menores extranjeros no acompañados. Finalmente, ha considerado una “barbaridad” el volumen de “menas” en Euskadi. Con este convenio llegarán 15 a un territorio que ha tenido más de 900.000 entradas de turistas en verano.

Desde el inicio de la legislatura, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE -aunque en este caso con algunas excepciones- no dan la réplica a los propuestas de Vox. Por ello, solamente el portavoz de la coalición de PP y Ciudadanos, Carmelo Barrio, ha salido a la tribuna a contrarrestar dialécticamente los argumentos de este partido, aunque no ha usado tampoco su segundo turno. “Con todo el cariño, no creo que el planteamiento de oposición sea el mejor. Si una comunidad autónoma española pide colaboración, no podemos darle la espalda”, ha enfatizado Barrio. Ha pedido igualmente que no se “mezclen” debates y argumentos y ha recordado que la competencia de expulsión de extranjeros no recae en las comunidades autonómicas, ni en Canarias ni en Euskadi, sino en el Gobierno central. “Señora Martínez, compartimos la preocupación que la inmigración ilegal crea en nuestro país. Se complica de una manera clara en las fronteras de la Unión Europa. Es una inmigración masiva que pone en riesgo la vida de tantas personas y tiene dimensiones sociales, sanitarias y de seguridad”, ha argumentado Barrio. Pero ha terciado: “Si se desbordan las capacidades de la comunidad autónoma de Canarias, eso debe generar una solidaridad en el resto de las comunidades. Hay colaboración y comprensión en el resto de España”.

El resto de partidos se ha limitado a seguir con atención la exposición de Martínez Grisaleña desde sus escaños y a apretar el botón de 'no' en la votación de la propuesta de Vox. Se da la circunstancia de que el debate llega después de que una joven que fuera candidata por este partido en unas elecciones de 2015 denunciara en Vitoria haber sido agredida por un grupo de cuatro menores magrebíes. Después de una investigación detallada, la Ertzaintza ha comunicado a un juzgado que entiende que esta denuncia es falsa y que la joven simuló el delito. No solamente eso, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha deslizado ya que esa denuncia falsa se hizo para criminalizar a un colectivo muy determinado.

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