La Delegada del Gobierno en Madrid y posible candidata al Ayuntamiento o Comunidad por el Partido Popular, Cristina Cifuentes, presentó el pasado día 16 de enero en rueda de prensa un balance de su gestión al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Aquí tenéis la noticia sobre ello en eldiario.es y aquí en mayor extensión en el blog de la propia Delegada.
Dice la Sra Cifuentes que en estos años el balance de su gestión ha sido "razonablemente positivo". En su texto indica que:
La tasa de criminalidad en la Comunidad de Madrid, según datos provisionales, se sitúa en 56’2 infracciones penales por cada 1000 habitantes a finales de 2014 y es la cifra más baja desde 2003.
También dice que otra de sus tareas ha sido “mejorar la gestión administrativa en lo referido a las competencias de la Administración General del Estado”.
Hasta aquí, todo perfecto. Estamos en Democracia y nunca pensaría que un miembro de mi Gobierno me va a mentir y además supongo que hay datos para corroborar las declaraciones de la Delegada.
Hay una cosilla que me llama un tanto la atención, eso sí. Resulta que otro de los puntos que resalta la Sra Cifuentes es que “hemos facilitado el ejercicio del derecho de reunión”.
Otras cosas que hemos visto bajo la responsabilidad de la Sra. Cifuentes en Madrid, España, país miembro de la Unión Europea y en pleno siglo XXI son:
La vulneración cuasipermanente de ese derecho fundamental que es el de reunión como bien recuerda la Delegada y que paradójicamente dice que ha facilitado. Hasta ahora hay cuatro sentencias donde condenan a la Delegación del Gobierno (una al Ministerio del Interior) por vulneración de esos derechos fundamentales que por lo visto insisto “ha facilitado” según su versión. Aquí mi titular favorito (algo antiguo ya, de 2013) sobre el mismo tema: “Ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid ha sido condenado”. Y por último el goteo de sentencias anulando multas impuestas a manifestantes, que no para. Y quedan docenas. O cientos. LegalSol* va ganando todo lo que puede materialmente recurrir. (Hoy una más, fíjate). No sé, eso llevaría a pensar que tal vez, y sólo tal vez, las cosas no se hicieron bien y se multaba (y multa) arbitrariamente y sin ningún tipo de garantía a los participantes en las movilizaciones sociales. Muy edificante.
[LegalSol es un grupo voluntario de juristas que desde 2011 asesora y defiende a participantes en movilizaciones sociales en Madrid entre otras tareas.]
Policías encapuchados, sí, en Madrid en 2012, trasladando a una persona sospechosa de haber tirado del freno de un metro en una acción denominada #TomaElMetro, sí, sospechosa del grave crimen de tirar de un freno. Resulta que esta persona no hizo nada. Estaba allí haciendo fotos, trabajando. Pero eso es irrelevante. Eso de agente encapuchados en Democracia entiendo que está reservado a casos muy concretos, ¿no?
El habitual agotamiento del plazo de 72 horas de detención (máximo legal antes de pasar al juez) para prácticamente cualquier detenido en el ámbito de movilizaciones sociales. Hay que resaltar el caso del os detenidos en el marco de la movilización de nombre #RodeaElCongreso, detenidos e incomunicados. El trato sufrido por personas detenidas en movilizaciones sociales a su paso por los calabozos de la policía es deficiente con casos realmente discutibles y preocupantes.
Más interrogatorios de policías encapuchados a personas detenidas en el ámbito de movimientos sociales, no precisamente a terroristas o peligrosos miembros de violentas bandas criminales. En contra del criterio de la Defensora del Pueblo en 2012 y del sentido común. Esto ha llevado a una queja formal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Un conflicto permanente o por lo menos recurrente de la policía con un grupo de juristas a la hora de atender a los detenidos (sí, ese en el que estás pensando y que atiende y defiende a personas detenidas y multadas en movilizaciones sociales. Y con gran éxito, por cierto) y a los que se les dificulta regularmente la atención al detenido en las comisarías madrileñas.
La constante presencia en nuestras calles de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sin ir correctamente identificados con su número reglamentario como claramente les obliga la ley y a pesar de implementar un nuevo tipo de prenda identificativa con un número ilegible, por cierto. Yo personalmente tengo en marcha una decena de quejas en la Defensora del Pueblo, donde me aseguran que preguntan y que investigan y tal. Aquí te cuento como hacerlo, es fácil.
Una agresión por parte de policías a periodistas que estaban trabajando grabada claramente en vídeo. Por varias cámaras. Donde la policía se ha negado a identificar a los agentes responsables ante la petición de un juez. El tribunal lo archivó “existiendo presuntamente un delito pero ante la imposibilidad de identificar a los agentes en cuestión” y el proceso se ha vuelto a abrir en un recurso, al estimar La Audiencia Provincial que “en el vídeo se puede identificar a las personas que golpeaban y que además nunca se tomo declaración a los periodistas agredidos”, procedimiento básico en cualquier instrucción de este tipo. Los conflictos entre la policía y la prensa que cubre las movilizaciones son constantes y han merecido la condena de numerosas asociaciones de prensa nacionales e internacionales.
No vamos a detenernos demasiado en el apartado sobre las múltiples declaraciones públicas que ha realizado la Señora Cifuentes en su habitual presencia mediática donde, generalmente, siempre vaya, y sin ninguna prueba o dato nos ha tildado a activistas del movimiento de vivienda (y a la Sra Ada Colau) de “filoterroristas”. Asimismo ha dicho que “tenía localizados a 800 ó 1000 personas que están en todo y que son los que provocan los incidentes” reconociendo de palabra la existencia de uno de esos ficheros políticos que de facto sabemos que existen (y que en Democracia son ilegales, por cierto), o, en esas mismas declaraciones, nos acusó asimismo de “preparar golpes de estado” hablando de una de las manifestaciones de nombre #RodeaElCongreso. Podría seguir, pero dejémoslo aquí.
Acabo repitiendo esto porque es importante: todo esto está sucediendo en Madrid, España, país miembro de la Unión Europea y en pleno siglo XXI.
Si una cosa hay que reconocerle a la Sra. Cifuentes, es el haber ayudado a que en un país democrático una movilización como es un escrache pase en pocos meses de ser considerado por la justicia como “un mecanismo de participación democrática” a estar tipificado como una “actividad terrorista” (según las enmiendas del PP a la reforma del nuevo Código Penal).un mecanismo de participación democrática“actividad terrorista”
Así que señora Delegada, muchas felicidades por lo conseguido, pero no, me temo que el balance total no es “razonablemente positivo”.
Sobre este blog
Interferencia (Wikipedia): “fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud”.
Interferencias es un blog de Amador Fernández-Savater y Stéphane M. Grueso (@fanetin), donde también participan Felipe G. Gil, Silvia Nanclares, Guillermo Zapata y Mayo Fuster. Palabras e imágenes para contarnos de otra manera, porque somos lo que nos contamos que somos.
