Pere Rotger, el expresidente del Parlament balear del PP que dimitió pese a no llegar a juicio: “Dejé el cargo en dos minutos”

El 11 de diciembre de 2012 había pleno en el Parlament balear. Sin embargo, no iba a ser una sesión cualquiera: aquella misma mañana, el entonces presidente de la Cámara, Pere Rotger (PP), anunciaría su dimisión a raíz de su encausamiento en la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing. Una decisión que, asegura, no le tomó “ni dos minutos”: “Llevaba un año y medio en la presidencia pero, por respeto a la institución, no podía permanecer como presidente estando imputado. Hay que ofrecer una imagen de honestidad y de que no nos agarramos a los cargos”, subraya en declaraciones a elDiario.es. Nunca llegó a sentarse en el banquillo de los acusados.

El paso que dio Rotger, histórico dirigente del PP balear, contrasta con la actitud del actual máximo responsable de la Cámara autonómica, Gabriel le Senne (Vox), empeñado en aferrarse al sillón de la presidencia a pesar de que sobre él pesa, ya en firme, un auto de apertura de juicio oral por romper, el 18 de junio del año pasado, una fotografía de tres víctimas del franquismo. Estaba a punto de debatirse en el hemiciclo la derogación de la ley balear de memoria democrática. El pasado lunes, la Audiencia Provincial de Balears tumbó la última posibilidad que le quedaba de librarse del banquillo al rechazar el recurso que el dirigente ultra interpuso en enero para solicitar su exoneración.

Hasta el momento, Le Senne, al contrario que Rotger, se ha negado a dimitir. Arguye que continúa “amparado por el derecho de la presunción de inocencia” y que actuó “en el ejercicio de sus funciones, sin otra intención que la de aplicar el Reglamento”, a pesar de que los letrados de la Cámara censuraron duramente su comportamiento. Por su parte, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, tampoco le ha forzado a dejar el cargo.

Al contrario que el parlamentario de extrema derecha, Rotger, presidente del Parlament durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007) y durante los primeros meses del mandato de José Ramón Bauzá (2011-2015), no lo dudó: “Tomamos la decisión rápidamente. Cuando pedí el archivo y al cabo de un mes el juez me respondió que no era el momento procesal oportuno para archivar mi imputación, salí del pleno que en ese momento estaba presidiendo y me reuní en mi despacho con Bauzá. Estuvimos dos minutos, dijimos que lo mejor era dejar el cargo, reuní a la prensa y anuncié mi dimisión”.

El expresidente estaba siendo investigado en el marco del caso Over, trama por la que sí fueron juzgados -y condenados- Matas -más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación a sus espaldas- y su 'factótum' José María Rodríguez. El motivo: haber financiado en negro financió parte de la campaña electoral del PP balear en 2003 y haber amañado a cambio varios contratos públicos a favor de la empresa Over Marketing, que también extendió sus tentáculos a Madrid y la Comunitat Valenciana.

En el caso de Rotger, recuerda que fue imputado por una factura de 17.500 euros que inicialmente los investigadores atribuyeron a la financiación irregular del partido. “Durante la declaración que presté, el juez ya me comentó que seguramente el tema acabaría en nada”, subraya. Al frente de la causa se encontraba José Castro, instructor de las múltiples investigaciones abiertas contra Matas y sus subordinados. Un periplo judicial repleto de escándalos que se alargaría durante prácticamente una década: obras colosales, contratos a dedo, adjudicaciones cuya investigación el magistrado vinculó a Génova...

La petición de sobreseimiento formulada por Rotger fue respaldada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Abogacía de la Comunidad Autónoma. En su petición, la defensa del exalto cargo del PP alegaba que no incurrió en delito alguno al contratar a Over desde el Ayuntamiento de Inca, del que fue alcalde, y que esta adjudicación nada tuvo que ver con la financiación ilegal del PP. El expediente, cuyo objeto fue la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín -trabajos por los que Over percibió 20.300 euros (17.500 sin IVA), fue tramitado además con posterioridad a la salida del Govern por parte de Matas, en 2007, desterrado de Balears tras el batacazo electoral que sufrió ese año y que lo abocó al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos.

“No pasa nada por dimitir”

“Estas investigaciones están absolutamente desconectadas, tanto en el tiempo como en los intervinientes, de los hechos de Inca”, aseveraba el letrado de Rotger. El juez Castro descartó que el dirigente popular se hubiera lucrado con la adjudicación del contrato o que mediante el mismo hubiera beneficiado a la trama Over. La imputación del expresidente del Parlament acabó siendo sobreseida en noviembre de 2015, casi tres años después de haber dimitido.

Pese a ello, reflexiona Rotger, tanto Bauzá como él lo tuvieron “claro”: “Para mí, haber estado tres años imputado presidiendo el Parlament, la segunda institución de Balears, habría sido desastroso”. Y prosigue: “Continué como diputado y ningún grupo parlamentario ni nadie se metió conmigo, porque además todo el mundo sabía que aquello [la factura investigada] no era nada. Hay imputaciones e imputaciones”. Acto seguido añade, visiblemente satisfecho con la decisión que tomó: “Estamos hablando de transparencia, de honestidad. Si te toca a ti [ser investigado y dejar el cargo] aunque sepas que eres inocente... pues mala suerte, ¿no? Respondimos y no pasa nada por dimitir”.

En este sentido, aclara que no le va “a decir a Le Senne lo que tiene que hacer”: “Solo puedo decirle que si lo deja ahí no pasaría nada. Es joven y tiene mucho por hacer. Pero es algo que tiene que decidir él”, insiste.

Rotger incide en que “hay que dar una imagen a la sociedad” y asegura que, pasados casi 13 años desde que dejó la presidencia del Parlament, se siente “muy honrado” a sus 73 años “de poder ir por toda Mallorca” y que le “respeten”. “Hay momentos difíciles en la vida, como lo fue el mío en su momento, pero luego te quedas con la conciencia tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer”, sentencia.

La dimisión de Munar, primera presidenta en ir a juicio

Se da la circunctancia de que Le Senne es el segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo de los acusados después de que Maria Antònia Munar, histórica dirigente de la extinta y ahora resucitada Unió Mallorquina (UM), fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de la historia de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban 14 años y medio de cárcel.

A diferencia del actual máximo responsable del Parlament, el 28 de febrero de 2010 Munar anunció su dimisión como segunda autoridad de las islas y el abandono de la vida política antes de llegar a juicio. Semanas antes, el 5 de febrero, la sucesión de escándalos que acorraló a UM hizo que el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PSIB-PSOE, los nacionalistas del Bloc per Mallorca y el partido regionalista saltase por los aires: los socialistas cesaron a todos los consellers 'uemitas', rompiendo de este modo el pacto suscrito con ellos tres años antes.

La propia Unió Mallorquina fue la encargada de dar a conocer la dimisión de la expolítica mediante un comunicado en el que, paradójicamente, afirmaba que, “como se demostrará”, Munar “siempre” había actuado “desde la más absoluta legalidad y de acuerdo con la ética política” a lo largo de su trayectoria pública. Unas manifestaciones que el veredicto de los tribunales acabaría desmintiendo.

La antigua dirigente de UM fue condenada por primera vez en julio de 2012 a cinco años y medio de cárcel -posteriormente confirmados por el Tribunal Supremo- por delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad por haber auspiciado el desvío de hasta 240.000 euros a la empresa Vídeo U, controlada a través de testaferros por Munar y su entonces delfín político Miquel Nadal y utilizada como medio de difusión de los intereses de UM.

Un año después, en julio de 2013, la Audiencia Provincial de Balears la condenó a seis años de prisión por fraude y revelación de secretos a raíz de la venta irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge a la constructora Sacresa. El mismo día en que Munar conocía la sentencia, la Fiscalía instó su ingreso en prisión preventiva por riesgo de fuga y ante la posibilidad de que contara con fondos en el extranjero que le facilitaran evadir la Justicia. En su siguiente juicio, Munar fue sentenciada a otros tres años por cobrar parte de los cuatro millones de euros de soborno que Sacresa pagó a varios dirigentes de UM a cambio de serle concedidos los solares de Can Domenge.

En el resto de casos por los que se sentó en el banquillo, la expresidenta del Parlament acabó aceptando acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que fue condenada a varias penas de inhabilitación, entre ellas por favorecer desde el Consell de Mallorca a Studio Media, una de las empresas más próximas a UM que fueron regadas con fondos de la institución insular.

En uno de los últimos juicios que afrontó, Munar manifestó entre lágrimas estar “muerta política, económica y socialmente”. El fiscal, sin embargo, hizo caso omiso a los sollozos de la exdirigente y, dirigiéndose al jurado, profirió: “La responsabilidad de ese sufrimiento no es de los que hacen cumplir la ley, sino del que se aprovechó de su cargo para saltársela”.