La fundación que vela por la salud mental en Madrid deja a su plantilla al borde del colapso: “Te explotan a costa del cuidado”

Velan por la salud mental de otros mientras la suya se tambalea. Trabajadoras, pacientes e incluso el propio sistema de atención pública se han visto alcanzados por un movimiento empresarial que emana, además, de una de las fundaciones con más plazas en la Comunidad de Madrid para tratar a pacientes psiquiátricos o con trastornos graves. La Fundación Manantial, dedicada a la atención social en materia de salud mental, gestiona hasta medio centenar de recursos con intervención pública repartidos por distintos municipios, incluyendo la capital. Ahora, de casi 300 trabajadoras son 53 las que se han bajado del barco por una merma en sus condiciones salariales. Y, entretanto, las que se quedan denuncian una “asifixia laboral” que interfiere con el servicio.

“Me fui porque iban a bajarme el sueldo un 20%”, confiesa una de las exempleadas acogidas a una rescisión de su contrato después de que la compañía planteara eliminar los pluses por experiencia (de un 9% según el comité de empresa) y pusiera sobre la mesa otras medidas de ampliación de jornada que inquietaron entre la plantilla. Ha preferido mantener su nombre en el anonimato.

La Fundación Manantial mantiene conciertos con el Gobierno autonómico en distintos CRPS (Centros de Rehabilitación Psicosocial), centros de día con soporte social, gestión de equipos de apoyo social comunitario (EASC) o espacios de rehabilitación laboral, mini-residencias y pisos supervisados. Todos estos recursos han de adherirse a unos acuerdos marco que fijan –desde las instituciones– las condiciones técnicas, administrativas y laborales en los pliegos de contratación, para que luego las adjudicatarias se hagan responsables de coordinar un servicio público. Una fórmula de externalización que, en cierto modo, molesta a esta exempleada; al menos en su aplicación práctica.

“Que empeoren nuestras condiciones por una crisis económica en la empresa me parece una falta de respeto a la profesión. Como es algo vocacional, y se nos éxige cierta ética laboral, aprovechan para explotarnos a costa de los cuidados”, determina. Con la entrada en vigor de un nuevo convenio de discapacidad publicado en el BOE (el Boletín Oficial del Estado), desde el comité de empresa señalan que tampoco les aplicaron el incremento que ahí se contempla.

Un cambio de liderazgo del que nació una empresa privada

Iván, trabajador de Manantial Gestiona SL en Rivas y delegado de su sección sindical, explica que la creación de una extensión privada de la fundación se produjo a raíz de la salida del anterior presidente del patronato, Francisco Sardina. Fue entonces cuando Elena Birrun entró a la gerencia y, en 2022, decidió crear esta sociedad limitada. La plantilla, que ahora se ha visto reducida, vivió su apogeo un año después de constituirse la compañía, cuando pasaronde 49 empleados a 288 según la información financiera publicada en 2024, referente al período anterior.

En ambos casos, la mayoría eran fijos y poco más del 10% eran empleados eventuales. También en el Registro Mercantil pasaron de tener 2.563.180 euros en ventas a facturar solo un año más tarde casi 16 millones. La extrabajadora que presta su testimonio anónimo para este reportaje ha señalado que la organización “estaba muy enfoncada en el impacto social” hasta que se extendió a una SL. Desde ese momento, siempre según su relato, los objetivos “se centraron en la viabilidad económica y priorizaron los criterios financiertos sobre la calidad de la atención o el derecho de los trabajadores”.

Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas"

Narra que su trabajo, de carácter social, comenzó a “entrar en conflicto” con los objetivos económicos que percibía en la dirección de Manantial Gestión, algo que le hizo ver comprometida su “ética profesional” y “dignidad laboral”. “Las trabajadoras no tenemos que sacrificarnos por los problemas monetarios de nuestras empresas”, resuelve después de abandonar su antiguo puesto. Desde hace décadas, la red de atención a personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid funciona mediante un modelo de externalización de servicios que coordina la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Discapacidad. Fundación Manantial es actualmente la segunda entidad con más plazas gestionadas en toda la región.

Por delante está Grupo 5, otra empresa de atención social a personas en situación de vulnerabilidad con más de 3.000 empleados distribuidos en hasta 15 comunidades autónomas, entre ellas Madrid. “Desde la Comunidad de Madrid se está pidiendo un monopolio que antes no existía”, afirman desde el comité de empresa de Manantial Gestión SL. Iván, su delegado sindical, destaca especialmente las “diferencias de sueldo abusivas” que exiten entre el salario de los altos cargos o gestores de la empresa y quienes conforman su plantilla, compuesta por terapeutas ocupacionales, educadoras sociales o psicólogas.

Según el trabajador, los dos primeros perfiles rondan los 1.400 euros mensuales y, en el último caso, pueden alcanzarse los 1.700 euros aproximadamente con la suma de años por antigüedad. También apunta a una retirada de los 80 euros al mes que, dice, les ofrecían para transportarse en coche por los distintos municipios que abarcaba el servicio. En su caso particular, atiende a usuarios entre Rivas y Arganda del Rey, así que los desplazamientos diarios por ambas localidades son habituales y requieren tiempo de su jornada.

La cantidad que perciben ahora es más reducida y está enfocada al movimiento en transporte público, ampliando los trayectos y disminuyendo el número de pacientes que es posible abarcar en un mismo día. Por lo general, este grupo atiende a personas en edades comprendidas desde los 18 hasta los 65 años, dando cobertura en cuidados asociados a la salud mental en distrintos tramos. Gestionan pequeñas residencias en la capital (por ejemplo, en Hortaleza) y otros municipios próximos como Fuenlabrada, Parla o Leganés. Cuenta con una red de equipos de apoyo supervisada por la Comunidad de Madrid y a cargo de una empresa que, de momento, verá mermados sus recursos y convivirá con la tensión entre sus trabajadores.

La empresa alude a dificultades económicas y su plantilla lo matiza

La empresa reconoce atravesar una “difícil” situación económica, que atribuye principalmente a tres causas. La primera es que ha perdido la gestión de centros públicos en Arganda y Alcorcón (precisamente en favor de Grupo 5, su principal competidor), de las que derivan unas “bajadas económicas considerables” que el grupo “no puede asumir sin comprometer la calidad del servicio”, destacan fuentes de la Fundación Manantial, que explican así el recorte de personal.

Otro argumento que esgrimen es la subida salarial del 10% que contempla el último convenio colectivo de atención a personas con discapacidad, aunque sus trabajadores aseguran no haberlo cobrado hasta el pasado enero, un año después de su aprobación en el BOE y a costa de “una bajada del 9%” en paralelo, que antes ofrecían a partir del primer año de experiencia. El tercer motivo del que hablan en Manantial Gestión SL el brazo de la Fundación que administra sus plazas en administraciones públicas) es el “retraso en la renovación de los nuevos acuerdos marco”, que fijan los términos de colaboraicón con la Comunidad de Madrid y según ellos aún mantienen precios correspondientes a 2022.

Como consecuencia de la decisión, la empresa cifra en 60 de 700 trabajadores los que solicitaron extinguir sus contratos desde el 31 de diciembre. La empresa asegura que “todas las vacantes han sido ya cubiertas”, aunque no sin consecuencias directas para pacientes o usuarios. Marga, una mujer que lleva cinco años viendo semanalmente a una empleada de Manantial con la que ha tenido que cortar de lleno su proceso terapéutico al reasignarla en otra localización. En su caso, hace más de una década que atraviesa una depresión severa con varios intentos de suicidio a sus espaldas.

Su nombre real ha sido ocultado a petición de la usuaria, que no quiere ser identificada. En conversación con Somos Madrid, muestra un profundo malestar por perder a “la única persona” en la que “confía” y con la dice poder desahogarse. El testimonio que ofrece es lapidario: “Tener que empezar de cero con otra persona a la que no conozco es muy difícil para mí. Ya me cuesta muchísimo relacionarme y [esta trabajadora] lo sabía todo sobre mí, o hasta conoce a mi familia. Sin ella a mi lado, no sé lo que puede ser de mí”.