La Xunta prevé que el personal médico del centro de menores que privatiza en Ourense pueda trabajar como autónomo
Seis años después de lo que había sido presentado como un cierre de unos ocho meses del centro de menores de Montealegre, en Ourense, para realizar “obras de remodelación y acondicionamiento”, la Consellería de Política Social de la Xunta se dispone a reabrirlo. Lo va a hacer, como ha venido informando Praza.gal, mediante una fórmula de gestión privada hasta el año 2020 financiada con hasta 3,2 millones de euros que llega después de que hayan salido de las arcas públicas unos 2 millones en reformas del complejo. Tras dejar el centro sin personal público -mediante despidos y traslados- la empresa o entidad que obtenga el contrato aportará también una nuevo plantilla. En ela se incluye personal médico para el cual la Xunta admite una fórmula difícilmente encajable si Montealegre continuara bajo gestión pública: que trabaje como autónomo.
El pliego de condiciones de la privatización, en marcha desde finales de febrero, señala que este centro, especializado en menores de 12 a 17 con “graves problemas de conducta” bajo “guardia o tutela de la Xunta” por orden judicial, tendrá que contar con un cuadro mínimo formado por casi una cuarentena de profesionales. En esa plantilla figuran los puestos de dirección y subdirección, 17 de educación de los que tres pueden ser también de “coordinación del equipo educativo” o dos puestos de psicología clínica especializada.
Junto a ellos se incluyen otros puestos con menos estabilidad. Entre ellos el pliego de condiciones incluye “un médico, a media jornada, o profesional autónomo que preste el servicio” y agrega otro puesto de psiquiatría y uno más de enfermería en idénticas condiciones. El pliego no fija un número de horas de disponibilidad en caso de que la empresa adjudicataria opte por personal autónomo y tampoco aporta detalles sobre su remuneración. Los “profesionales autónomos” son también una opción que Política Social en las áreas de mantenimiento, limpieza, cocina y lavandería, campos en los que además permite que la adjudicataria subcontrate el servicio a “empresas externas”.
Esta fórmula de gestión ya ha sido recahazada por parte del personal de Política Social en la provincia de Ourense -representado por los sindicatos CCOO, CIG, CSIF, UGT y SUMA- y también desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia. En el caso de este colectivo profesional la alerta se centra en las diecisiete plazas de personal educativo.
El propio pliego, destaca el CEESG, solo pide que la entidad adjudicataria se dote de personal “en posesión de una titulación universitaria media, superior o de grado en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social”. Esta “descripción”, señala el colegio, deja claro que “la titulación necesaria y adecuada” es la de Educación Social, creada en los años 90 en Galicia precisamente para atender estas labores. No exigirla pone “en juego los intereses laborales” del sector, pero también la “calidad del servicio socioeducativo” que reciben los menores, por lo que están “estudiando” la posibilidad de “emprender acciones legales” contra la contratación.
El PP rechaza en el Parlamento mantener la gestión pública
El inicio del proceso para privatizar la gestión de Montealegre cuadró con el debate, la pasada semana, de una iniciativa del PSdeG en el Parlamento para reclamar que el complejo permanezca como “centro de gestión pública con personal público”, resumió la diputada Noela Blanco. La privatización, afirma, traerá consigo “un incremento de coste” para la Administración, y al tiempo, “menor control” de la Xunta sobre “uno de los los eslabones más débiles de la ciudadanía”, como son los menores con problemas de conducta. Por si fuera poco, critica, “dejan fuera la Educación Social” de las exigencias del personal.
La iniciativa del PSdeG recibió el apoyo del BNG, que a través de Montse Prado subrayó que Montealegre “tiene que ser de gestión pública”, y también de En Marea, cuya diputada Paula Vázquez Verao califica este proceso de “infamia y engaño”. Los recursos públicos, señala, no pueden dedicarse a “hacer negocio en un campo tan sensible” y menos aún tras más de media década de cierre del centro.
Las intervenciones de la izquierda fueron replicadas desde el PP por la diputada Marta Rodríguez Arias, que las reduce a meras “frivolidades” sin “un mínimo de seriedad”. Montealegre no se privatiza, mantiene, porque “lo que existe es una contratación pública por parte de una entidad del tercer sector” a la que se le encomendará reabrir el complejo como “un nuevo centro” que “dé respuesta a menores con trastornos de conducta y necesidades terapéuticas”.
Allí, asegura la popular, se atenderán “situaciones derivadas de patologías de salud mental”. No obstante, en el pliego de condiciones se indica explícitamente que “no podrán ser ingresados” los “menores que presenten enfermedades o transtornos mentales que requieran tratamientos específicos en servicios de salud mental”, así como tampoco menores con “discapacidad grave o profunda”.
Para Rodríguez Arias las acusaciones de la oposición se enmarcan en una “cantinela absurda” sobre privatizaciones que “no hay quien se la crea”. “Por desgracia, teníamos razón”, replicó Noela Blanco, quien además advierte de que portales de búsqueda de empleo en internet ya están ofertando, incluso antes de que el servicio esté adjudicado, puestos de trabajo en este centro de menores para puestos como la cocina o el servicio educativo.
