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La Fiscalía se querella contra un empresario de Madrid por torturar perros y gatos para vender su sangre

Instalaciones de una perrera en una imagen de archivo no relacionada con el caso

Alberto Pozas

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La Fiscalía ha decidido llevar ante la Justicia a un empresario de Madrid que torturaba a animales, sobre todo perros y gatos, para sacarles casi toda su sangre y después venderla para hacer transfusiones. El acusado, según el Ministerio Público, sometía a los animales a prácticas “dolorosas y crueles” para extraer la mayor parte de su sangre para después no reponerla y dejarles morir. Lo hacía, explica la querella, “sin lograr reponerlo adecuadamente hasta causarles la muerte”.

El caso arrancó cuando la Guardia Civil de Arroyomolinos remitió un atestado a la Fiscalía de Móstoles sobre el presunto maltrato animal que se estaba perpetrando en una explotación cercana en la localidad de Humanes. Allí operaba el Centro de Transfusiones Veterinario, que tiene al frente al querellado Luis Miguel S.L, que además es el presidente de la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal. La página web del Centro de Transfusiones explica que trabajan con veterinarios de todo el país pero también en “Italia, Bélgica, Francia y Portugal”, añade que cuentan con una red de centros de referencia por España y que “disponemos permanentemente en stock de hemocomponentes de perro, gato y conejo y si hiciera falta disponemos de la posibilidad de donantes de caballo”.

Según la Fiscalía, algunos de esos “donantes” eran gatos y perros, sobre todo galgos jóvenes por su calidad de donantes universales, y eran sometidos a técnicas crueles en un centro que, además, no tenía ningún tipo de licencia habilitante. Dice la querella que durante años “desempeñó su actividad en la más absoluta clandestinidad” mientras sometía a los animales a “prácticas dolorosas y crueles” para sacarles una sangre que no siempre se reponía. Estos galgos experimentaban “un sufrimiento y padecimiento innecesarios” para que su sangre fuera llevada en neveras portátiles hasta el laboratorio para su comercialización.

El Ministerio Público cree que este empresario pudo incurrir en un delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional. La querella detalla que los animales muertos eran incinerados en un crematorio de la localidad toledana de Yuncos. Sólo entre abril y mayo de este año 60 animales murieron después de quedarse sin sangre: en total “27 perros, 29 gatos, 3 conejos y 1 hurón”. También detalla cuál era el botín que obtenía: “El valor aproximado que alcanzaría en el mercado sería de unos 80 euros por 400 ml. de sangre de perro y 85 euros por 40 ml. de sangre de gato”.

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