La Xunta gasta 70.000 euros en asesores para privatizar una autovía
El pasado enero el conselleiro de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, anunciaba en el Parlamento su plan para privatizar la autovía AG-53, el tramo libre de peaje del vial que une Santiago y Ourense y conecta con la AP-53, una de las autopistas más caras del Estado. Desde la garantía de que “mantendrá su condición de itinerario libre de peaje”, Hernández señalaba ante la Cámara que el único “objetivo” de la privatización es eliminar de las cuentas públicas la deuda de 150 millones de euros que “aún queda por amortizar de la inversión realizada” en la construcción de la infraestructura, esto es, menos del 2% de la deuda pública de la administración autonómica. A pesar de tener clara la operación a realizar, la Consellería se dispone a pagar más de 70.000 euros en asesoría para consumarla.
El departamento que dirige Hernández acaba de iniciar, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), los trámites para contratar un servicio de “apoyo y asesoramiento en una operación de externalización de la autopista Alto de Santo Domingo-Ourense y también el ramal de esta vía que llega hasta O Carballiño”, la AG-54. En los pliegos de condiciones del contrato la Xunta explica que la AXI y la propia Consellería “consideran preciso recurrir al sector privado para garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de la autopista”, por lo que “se analizó la conveniencia de escindir esta parte del patrimonio de la Sociedad Pública de Inversiones mediante una operación de externalización”.
En este escenario, la agencia pública “considera preciso adoptar las medidas conducentes a garantizar la viabilidad de esta operación financiera compleja” y para esto precisa “un apoyo, asesoramiento y seguimiento específico en materia de Corporate Finance”, dice el documento, que abarcará “multitud de aspectos financieros, jurídicos públicos y jurídicos privados y comerciales”. Además, la empresa que se haga con el contrato también va a realizar “un importante conjunto de servicios que facilitarán a los posibles inversores el acceso a toda la información documental y valoración del activo, condiciones de la venta, estudios técnicos...”.
Según la misma documentación la AXI “no dispone de los medios ni del personal suficiente para desempeñar con dedicación plena los trabajos que contempla” este procedimiento y, además, “la especialización que se necesita en las tareas la realiza, justifica la necesidad de contratar los servicios técnicos de una empresa especializada para llevar a cabo esta prestación”. La compañía adjudicataria tendrá que que configurar la “operación de la externalización”, confeccionar “estudios económico-financieros” que “garanticen la viabilidad de la misma” o asesorar a la AXI “en los aspectos relacionados con las características de los inversores objetivo”. Del mismo modo, se le encomendará la redacción de un “plan de marketing” con el “listado” y “características de los posibles futuros inversores”.
El trabajo de la empresa llegará hasta el mismo momento de la “firma de la documentación contractual entre la AXI y el inversor seleccionado”, incluyendo el “asesoramiento en la determinación de las condiciones definitivas del proceso de externalización, garantizando así a financiabilidade”. Todo esto lo hará un equipo compuesto “como mínimo, de tres personas”, dos de ellas licenciadas en Económicas, Empresariales o Administración y Dirección de Empresas y una tercera licenciada en Derecho. Para sufragar el contrato la Xunta reserva hasta 71.635,03 euros.
