La ONU escucha a las víctimas gallegas del franquismo para “magnificar” sus voces

La ONU ha podido comprobar de nuevo cómo el Estado español sigue sin hacer nada por reparar a los represaliados por el franquismo. Lo ha hecho a través de su ponente especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, que se reunió en Compostela con las organizaciones coordinadas en la Iniciativa Gallega por la Memoria (IGM) y con víctimas de la dictadura fascista en España.

De Greiff escuchó con atención los relatos de numerosos colectivos y víctimas que le reiteraron con detalle la represión sufrida, la desaparición de millares de personas, los asesinatos o las fosas existentes en Galicia, así como la permanencia de la simbología franquista o el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, los honores y distinciones a altos cargos del franquismo o el inexistente apoyo a la querella argentina contra la dictadura. Y lo ha hecho en su visita a Galicia, dentro de una visita a España –donde lleva desde el pasado día 21– que lo ha llevado también a Madrid, Cataluña y Andalucía.

Con todos los datos recogidos, De Greiff colgará en la web de su organismo las conclusiones de su viaje a España tras anunciar que sobre el mes de mayo su equipo tendrá redactadas las recomendaciones al Gobierno de España en materia de derechos humanos, que serán publicadas y notificadas al Ejecutivo alrededor del mes de octubre. Será, según todas las previsiones, un nuevo “tirón de orejas” a la Administración. El ponente de la ONU espera que los informes “sirvan a corto, medio y largo plazo para solucionar la posibilidad de ejercer los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

No obstante, Pablo de Greiff coincide con varias de las víctimas y asociaciones al asegurar que reiterar las recomendaciones de la ONU al Gobierno español en materia de derechos humanos en lo que se refiere al franquismo “ya es inútil” y recuerda que las Naciones Unidas no tienen capacidad de imponer resoluciones a países soberanos. Lo que sí deja claro es que su papel consiste en “magnificar y darle ampliación a las voces de las víctimas” para de este modo “formar mecanismos que impidan la pasividad de los gobiernos en materia de memoria histórica”.

Durante los relatos, Rubén Afonso, portavoz de la IGM, recordó todas las anomalías democráticas del Estado respecto a la dictadura franquista, destacando la total falta de colaboración del gobierno del PP, quien negó cualquier ayuda económica a las asociaciones que se ocupaban de exhumar a las víctimas, “cuando tendría que ser el propio Estado quien se hubiera hecho cargo de esa responsabilidad”.

Así, se sucedieron reivindicaciones de distintos portavoces de asociaciones, como la de Xoán Carlos Garrido, de Sinhor Afranio de Silleda, que incidió en censurar la Ley de Amnistía; o la de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de la comarca del Barbanza, que denunció el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, la eliminación por parte de la Xunta del proyecto Nomes e Voces o las trabas burocráticas y la nula ayuda económica para acceder a las fosas.

Valentín García Bóveda, presidente de Verbo Xido y directivo de la Fundación Alexandre Bóveda, pidió además que se incluya en el sistema educativo el estudio de la represión franquista para evitar “que haya actitudes de justificación de la dictadura”. Enriqueta Otero, de la CRMH de Marín, hizo un llamamiento para mejorar el acceso a los archivos para la investigación del franquismo.

Por otra parte, Telmo Comesaña, de la Asociación Viguesa Memoria do 36, informó sobre la sistemática denuncia de la simbología franquista que aún permanece en Vigo, sobre todo en lo relativo a la Cruz del Castro, mientras que Antonio Nores, de la Asociación de la Memoria Histórica de Cangas, criticó que no se hagan las pruebas de ADN en Galicia a las víctimas, cuando existe uno de los mejores laboratorios y reclamó que se elabore un protocolo por parte del gobierno en materia de fosas.

Claudio Rodríguez Fer, de la Asociación pola Dignificación das Vítimas del Fascismo en Lugo criticó también el efecto doble de la represión a las mujeres, quienes, además de sufrir el franquismo más reaccionario, “tuvieron que pechar con la represión de género que el régimen fascista de Franco realizó sobre ellas” y censuró también la dedicación de calles a Manuel Fraga Iribarne. Desde la CRMH de A Coruña, se destacó la permanencia actual del Pazo de Meirás como propiedad de la familia Franco, con el consentimiento de la Xunta, e hizo una condena de la concesión de títulos nobiliarios a destacados franquistas, con derechos económicos para sus descendientes, así como del mantenimiento de las calles dedicadas a cargos de la dictadura.

La experiencia de las víctimas

Luego, fue el turno de las víctimas. Manuel de Cangas, Antonio de Vigo, Dolores y Andrés de Ribeira, Manuel Monge de A Coruña... Todos ellos relataron emocionados las experiencias vividas por sí mismos o por sus familiares tan solo por “defender la justicia”. Además, destacaron la interiorización del “miedo más profundo” de sus vidas y que les hizo temer “pensar, actuar, vivir o incluso ser”.

A continuación intervinieron otros representantes de asociaciones, como Lorena, que acudió para contar el caso de la CNT, que contaba con 40.000 afiliados en 1936 en Galicia y que está bajo mínimos en la actualidad. 500 de esos militantes fueron asesinados en Galicia. Ana Pontón, diputada del BNG, denunció el incumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos, en el tema de la impunidad del franquismo, criticando también la llamada “transición” como un pacto entre los poderes fácticos y el franquismo.

Ya por último, el escritor Manuel Rivas intervino para denunciar que el gobierno español esté en un proceso de “coartar el cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos”. Así, destacó que el PP, nada más ganar las últimas elecciones, cerró la Oficina para las Víctimas del Franquismo y el propio Rajoy declaró que no iba a destinar “ni un solo euro para recuperar el pasado”. Rivas también sostuvo la necesidad de que sea el Estado el que haga el censo de las víctimas, que calculó en más de 150.000 en todo el Estado, para finalizar diciendo que fue el ex juez Baltasar Garzón el único “condenado por los crímenes franquistas en el Estado español, al tener la intención de investigarlos”.