Los sindicatos llevan al Ayuntamiento de Cartagena a juicio por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores

El Ayuntamiento de Cartagena se enfrentará en los próximos días a una denuncia interpuesta por varios sindicatos, en la que acusan al Consistorio de vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores tras suspender cautelarmente el acuerdo de condiciones de trabajo desde el 1 de enero.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, justificó hace unos días el cese temporal del convenio, que afecta a más de 1.300 trabajadores, debido al “nuevo contexto de desaceleración económica” que no permitiría un aumento en los ingresos del Ayuntamiento. La primera edil adujo que impediría asumir los incrementos en retribuciones y horas extraordinarias que representa la entrada en vigor de algunas de las medidas recogidas en el documento.

“El acuerdo se firmó hace seis meses y venía avalado por técnicos que corroboraban su viabilidad”, han indicado a este medio fuentes de Comisiones Obreras, que no entienden “por qué ahora los nuevos informes del mismo organismo dicen lo contrario”.

Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Sindicato SIME y Unión General de Trabajadores (UGT), miembros de la mesa general de negociación con el consistorio cartagenero, han emitido un comunicado anunciando la presentación de la denuncia y una reunión urgente por las “presiones recibidas”.

En el escrito instan a los trabajadores a “no hacer horas extras por las rupturas de las reglas de juego que suponía el acuerdo de horas de Régimen de Especial Dedicación (RED)”. Además, aseguran que empleados de los servicios consistoriales han sufrido “presiones por parte de sus responsables” para la realización de horas extraordinarias y cambios de turno. Los sindicatos exigen que Castejón, alcadesa de Cartagena, sea la interlocutora oficial del Ejecutivo con la junta de personal del Ayuntamiento.

El Gobierno cartagenero tomó la decisión de suspender de forma cautelar el convenio el pasado 30 de diciembre, después de que los informes técnicos realizados por la Intervención municipal, la Asesoría Jurídica y la Oficina Presupuestaria hubieran advertido de “que el actual contexto económico hacen inviable su aplicación”.

“Su aplicación directa supondría incumplimiento de los criterios de estabilidad y el límite de gasto establecidas por Ley y obligarían al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico-financiero supervisado por el Ministerio de Hacienda”, expresó la primera edil.

Castejón sumó a la recesión económica la aparición de nuevas obligaciones para las arcas municipales contraídas este año, como los préstamos para hacer frente a las obras de la DANA y los contenciosos derivados de la anulación del Plan General.

La alcaldesa anunció que el Gobierno quiere abrir el mismo día 7 una mesa de diálogo con los representantes sindicales de los trabajadores para empezar a negociar el mejor acuerdo posible dentro de los limites presupuestarios.