El PP culpa al “obstruccionismo” de la oposición de la rebaja en la mayoría necesaria para elegir al director de TVG

El proyecto de ley de reforma de la CRTVG da un nuevo paso. El texto ha esquivado este martes las dos enmiendas a la totalidad -una de ellas, con texto alternativo- presentadas en la Cámara gallega por los grupos de la oposición, BNG y PSOE. Lo hizo gracias a la mayoría absoluta del PP que, si la norma sale adelante, será suficiente para elegir al director general de la corporación, frente a la mayoría cualificada que se necesita actualmente. Una “delirio de poder”, un “atropello” para las fuerzas de izquierda del que, sin embargo, los populares los hacen directamente responsables al acusarlos de “obstruccionismo político”. La votación ha coincidido con una jornada de huelga en los medios públicos contra una ley que empieza ahora su trámite parlamentario.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, fue el encargado de defender un texto que, 40 años después del nacimiento de la CRTVG, ofrece el “ajuste” al nuevo marco normativo en tiempos de cambio de “patrones de consumo”. “Es inapelable: situaciones nuevas exigen nuevos marcos regulatorios para dar respuesta a retos y necesidades existentes”.

Para “disipar cualquier duda”, Calvo se explayó en tratar de desmontar una de las críticas recibidas por el proyecto: la apertura a otras lenguas que no sean el gallego. Tras releer que la misión de los medios públicos es “promover, difundir e impulsar la lengua” se paró en el artículo de la discordia, ese que -tras aceptar enmiendas del Consello da Cultura Galega o la Mesa pola Normalización Lingüística- asegura que el gallego será el idioma de sus programas, contenidos y servicios -tanto de producción propia como ajena- “sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otras lenguas cuando así lo justifique la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma”. “Fuera de la comunidad autónoma” repitió para “evitar confusiones seguramente interesadas”.

Pero la gran piedra de toque -la que la oposición ve como motivo real de la nueva norma- es el método de elección del director xeral de la corporación. Calvo habló de una “sincera mano tendida” para obtener un consenso que, si no se alcanza en el plazo de un mes -primero con una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara y, después, de tres quintas partes- permitirá al Gobierno nombrar al máximo responsable de los medios públicos a dedo, utilizando su mayoría absoluta. Apeló a la “responsabilidad” del resto de grupos para “evitar interinidades indefinidas o, incluso, situaciones esperpénticas como la vivida en RTVE”.

Interinidad indefinida es una definición bastante ajustada a la trayectoria del actual director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo. Nombrado por Alberto Núñez Feijóo tan pronto como llegó a la presidencia de la Xunta, en 2009, su mandato caducó un lustro después pero, ante la falta de acuerdo para su relevo, el PP introdujo en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 una modificación que le permitía quedarse “provisionalmente” en el cargo mientras no se decidiese su reemplazo. A punto de cumplir 76 años, encausado por un supuesto acoso laboral y con el hombre al que juró lealtad en Madrid, Izquierdo carecía de estímulos para continuar. La nueva ley abre así la puerta a la designación de un sustituto que el PP se negó a tratar de consensuar con la oposición durante estos tres lustros.

BNG: “Asalto a los medios públicos”

La nacionalista Olalla Rodil sustentó el rechazo “casi unánime” provocado por la ley en tres razones. La primera, el incremento del control político. Recordó las veces que el BNG llevó al Parlamento la propuesta de negociar la renovación de Sánchez Izquierdo a la que el PP “votó alegre y entusiásticamente en contra”. “No les interesa la negociación, sólo poner a dedo a una persona afín que siga haciendo de correa de transmisión de los intereses del PP”.

El segundo motivo, el uso de otras lenguas fuera del territorio gallego “inadmisible en cualquier circunstancia” pero “de vergüenza” cuando el idioma propio está en mínimos históricos, mientras llegan “reconocimientos y premios internacionales” a producciones “en lengua propia”.

El tercero, que el nuevo texto “fulmina” los derechos profesionales y de participación de la plantilla de la CRTVG “después de que les fuesen negados durante más de una década” por un PP que “vetó y boicoteó” la creación del Estatuto de Redacción y el Consello de Informativos previstos en la ley de 2011.

Como ejemplo, Rodil reiteró la información falsa difundida por el Telexornal de la TVG según la que el BNG no acudió al acto de homenaje al 75 aniversario de Castelao, cuando allí estaban presentes la alcaldesa de Santiago y ella misma, entre otras representantes de la formación. La viceportavoz del Bloque anunció la apertura de medidas legales ante la decisión del canal público de no rectificar la noticia, algo que sólo hizo en redes sociales y no en antena.

Para frenar situaciones como ésta, los nacionalistas proponían un texto propio en el que el director xeral de la CRTVG fuese nombrado por concurso público y el Consello de Informativos fuese una realidad seis meses después de la entrada en vigor de la norma. “Una alternativa al atropello democrático, al asalto a los medios públicos” planteado por los populares.

PSOE: “Delirio de poder y control”

Antes, la primera réplica la ofreció la diputada socialista Silvia Longueira, quien empezó -como harían luego el resto de oradoras- saludando a los representantes del Colexio de Xornalistas, la Mesa do Audiovisual y el comité intercentros de la CRTVG, entidades todas ellas opuestas al nuevo texto legislativo que Longueira definió como “un delirio de poder y control”.

La parlamentaria habló de “puesta en escena” por parte de un PP que construyó una “caverna” de manipulación en los medios públicos, que lleva 15 años “estrangulándolos sin pudor” mientras “anula la carrera” de los profesionales que “le plantan cara”. “Cabalgan ustedes en la fina línea que transita entre la crueldad y la manipulación”.

La desaparición de la ley del Consello de Informativos y el Estatuto de Redacción supone, para Longueira, un “desprecio absoluto por la deontología profesional”. El Consello Asesor por el que se sustituye -cuyos miembros estarán formados, en su práctica totalidad, por órganos controlados por el PP- permite a la Xunta incluir en él “a todos los cargos políticos que les vengan bien, incluidos alcaldes”.

La “cúspide de la pirámide”, el nombramiento del director xeral por mayoría absoluta, permitirá “que la línea editorial sea tan diversa como un monólogo”. Longueira señaló que en la ley no se ponen límites a un mandato “renovable”, por lo que se pregunta si será “renovable indefinido”.

Como conclusión, la parlamentaria del PSdeG definió el texto como “un ejemplo magistral de cómo disfrazar el control politico y la destrucción de la identidad cultural de modernidad”, una “jugada turbia de camarillas de poder” que los manipuladores del futuro podrán utilizar “como modelo a seguir”.

PP: Que la oposición facilite el acuerdo

La respuesta desde las filas populares llegó de manos de la diputada Carmen Pomar. La que fue conselleira de Educación durante media legislatura con Feijóo no evitó ninguno de los lugares comunes del argumentario popular: desde retrotraerse al bipartito -el gobierno PSOE-BNG entre 2005 y 2009- a los males del sanchismo, sus “ataques al pluralismo” y su “colonización de las instituciones”.

Sin embargo, en su papel de oposición de la oposición, Pomar aportó un argumento nuevo para justificar el cambio en el modelo de elección del director xeral: evitar un “obstruccionismo” del que culpó a los grupos de izquierda porque “no les interesa llegar a acuerdos”.

“¿Van a ser cómplices del obstruccionismo? ¿Van a ser ustedes los que no quieran el consenso ni para la eleccion por dos tercios ni por ters quintos? Por eso hay una disposición adicional para evitar, como último recurso, la situación de bloqueo e interinidad indefinida”. “Faciliten, por favor, la elección del director xeral por dos tercios de la cámara”, concluyó la diputada popular.

Huelga y protestas en los medios públicos

En coincidencia con el primer debate parlamentario en torno a la nueva ley, este martes se ha convertido en una jornada de movilizaciones contra la reforma. El comité intercentros de la CRTVG ha convocado una jornada de huelga de 24 horas que, como sucedió durante la huelga indefinida de finales de 2024, se cobró como primera víctima el magazine matinal O Termómetro. Tras él, cayeron el cultural ZigZag y las secciones del tiempo y los deportes de los informativos. En la Radio Galega, no se emitieron ni Pensando en ti ni el Diario Cultural. Según el comité, la corporación rebajó el seguimiento hasta el 33%.

Representantes de los sindicatos y de las cuarenta entidades que forman la plataforma Unha CRTVG ao servizo do pobo -impulsora de una Iniciativa Legislativa Popular para “liberar” los medios públicos- se concentraron desde primera hora a las puertas del Parlamento para mostrar su oposición al texto. Parte de sus integrantes -representantes del Colexio Profesional de Xornalistas, del comité intercentros de la CRTVG y de la Mesa do Audiovisual- fueron invitados a seguir el debate desde la tribuna de invitados de la cámara