Eslovaquia tiene previsto aprobar este viernes una ley que obliga a las mujeres a ver imágenes del feto antes de abortar
Las mujeres eslovacas podrán ser obligadas a ver imágenes del feto o embrión y escuchar el latido cardíaco antes de abortar. Es una de las medidas contemplada en el proyecto de ley que el Parlamento tiene previsto aprobar este viernes, y que convertiría a Eslovaquia en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea en cuanto a la interrupción del embarazo.
Casi 40 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Humans Right Watch y Marie Stopes International, han firmado una carta abierta dirigida al Parlamento, preocupadas por la limitación de los derechos reproductivos que supone esta ley. La propuesta, impulsada por tres miembros del Partido Conservador, también prohíbe la publicidad de las clínicas abortivas y contempla multas de hasta 66.400 euros para quienes promocionen el aborto.
“Si esta legislación se adopta, Eslovaquia sería el único país de la UE en imponer estos dañinos requerimientos a las mujeres”, señalan los grupos de defensa de los derechos humanos en la misiva, alegando que viola varios tratados internacionales. El viernes 21, fueron convocadas varias manifestaciones en contra del proyecto de ley bajo el lema “nebudeme ticho”, que significa “no nos quedaremos en silencio”.
La Organización Mundial de la Salud no recomienda realizar ecografías con ultrasonido antes del aborto. La agencia de salud de la ONU dice en su guía, tal y como se recoge en la carta dirigida al Parlamento eslovaco, que los abortos deben ser “practicados de una manera que respete la dignidad de la mujer, garantice su derecho a la privacidad y sea sensible a sus necesidades y perspectivas”.
No es la primera vez que se intenta limitar el aborto en el país centroeuropeo, donde desde 1987 está permitido interrumpir el embarazo hasta la duodécima semana de gestación, con extensión a la semana 24 por motivos médicos. En septiembre, el Parlamento rechazó cuatro intentos para restringir esta práctica, impulsados por el Partido Conservador y grupos católicos, pero el último borrador pasó la primera lectura el pasado mes.
