Vergeles defiende la “legalidad” en la adjudicación del contrato de ambulancias

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado este jueves que en el nuevo contrato del servicio de transporte sanitario terrestre ha primado “la legalidad, la transparencia y el dejar actuar a los técnicos”, algo puesto en duda por los grupos de la oposición, que han hablado de “dedazo” en la adjudicación y de “recortes”.

El también vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea, a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura, para informar sobre esta licitación, que finalmente se ha adjudicado a la empresa extremeña Ambuvital -prestadora actual del servicio en base a un contrato de urgencia tras la marcha de Ambulancias Tenorio- después de la renuncia de las dos mercantiles que, en un primer momento, se hicieron con el concurso.

“¿No le resulta raro que las dos empresas que licitan y consiguen ganar el concurso renuncien?”, le ha preguntado el diputado de Unidas Joaquín Macías, quien también ha aludido a la “maravillosa casualidad” de que sea Ambuvital la que finalmente se ha hecho con los dos lotes del concurso actual.

“Creo que no es normal”, ha aseverado el diputado, una línea en la que también se ha manifestado al portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, al afirmar que lo que ha existido en este caso ha sido un “dedazo”, una “cacicada multimillonaria” con una adjudicación a una empresa que ya tuvo un contrato prorrogado “una y otra vez” con la “excusa” de la pandemia y en base a una urgencia que el Tribunal de Cuentas “decía que no existía”.

El consejero les ha respondido que es “inaudito” que las decisiones que toma una mesa de contratación se sometan al debate político y les ha instado a preguntar a las empresas, y no a él, por qué se han retirado del concurso.

Ha resaltado el trabajo de los técnicos y lo “escrupuloso” de todo el procedimiento de contratación, “que ha resistido envites de trabajadores, empresas, comisiones de investigación, sentencias y recursos”.

“En todos y cada uno de los envites ha habido un gobierno que ha respetado las mesas de contratación en todo momento y así lo seguiremos haciendo”, ha manifestado Vergeles, que ha afirmado que “ni un solo recurso nos ha tumbado nada” y que, a día de hoy, no se ha interpuesto ninguna denuncia contra el nuevo contrato, que espera entre en vigor en un mes.

Ha lamentado, además, que anteriormente se criticaba que el concurso no se lo quedaban las empresas extremeñas y hoy que se lo queden, así como que se quedara desierto y ahora que solo han concurrido tres mercantiles.

Al margen de ello, ha recalcado que frente a la oposición, “que defiende intereses empresariales o de los trabajadores”, el Gobierno regional vela por el interés de los usuarios del transporte, y ha resaltado que “en ningún momento” se ha dejado de prestar el servicio.

El diputado de Cs José María Casares ha criticado a Vergeles por vender como éxito de gestión algo que ha sido un “absoluta fracaso” con siete años de cronología, le ha recriminado que solo pactara “con los de siempre” -en alusión a CCOO, UGT y la CREEX-, y le ha reclamado “un gran pacto por el transporte sanitario que lo deje fuera del debate político”.

Casares ha exigido además “paz social” con los trabajadores y que la Junta garantice que en la empresa se cumple la legalidad laboral, algo sobre lo que también ha incidido Macías al lamentar que el convenio colectivo está congelado desde 2017 y que hay trabajadores con nóminas de 850 euros, por debajo del salario mínimo interprofesional.

El consejero ha deseado que trabajadores y empresas se pongan de acuerdo en un nuevo convenio colectivo pero ha aclarado que el hecho de que Sanidad saque el concurso “no significa que tenga que ir a controlar el cronómetro de las ambulancias, ni como le trata el empresarios al trabajador o al revés”, dado que para eso existen otras garantías.

El diputado de la formación morada ha vuelto a reclamar una gestión pública del servicio y ha denunciado además que los recortes de la anterior licitación se mantienen en ésta, con zonas que se van a quedar sin ambulancia de soporte vital básico provocando de este modo un “trato desigual” a los extremeños y un mayor riesgo de que no se llegue a tiempo.

“Me gustaría saber dónde están los recortes a día de hoy. No hay recortes, en los sitios donde se ha quietado el soporte vital básico es porque es cuestión también de oportunidad y seguridad”, le ha espetado el consejero, para quien se está ofreciendo una cobertura “excelente”.

Por su parte, la diputada de PSOE María de la Cruz Buendía, ha instado al resto de grupos parlamentarios a dar una “oportunidad” al nuevo contrato en lugar de seguir haciendo ruido, ha reconocido que la complejidad de este servicio lo está convirtiendo en foco de conflictividad en muchas comunidades autónomas y ha subrayado que, en el caso de Extremadura, ningún usuario se ha quedado sin el servicio “viva donde viva”.