El Gobierno rechaza que Torrejón de Ardoz premie la antigüedad de sus funcionarios con cargo al Fondo Social
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tiene que modificar las condiciones que pactó con sus funcionarios si no quiere que el Gobierno le lleve a los juzgados. El Ejecutivo, a través de la Delegación de Gobierno en Madrid, ha avisado de que las condiciones que figuran en esos acuerdos incumplen la ley y rebasan las competencias del Consistorio. Da un mes al Ayuntamiento para dar marcha atrás, o de lo contrario impugnará los acuerdos ante jurisdicción contencioso administrativa.
La Delegación del Gobierno ha detectado irregularidades en los acuerdos aprobados en el pleno extraordinario del pasado 17 de febrero. Aunque goza de mayoría absoluta en el municipio, el PP contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos para dar el visto bueno a tres documentos: el acuerdo para el personal funcionario, el convenio colectivo para el personal laboral y las condiciones para el servicio de policía local.
Ganar Torrejón, la candidatura que une a IU y Equo, se opuso a esas condiciones laborales. Entre sus argumentos, que los acuerdos no cumplían la ley en cuanto a los permisos de los funcionarios y que se recuperaban unos premios de fidelidad a los empleados públicos cuando al Ayuntamiento se encuentra sometido a un Plan de Ajuste Económico que, entre otras cosas, desaconseja esas retribuciones.
El Ayuntamiento recuperó en el acuerdo para el personal funcionario unos premios de fidelidad -independientes de los trienios- que se habían eliminado años antes. Con el nuevo texto, se iba a retribuir con 3.000 euros a quien llevase 25 años trabajando para la institución, con 4.500 a quien alcanzase los 30 y con 6.000 euros para los funcionarios que llegasen los 35 años.
Esos premios de fidelidad se iban a cargar al Fondo Social, pensado inicialmente para sufragar los gastos de los funcionarios en materia de odontología, problemas visuales o para ayudas a quienes tuviese hijos con celiaquía, entre otros supuestos. Su cuantía, según el texto, va a pasar de los 300.000 euros en 2016 a 700.000 dentro de tres años.
El Gobierno se opone ahora a esa práctica por considerarla contraria a las leyes que fijan las retribuciones que pueden percibir los empleados públicos, y que se marcan por la administración central para todo el Estado. El texto es tajante en lo relativo a que se pretenda pagar esos premios de fidelidad con cargo al Fondo Social.
“No va encaminado a conseguir un mayor bienestar social, sino que simplemente otorga una retribución específica abonada en un pago único, por antigüedad, lo cual ya está contemplado mediante el establecimiento de trienios”, señala la Delegación de Gobierno.
En el texto remitido por la Delegación, al que ha tenido acceso eldiario.es, también advierte de que los permisos que se conceden a los funcionarios del Ayuntamiento de Torrejón son contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público. Este no recoge, como si lo hace el texto de Consistorio madrileño, un día libre por nacimiento de un nieto o por matrimonio de un familiar, o dos días por mudanza.
La normativa estatal permite disfrutar de seis días de permiso al año para asuntos particulares. El Ayuntamiento de Torrejón, sin embargo, se descuelga de esa norma y añade un día de permiso más a partir del cuarto trienio.
En este punto, la Delegación de Gobierno recuerda que las condiciones de los funcionarios no son negociables, como sí lo son las del personal laboral. Lo menciona también cuando tumba las cláusulas de revisión salarial de los funcionarios, recordando que estas deben atenerse a lo fijado por los Presupuestos Generales del Estado.
El Ayuntamiento tiene ahora hasta mediados de abril para subsanar las irregularidades que le ha trasladado la Delegación de Gobierno. Si no lo hace, ésta entenderá que no hay voluntad de atender a sus requerimientos, e impugnará el acuerdo ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Ganar Torrejón ha recordado este miércoles en un comunicado que la oposición de sus concejales a un acuerdo que consideraban ilegal les acarreó “insultos y abucheos”, además de una campaña en su contra que comenzó en el mismo pleno extraordinario que aprobó el estatuto laboral, como recoge la imagen que acompaña a este artículo.
