Familiares de residentes en la Asistida de Cáceres presentan querella contra la dirección

Más de una veintena de familiares de residentes afectados por coronavirus en la residencia de mayores El Cuartillo “La Asistida”, en Cáceres, han firmado una querella contra la dirección del centro por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.

Aún están pendientes por sumarse más familiares, a falta de recoger su documentación y testimonio, y en el curso de las diligencias no se descarta que se acrediten otros delitos, según ha afirmado el abogado Marco Antonio Tobías.

El letrado justifica la querella, con una matiz “emocional”, presentada ante los juzgados de instrucción de Cáceres por la “negligente gestión” de la residencia durante la pandemia, y solicita que se les traslade las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Provincial.

El escrito recoge algunos testimonios de los familiares, circunstancias como que en el caso de una residente que pasó en un día de “estar bien, aunque no come, según la residencia”, a ingresar en el hospital en “estado de extrema gravedad, anoréxica y agónica”.

Según la querella, la directora prohibía a los trabajadores llevar mascarillas en los primeros días de la pandemia para que no levantaran alarma entre los residentes, según les contaban a los familiares, y residentes con dieta blanda, sin dentadura, se podían ver en las videollamadas con sus familiares con un plato de judías verdes y carne picada para comer.

“Algunos de los ancianos infectados los aislaban simplemente dejándolos en el pasillo”, ha relatado Marco Antonio Tobías, quien apunta que a algunos familiares les llamaban por la mañana para decirles que su familiar estaba bien, y por la noche para decirles que había fallecido, “llamando igualmente a otros por error para trasladarles la defunción”.

Además, utilizaban, según el relato de los familiares, ropa de otros residentes intercambiándosela “a pesar del confinamiento” y les pedían que no llamaran a la residencia, porque “lo único que hacían era molestar”, pues “si sus familiares fallecían, ya les llamarían ellos”.

“Hemos pedido que se tome declaración a la directora de la residencia, a un par de empleados y que se requiera la documentación, porque muchas veces los familiares carecen del certificado de defunción, los protocolos del SES y del SEPAD, los informes médicos de los residentes”, ha expuesto Tobías.

Además, los abogados irán aportando vídeos y fotografías a los juzgados de los hechos denunciados a lo largo de la instrucción, y una vez que avance la vía penal, se procederá a la calificación del delito, pidiendo las penas oportunas, aunque, según ha señalado Tobías, no es el momento ahora en el procedimiento.