“Cifuentes va a tener que empezar a pagar los impuestos que no pagaron por invertir en una sociedad opaca en Panamá”

Carlos Caicedo ha sido una de las principales piedras en el zapato del Canal de Isabel II en Colombia. Y pasará a la historia como el político que, a pesar de haber estado fuertemente amenazado, consiguió expulsar al Canal de Isabel II de una ciudad latinoamericana. Apoyado en una fuerte movilización social, Carlos Caicedo activó un proceso de remunicipalización de aguas en la ciudad caribeña de Santa Marta. Cuando se convirtió en alcalde de Santa Marta en 2012, Caicedo descubrió numerosas irregularidades en MetroAgua, la empresa que gestionaba el agua en la región. MetroAgua, controlada por INASSA, la filial del Canal para América Latina, ha dejado un reguero de descontento, pérdidas económicas, problemas de salud pública y deficiencias en el servicio.

Aunque Carlos Caicedo ya no es alcalde de Santa Marta, anuncia que su partido, Fuerza Ciudadana, estudia cómo procesar al Canal de Isabel para recuperar millones de euros perdidos por el gobierno de dicha ciudad. Carlos Caicedo insinúa que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene que renunciar.

Desde diciembre de 2001 el Canal de Isabel II es socio mayoritario de la empresa MetroAgua SA ESP, que gestiona el agua de la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo recuerda ese proceso de desembarque de capital español?

Cuando me posesioné como Alcalde de Santa Marta encontré un grupo, INASSA, bastante fortalecido en el Distrito de Santa Marta. Tenían el manejo del acueducto y el alcantarillado a través de la empresa MetroAgua y el control de la gestión de todos los impuestos del Distrito con la empresa Recaudos y Tributos. Los contratos que regulaban ambas operaciones eran extrañamente muy beneficiosos para estos españoles. El control que el Estado tenía a través del Distrito en esos negocios era prácticamente nulo. Me dio mucha tristeza todo lo que encontré y no entendí cómo tantos alcaldes de la ciudad permitieron esos contratos con pésimas condiciones.

Uno de los socios de los socios del Canal en Colombia es William de Jesús Vélez Sierra, que está siendo investigado por la Fiscalía de Colombia por vínculos con grupos paramilitares, concretamente con el ultraderechista Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Cómo se explica la relación de una empresa de matriz pública de España con un entorno tan turbio?

La explicación de la relación de Canal Isabel II con un entorno tan turbio, no solo en Colombia sino en muchos países, es la ambición desmedida, querer ganar dinero a toda costa sin importar las consecuencias que esto genere. La coincidencia de personajes turbios de Canal Isabel II y de Colombia ha llevado a negocios dañinos para lo público y para la gente, vemos el caso de Triple A en Barranquilla, de MetroAgua en Santa Marta, donde Canal se beneficia sin importarle los métodos usados por sus empleados.

En Colombia hubo un auge del paramilitarismo en los 90, grupos armados con estructuras geográficas, comandantes políticos y división del trabajo, quienes en complicidad con miembros de la clase política tradicional capturaron las rentas públicas para financiar su actividad ilegal. Esto creó ese entorno turbio que hizo posible esas alianzas entre corruptos de España y de Colombia.

¿Y cómo se explica el hecho de que una empresa de matriz pública tenga como objetivo privatizar empresas públicas latinoamericanas?

En realidad, las inversiones de empresas privadas españolas como Agbar y Unión Fenosa inicialmente, posteriormente Canal de Isabel II fue como encontrar a los indios otra vez en descubierto e indefensos. Lo más triste y absurdo fue que una empresa pública entró a Santa Marta y nada bueno le dejó. Años de pésimos servicios, prescripciones de deudas tributarias y eso sí, mucho dinero que se llevaron de la ciudad. El colmo fue su última pretensión que oscilaba alrededor de los 20 millones de euros y que bajo la figura de una retención ilegal quería constreñir a la alcaldía a acceder a un supuesto pago de mejoras efectuadas por la empresa MetroAgua, que por fortuna la justicia colombiana eliminó gracias a una acción popular que iniciamos para evitar ese pago.

Parece contradictorio que una empresa pública quiera privatizar a otras empresas, pero esa ambición desmedida de miembros de grandes grupos empresariales que se alían con corruptos locales, quienes se prestan para regalar los bienes públicos a cambio de un soborno, coinciden en sus ganas de obtener dinero fácil, rápido y en grandes cantidades. Esos intereses personales se vuelven un cáncer para la soberanía y para los derechos humanos.

Sus investigaciones le llevaron a estar amenazado durante varios años. Llegó a tener protección oficial del Estado. ¿Cómo llevó la situación?

La protección por parte del Estado la recibí únicamente cuando fui alcalde, entre los años 2012 y 2015, hoy me encuentro totalmente desprotegido, pero los hechos intimidatorios como consecuencia de nuestras denuncias siguen llegando. Yo le escribí una carta al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, para solicitar protección, pero no he recibido respuesta. Hoy no sé qué me pueda pasar pero mi objetivo es claro: defender lo público.

¿Volvió a ser amenazado, tras tu salida de la alcaldía de Santa Marta?

Las amenazas nunca han parado, incluso hechos violentos contra mi integridad física. Fui intimidado con un arma de fuego por un miembro de una familia tradicional de Santa Marta, pero las amenazas no solo vienen de grupos ilegales y de la clandestinidad, también usan los organismos de control y el aparato judicial para amedrentarme. Recientemente recibí una notificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que abrió una investigación en mi contra por promover el voto en blanco en las elecciones a la Gobernación en La Guajira. Es paradójico, pues hoy en día la persona que ganó esas elecciones está detenida por múltiples delitos, entre ellos la compra de votos.

Rebobinemos un poco. Después de ser rector de la Universidad de Magdalena, en 2012 te convertiste en alcalde de Santa Marta. ¿En qué situación se encontró el estado de las infraestructuras y gestión del agua en la ciudad?

Encontré la ciudad en quiebra con una deuda acumulada de 250.000 millones de pesos (71,4 millones de euros), contratos amarrados por cláusulas que solo beneficiaban a los contratistas en detrimento de las finanzas públicas y los ciudadanos, un atraso en infraestructura de más de cincuenta años, servicios públicos costosos y deficientes, y empresas con nóminas y gastos injustificados que solo generaban pérdidas. Eso no permitió desarrollo de infraestructura, pues el dinero se gastaba en funcionamiento.

¿Cuál era la gravedad de las irregularidades descubiertas en la gestión de MetroAguas?

No había infraestructura suficiente para atender la demanda de acueducto y alcantarillado y MetroAgua no estaba obligada a invertir, por lo que la gente tenía que pagar hasta siete veces más por un líquido de menor calidad. Eso lo fuimos desmontando apoyados en recursos jurídicos y denunciando las trampas hechas a los contratos. De por sí, el alto costo del servicio de agua y alcantarillado, conjugado con el pésimo servicio ya hacía evidente que allí ocurría algo malo. Cualquier persona que lea ese contrato de arrendamiento de MetroAgua se da cuenta que era un contrato para beneficiar exclusivamente a un contratista privado. Ese contrato nació viciado de nulidad porque se pactó contrariando varias leyes y sentencias de los tribunales colombianos. En verdad, ese contrato se hizo con la clara intención de hacerle el quite a la propia ley, sin controles a la ejecución y a espaldas de la ciudadanía.

En la época, se realizaron estudios sobre la mala calidad del agua de MetroAgua. En barrios periféricos, el agua ni siquiera era potable. ¿Cómo se llegó a esa situación?

La pésima calidad del servicio de acueducto y alcantarillado que presta MetroAgua y concretamente la falta de potabilidad del agua son hechos confirmados por las autoridades colombianas y eso es un crimen contra la población. Creemos que MetroAgua y Canal Isabel II deben responder por estos hechos irresponsables. La ciudad ha gastado mucho dinero atendiendo enfermedades ocasionadas por la mala calidad del agua y por el desbordamiento de las aguas de alcantarilla, los comerciantes han mermado su rentabilidad por la falta del servicio de agua, los colegios han tenido que cancelar días completos de clases por falta de servicio. Los daños han sido grandes y costosos para la salud de los ciudadanos y las finanzas de la ciudad y se debe responder por ello. Antes que yo llegara a la alcaldía, nadie alzó su voz de protesta contra esa empresa mientras que la población padecía los embates de la indolencia y dejadez de esta empresa miserable que nada bueno le dejó a la ciudad.

Algunos barrios populares dejaron de recibir agua potable de MetroAgua, a pesar de que las facturas seguían llegando. MetroAgua llegó a enviar camiones con botellas de agua potable a la venta. ¿Qué le parece esta mercantilización de un recurso como el agua?

La mercantilización del agua a una población de escasos recursos es una violación clara de los derechos humanos. El salario mínimo en Colombia es de 737.000 pesos (208 euros) y un habitante de un barrio humilde, donde no hay redes de acueducto, puede gastarse hasta 200.000 pesos (57 euros) al mes en agua y no es porque consuma, sino porque debe pagar altos costos para que se la lleven hasta su barrio. Lo peor de todo es que es agua de pésima calidad.

MetroAgua también ha estado recaudando los impuestos del Santa Marta, a través de R&T (el Canal tiene el 80% de las acciones). ¿Cómo explica que una empresa pública de Madrid acabe gestionando dinero público de una ciudad colombiana, y cobrando mucho dinero por hacerlo? Llegó a describir el contrato como “leonino”, pues el Canal se embolsaba una ingente cantidad de dinero...

Así es. En el 2002 le fue entregado la gestión de los tributos por veinte años a Recaudos y Tributos, una sociedad colombiana controlada por el Grupo Inassa. Su parte era de entre el 8 y el 14% sobre los ingresos brutos que entrarán al Distrito por concepto de impuestos. INASSA, alcanzó a cobrar por imprimir y repartir las facturas de tributos, un valor aproximados a los 20 millones de euros en clara violación de la ley que impide privatizar la gestión de los impuestos. ¿La Comunidad de Madrid le entregaría a un particular la gestión, cobro y recaudo de los tributos respectivos? Pues bien, eso hizo INASSA en Santa Marta. Incluso se tomaron el trabajo de estipular una indemnización de 30 millones de dólares norteamericanos si se terminaba anticipadamente ese contrato. Nosotros en contra de todos, terminamos ese contrato por ilegal y desventajoso para el distrito.

La población de Santa Marta marta se alzó contra la gestión del agua. Hubo numerosas manifestaciones, algunas pidiendo la vuelta a manos públicas del acueducto y plantas de tratamiento. ¿Cómo vivió esta movilización popular contra, en última instancia, el Canal de Isabel II?

Lo vi como un despertar de la ciudadanía, y es que la gente en Santa Marta se cansó de ser maltratada por los poderosos, llámense multinacionales o políticos. Ese despertar de la gente ha empujado procesos judiciales para que la ciudad recupere sus empresas públicas y la soberanía de sus servicios esenciales. Fue proceso muy hermoso y valeroso. Un pueblo se levantó pacíficamente y reclamó por sus derechos. Acudimos a la justicia a pedir protección contra esta MetroAgua y lo logramos. Más de 230 mil ciudadanos se manifestaron en contra de MetroAgua y sin violencia alguna logramos que ellos dejaran la ciudad. Fueron más de 25 años de abuso y desatención. Hoy confiamos en que esa realidad cambie para lograr la atención digna y eficiente de servicios básicos para la población.

Promovió una medida cautelar para que el agua volviera a tener gestión pública en Santa Marta. La batalla se ha ganado. La gestión del agua en Santa Marta acaba de volver a manos públicas. La Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), con el apoyo de Veolia - Proactiva Santa Marta S.A E.S.P, gestionarán el agua. ¿Cómo fue el proceso?

Fue por cuenta de esa medida cautelar que decretó un juez de la República, que se logró ponerle fin a MetroAgua. Sino hubiésemos promovido la medida, esta empresa aún seguiría en Santa Marta. La infraestructura de acueducto y alcantarillado de Santa Marta está peor de lo que pensábamos. Es deplorable. Se requieren más de 10 millones de euros para colocar las redes en condición de operatividad. El abandono y la falta de mantenimiento de las redes es la constante. Hace unas semanas, por fin regresó el agua a un barrio de la ciudad que no contaba con ese servicio desde hace más de veinte años y todo porque MetroAgua no reemplazó una motobomba. Es absurdo.

Después de una gestión tan polémica en Santa Marta, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que reclamará a la alcaldía de Santa Marta entre seis y diez millones de euros...

Se equivoca la presidenta de la Comunidad de Madrid. Primero que venga a evaluar la gestión que realizaron durante veinte años. MetroAgua no ha podido demostrar la inversión de un solo euro en la infraestructura del acueducto y alcantarillado en Santa Marta. Por el contrario, tenemos la certeza de que ellos van a terminar pagándole a Santa Marta por todo el daño que hicieron. Deben pagar por los miles de niños y ancianos enfermos, por el agua de mala calidad que llevaban hasta sus casas. Quisiera advertir desde ya que esas supuestas inversiones que reclamarían hoy no existen o por lo menos no aparecen acreditadas. En los tribunales demostraremos más bien los daños que le ocasionó MetroAgua a los usuarios, al medio ambiente y a la ciudad. Seguro que si los ciudadanos de la Comunidad de Madrid vieran la calidad del agua no solo se avergonzarían. Doña Cristina Cifuentes va a tener que empezar a pagar los impuestos que no pagaron por invertir en una sociedad opaca en Panamá.

El español Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de INASSA, aparecía en los papeles de Panamá con empresas offshore en Hong Kong. ¿Cuál es su papel en MetroAgua? offshore

Era el máximo representante del Grupo INASSA en Colombia. Era el vocero en MetroAgua y R y T. Nunca tuve una buena comunicación con él, pues siempre le importó poco lo que opinaba o defendiera el alcalde de Santa Marta. Mi mensaje era claro: sólo me interesaba lo mejor para la ciudad y ha quedado demostrado que ese no era precisamente su propósito.

¿Cómo se ha recibido en Colombia la Operación Lezo de la justicia española?

Es un bálsamo en medio de tanta impunidad y al mismo tiempo un punto de presión para que las autoridades de nuestro país investiguen a los socios colombianos de los miembros de Canal Isabel II presos en España. Confiamos en que la Operación Lezo ayude a levantar todas las excusas que tenía la justicia colombiana para no investigar a los corruptos que desfalcaron nuestras empresas públicas. La justicia española envía un gran mensaje al mundo. Este caso es aberrante. Es el dinero del agua de un pueblo. Son los impuestos para cubrir las necesidades básicas de una población.

En 2001, el Canal creo Canal Extensia, que compró el 75% de INASSA 83,6 millones de euros, 10 veces más que su valor. El dinero se consiguió con préstamos de Caja Madrid y el BBVA. La Justicia española está investigando dónde fue a parar el dinero de los sobre pagos. La Operación Lezo investiga una supuesta trama que compraba sociedades latinoamericanas por precios muy superiores a los reales para después repartirse la diferencia. El dinero podría haber acabado financiando campañas electorales del Partido Popular (PP)... De confirmarse, ¿cómo se percibe desde Colombia esta trama?

Los valores se han perdido y por supuesto la transparencia en el ejercicio de lo público. No tiene sentido que una empresa pública en España se mueva como un privado en otros países y peor aún para defraudar a esa propia empresa pública, tal y como lo informan las recientes noticias. El reciclaje de ese dinero en los circuitos financieros internacionales es una tarea pendiente de la justicia, acá en Colombia y allá en España.

La justicia española coloca a Ignacio González, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y expresidente del Canal de Isabel II, como máximo articulador de la trama colombiana. El 30 de agosto de 2008 Ignacio González fue filmado con bolsas de plástico en Cartagena de Indias, presuntamente llenas de dinero. ¿Qué sabe de los movimientos de González en el Caribe colombiano?

Es del todo extraño la visita, la compañía que tenía y por supuesto las bolsas negras. En fin, todo eso es realmente perturbador y preocupante.

Hay sospechas que tras el aterrizaje del Canal en el Caribe se realizó una emisión de bonos de la Triple A, llena de irregularidades, que diezmó el capital de dicha empresa de Barranquilla y desplazó el dinero a los socios privados españoles del Canal. ¿Sabe algo?

No, esas operaciones en Barranquilla no las conozco, sin embargo, sí me parece muy extraño y entiendo que es lo que está investigando por la Fiscalía y la Procuraduría colombiana, que una empresa que era 80% estatal ahora no llegue ni al 15%. Algo raro pudo suceder allí.

En caso que quede probado que el dinero de los sobrecostes de compras y gestiones en Colombia hayan financiado ilegalmente campañas electorales del Partido Popular, ¿qué debería hacer Cristina Cifuentes, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP?

Renunciar. Eso en lo que concierne a su responsabilidad política.

¿Se está pensando alguna acción legal conjunta en el ámbito internacional para recuperar parte de las pérdidas provocadas por la gestión del Canal de Isabel II en el Caribe colombiano?

No lo descartamos y estamos analizando juiciosamente con un grupo interdisciplinario. En todo caso, la actuación de Canal Isabel II en Colombia no debe ni puede quedar impune.