A juicio cuatro excargos de la Xunta y del PP junto al principal imputado en el caso Campeón
El primero de los casos de corrupción que han marcado el paso de la vida política gallega en la última media década se encamina hacia el juicio. El titular del juzgado de instrucción número tres de Lugo acaba de decretar la apertura de juicio oral en la operación Campeón, la presunta red corrupta creada en torno al empresario lucense Jorge Dorribo que llegó a salpicar, en el momento de su estallido, hace cinco años, al que entonces era todo el arco parlamentario de Galicia. Ahora Dorribo se enfrenta a la petición de hasta 24 años de cárcel que había formulado la Fiscalía en 2014 y junto a él tendrán que sentarse en el banquillo varios excargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Xunta, y el antiguo diputado del PP Pablo Cobián, que dimitió tras ser imputado y para quien el fiscal había pedido nueve años de cárcel en su escrito de acusación.
Créditos públicos apoyados en facturas falsas y con el exdiputado como intermediario, falsedad, sobornos, blanqueo o delitos contables salpicaron una prolongada investigación que toca de lleno a quien fuera director del Igape, Joaquín Varela, detenido al inicio del proceso. Junto a él será juzgado también el exsubdirector de información del ente público, Carlos Silva, y la responsable de Financiación de la entidad, Cristina Quintela. Varela, Silva y Quintela tendrán que responder de sus respectivos dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, los mismos que se le imputan a Cobián, acusado además de tráfico de influencias, según el auto dictado el pasado día 10 a lo que ha tenido acceso eldiario.es.
La lista de supuestos delitos cometidos por Dorribo es más amplia. La Fiscalía le acusa de hasta ocho en diferentes modalidades: deliquir contra la Hacienda pública y de cometer falsedad en documento mercantil, soborno, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible. En su calidad de acusación particular la Xunta le imputa además la falsificación de certificados. El resto de las personas acusadas por el Ministerio Público y la Administración autonómica son responsables o empleados de la empresa de Dorribo y de otras con las que trabajaba, como la constructora Proitec.
La acusación de la Xunta se extiende a nueve de las trece personas a las que acusa el Ministerio Público, toda vez que deja fuera a los antiguos responsables del Igape y a quien había sido diputado por el PP y candidato a la alcaldía de Oleiros (A Coruña). Se ciñe, por lo tanto, a Dorribo y sus colaboradores, pero no a los excargos públicos. La Agencia Tributaria, por su parte, acusa sólo a Dorribo.
Además de la petición de prisión Dorribo tendrá que afrontar, antes del propio procedimiento, el depósito de una fianza de 621.610 euros para asegurar que abonará las indemnizaciones a las que pueda ser condenado. Del mismo modo, Dorribo y nueve personas acusadas más, entre ellas el exdirector del Igape y el exdiputado del PP, tendrán que depositar una fianza de 3,9 millones de euros de forma “conjunta y solidaria” para “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que puedan tener que afrontar si son condenados. Si no realizan el pago, advierte el auto, les serán embargados bienes por un importe equivalente.
Cinco años de procedimiento
El caso Campeón estalló en mayo de 2011, poco después de las elecciones municipales de aquel año, y lo hizo con un registro policial en la sede del Igape y en las instalaciones de laboratorios Nupel en Lugo, ordenado por la jueza Estela San José, ahora destinada en Huelva, quien en otoño de 2014 ya había dejado concluida la instrucción, antes de su traslado. Durante los siguientes meses la investigación se extendió hasta implicar a una cuarentena de personas, entre ellas destacados políticos de PP, PSOE y BNG, esencialmente a causa de las declaraciones de Dorribo.
Así, el exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSdeG), y el exministro de Fomento, José Blanco, estuvieron imputados al acusarlos el presunto líder de la trama de haber recibido dinero de su mano a cambio de gestiones políticas. No obstante, el caso contra Orozco fue archivado en verano de 2012 y el de Blanco tuvo el mismo destino en el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, al año siguiente. En lo referido al exconselleiro del BNG Fernando Blanco, San José había dictaminado la apertura de una pieza separada tras examinar un informe en el que Hacienda indicaba que no existían pruebas de que Dorribo le hubiese cantidad alguna. La competencia para juzgar el caso es ahora, según se estipula en el auto del juez, de la Audiencia Provincial de Lugo.
