Los cuatro frentes que arrastraba el jefe de la Policía Municipal de Madrid cesado por Almeida: “La gota ha colmado el vaso”

La situación ya era complicada para Pablo Enrique Rodríguez, el jefe de la Policía Municipal de Madrid. Pero las últimas horas han decantado la balanza. La vicealcaldesa sorprendió este jueves mencionando de pasada su cese, sin citar siquiera su nombre, después de meses envuelto en todo tipo de polémicas. La más sonada tuvo lugar el día del apagón eléctrico, cuando el vehículo en el que viajaba y que conducía otro agente a su cargo golpeó a una niña de 10 años mientras cruzaba con su madre por un paso de peatones. El atropello fue a mediodía en el Paseo de Extremadura y causó a la joven una fractura en el tobillo. Poco después, el director general se puso en la picota y una baja médica le retiró del foco. Su marcha temporal se produjo entre críticas desde Cibeles, que acabaron condenándole a la cuerda floja.

El caso no llegó a ir a juicio después de que el Ayuntamiento pactara un acuerdo económico con la familia afectada. El Área de Seguridad y Emergencias, preguntada por la cuantía, no ha respondido hasta la fecha. Ahora, casi diez meses después del accidente y unos cinco desde que Rodríguez se reincorporó al puesto sin grandes represalias aparentes, Inmaculada Sanz –también responsable directa de este cuerpo– vaticinó el inicio de “otra etapa” con su cese, que ha dado a conocer de imprevisto en una rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno.

La número dos de José Luis Martínez-Almeida le agradeció los servicios prestados y pasó a nombrar a su sustituto: Antonio Domingo Ayuso, “una persona de la casa”. Quedará al frente de una plantilla que, actualmente, cuenta con 6.300 agentes. Pero el polémico atropello, por el que la propia Sanz reprochó públicamente al exjefe policial que no hubiera informado al Ayuntamiento, no era la única ni la más reciente de sus controversias. El viernes pasado, sin ir más lejos, tuvo que suspender in extremis la toma de posesión de 325 nuevos policías de las promociones 54 y 55, prevista el 13 de febrero, por un conflicto en el proceso de selección que llevó a varios agentes a impugnar el reparto de plazas.

Dudas con la selección y denuncias por una academia beneficiada

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 advirtió al consistorio que no podría ignorar la antigüedad de algunos aspirantes, que reclamaban prioridad y cuestionaron los criterios para establecer la nota de corte. Pablo Enrique Rodríguez optó entonces por anular el acto a la espera de una resolución definitiva, pero la decisión no gustó entre los sindicatos policiales. El CPPM en Madrid (Colectivo Profesional de Policía Municipal) exigió su cese inmediato y le acusó de tomar una medida en perjuicio de estas nuevas incorporaciones.

Tanto ellos como APMU (Asociación Policía Municipal Unificada) se posicionaron rápidamente en contra, a la vez que decenas de aspirantes de la promoción 56 expulsados del proceso en el examen psicotécnico avanzaron acciones legales. Según El Mundo, más de 450 opositores alegaron en los tribunales que el criterio de selección dejaba fuera a candidatos con alta puntuación, que no han podido incorporarse a las vacantes del grupo reservado a militares y reducido, a su juicio, el número total de aprobados. La nota de corte se había fijado en un 8,7, aplicando una ratio máxima de 1,2 aspirantes por plaza.

Lo más llamativo de la denuncia desvelada es que algunos testimonios coinciden en señalar a una academia en específico, cuyos alumnos acumulan varios dieces entre los aspirantes, la puntuación máxima permitida. Este centro –no ha trascendido el nombre– pertenece a antiguos mandos de la Policia Municipal, y eso es lo que lo ha puesto bajo lupa. Pero el atropello o las oposiciones tampoco son los únicos movimientos que apretaban a Rodríguez. El verano pasado, a principios de junio, el jefe de la Policía Municipal también se vio salpicado por otro proceso de oposición interna, precisamente aquel en el que él mismo obtuvo el rango de subinspector.

En el punto de mira por su relación con el artífice del caso Máster

El exjefe policial accedió al cuerpo hace ya 40 años, en 1986. En 2014 se presentó a las pruebas para subir de escalafón y quedó el primero de entre doce aspirantes al puesto. Recientemente, una de las personas que se quedaron a las puertas de lograrlo recurrió el proceso, alegando que Rodríguez era amigo personal del presidente del tribunal que juzgó las pruebas. Este era Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2019 y hombre clave en el caso Máster, desvelado por elDiario.es y que abocó a la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por falsificar el acta en su Trabajo de Fin de Máster. Lo hizo para obtener un título con la Universidad Rey Juan Carlos, que luego constaba en su currículum público.

En este escándalo político y académico, Álvarez Conde era entonces el director del posgrado en Derecho Autonómico y Local que Cifuentes obtuvo de manera irregular. Se le consideró artífice de la trama, aunque murió de cáncer antes de ser juzgado por falsificar calificaciones. Pero su nombre volvió a escena para golpear a Pablo Enrique Rodríguez. Ocupaba el mando del servicio desde 2019, cuando un recién llegado Almeida le puso al frente. Tomó el relevo de Andrés Serrano, que fue director general en tiempos de Ahora Madrid –embrión de Más Madrid– durante el mandato de Manuela Carmena.

Antes de todas estas polémicas, e incluso con alguna de ellas ya en marcha, el alcalde defendió su fichaje y le ensalzó por su perfil técnico o currículum “intachable”, tal y como respondió a la oposición en Cibeles en un pleno posterior al atropello. Pablo Enrique Rodríguez es doctor en Derecho, experto en Seguridad Pública y Criminología y cuenta con diversos másteres o formación en dirección estratégica y derecho procesal. Según el Colegio de Criminólogos de Madrid, sus títulos o reconocimientos han sido diversos: recibió la Medalla al Mérito de la Policía Local de la Comunidad, la Medalla de Oro con Distintivo Rojo al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo o la Cruz al Mérito de la Policía Municipal, entre otras distinciones similares.

El atropello de una menor que el Ayuntamiento dijo desconocer

Durante los meses que estuvo de baja asumió sus funciones Jesús Gil Martín, coordinador de Seguridad del cuerpo. Su cese quedó en el aire hasta que terminara el período de recuperación médica. “Hablaremos con él entonces y trasladaremos la información oportuna. Pero respetaremos el proceso”, aseguró la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en declaraciones posteriores a su retirada de escena. Las funciones de Rodríguez fueron asumidas por el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Jesús Gil Marín. Almeida emplazó a recabar “toda la documentación” y “aclarar lo sucedido” aquel lunes del apagón.

No obstante, el alcalde sí aseguró que tomaría medidas de constatarse el incumplimiento de alguna directriz. “Que nadie tenga la más mínima duda”, dijo a principios de mayo. El atestado policial elaborado casi un día después del atropello reconoció que este se produjo en mitad de un paso de cebra, con preferencia peatonal en ese momento, aunque vincula a la actuación de su madre las lesiones sufridas por la menor en el distrito de Latina. Los datos (sobre su jefe) recabados por los agentes descartaron el atropello y citaron a dos testigos asegurando que el coche circulaba a una “velocidad normal”.

Los semáforos no funcionaban por el apagón y el periódico El País, que avanzó la noticia, confirmó días más tarde que el Ayuntamiento no recogía el suceso en sus bases de datos, las que habitualmente utilizan lo equipos de Emergencias o Policía Municipal. En el informe oficial se indica que la niña herida y su madre cruzaron el paso a la vez que el vehículo policial, que circulaba con sirena y luces encendidas aunque no tenía prioridad sobre los viandantes. El escrito establece que el coche donde viajaba el ya exjefe de la Policía Municipal rebasó la señal sobre la calzada y fue entonces cuando, según consta, la mujer adulta tiró del brazo de la menor y propició su caída.

Esto les hizo descartar oficialmente el atropello inicial y subrayando que fue imposible determinar si la joven pudo “ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo”. El parte de Emergencias advirtió de una “lesión leve”, aunque la familia de la chica notificó que en el hospital al que acudieron luego le detectaron una fractura en el tobillo derecho. El caso derivó en escándalo e Inmaculada Sanz fue contundente. “Entendemos que la comunicación debería haber sido directa”, sentenció la número dos de José Luis Martínez-Almeida y persona a cargo del cuerpo.

Un supuesto amaño de contratos y trato de favor a su pareja

Aun con todo esto, entre las primeras polémicas que abordó Pablo Enrique Rodríguez a pocos años de llegar estuvo una investigación judicial por irregularidades en otro proceso de oposición. En 2022, el entonces director general de la Policía Municipal madrileña ya comenzó a estar bajo sospecha en los tribunales y, dos años más tarde, la causa se reabrió después de ser archivada: tenían nuevas acusaciones que apuntaban a allegados, e incluso una pareja de Rodríguez, como beneficiados de un trato de favor durante la selección.

La causa penal por presunto tráfico de influencias continúa abierta y alimenta las dudas sobre la integridad de los procesos internos. El año pasado, el propio director admitió ante el juez  –después de haberlo negado públicamente– que mantenía una relación sentimental con una de las candidatas que pasaron las pruebas, y quien luego pasó a ser su jefa de gabinete dentro de la cúpula del cuerpo. Al final, la suma de todos estos factores ha terminado con su mandato. “La gota ha colmado el vaso”, resumen así desde sindicatos de la Policía Municipal el último (y definitivo) golpe a su antiguo director general.