Muchos murcianos asistimos con vergüenza y estupor al espectáculo que se produjo el pasado marzo en la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia cuando siete tránsfugas frustraron la moción de censura planteada por Ciudadanos y PSOE. Tal número de diputados tránsfugas es una situación tan anómala que no existe precedente en el constitucionalismo español moderno, y no es algo de lo que los murcianos podamos sentirnos orgullosos.
La única salida digna en ese momento era la 'solución Ayuso', es decir, la convocatoria de elecciones. Con esta decisión se habría purificado la Asamblea de tránsfugas, recuperado el prestigio de la instituciones autonómicas y el órgano legislativo habría vuelto a ser un fiel reflejo de los preferencias de los votantes de la Región de Murcia.
En cualquier caso, parece que lo que sucedió ya no tiene arreglo hasta que termine la legislatura y vuelvan a celebrarse elecciones, por este motivo creo que es más útil proponer algunas medidas para evitar que se vuelvan a producir estas bochornosas situaciones que volver a analizar hechos pasados y ya por todos conocidos.
En Derecho sucede como en Medicina, el primer paso para erradicar una patología es reconocer su existencia. Estaremos todos de acuerdo que la existencia del transfuguismo es una enfermedad del sistema democrático que convendría erradicar. Este problema debería ser afrontado por los partidos con serenidad y sin caer en la tentación de especular sobre si en determinadas situaciones la posibilidad de la existencia de estos 'espíritus libres' puede favorecer sus intereses. Un tránsfuga, que se rige por intereses exclusivamente individuales, es un elemento desestabilizador del sistema porque introduce aleatoriedad e imprevisibilidad en el la praxis política y desprestigia a las instituciones.
Desde algún sector de la sociedad murciana se han intentado defender y blanquear a los tránsfugas de Vox y Cs señalando que era una forma de defenderse ante los errores cometidos por los órganos directivos de sus partidos. Ante esta justificación hemos de recordar que en los partidos políticos es posible la discrepancia y el debate interno, pero que una vez que los partidos a través de sus órganos han tomado sus posicionamientos políticos, hay que respetarlos y cumplirlos, y en el caso de que no poder asumir estas decisiones, lo lícito y honesto es abandonar el partido, entregar el acta y volver a ganarte la vida en el ámbito privado. La obtención de las actas de diputados no se debió al prestigio social y /o político de los siete tránsfugas, sino que se produjo por su pertenencia a unas siglas, por el esfuerzo de cientos de militantes, y por la decisión individual de miles de votantes, a los cuales se les debe un respeto.
El fundamento jurídico que ampara el transfuguismo es la prohibición del mandato imperativo recogido en el artículo 67. 2 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que lo desarrolla, esta doctrina fija la tesis de que el acta de representación política no pertenece al partido sino al individuo que resultó elegido. Sobre este artículo invitaría a una reflexión, ya que cuando una norma o un principio jurisprudencial da cobertura a una actuación inmoral e injusta, esto nos indica que ya han dejado de ser adecuados y útiles para regular la realidad actual, y que su reforma es necesaria.
En marzo de 2021 estaba vigente un pacto antitransfuguismo entre los grandes partidos nacionales. Es evidente que tal acuerdo no sirvió de nada. Es sorprendente como lo pactado entre partidos políticos tenga tan poco valor y el incumplimiento del sacrosanto principio jurídico de que los acuerdos son para cumplirlos (pacta sunt servanda).
Una forma eficaz de combatir el transfuguismo sería estableciendo algún tipo de sanción a esta conducta. Desde 2003 en el ámbito local se estableció por ley que un concejal tránsfuga no puede mejorar políticamente y económicamente de la situación que tenía antes de abandonar el partido del que obtuvo el acta. Existiendo esta norma en el ámbito local, no hay ningún argumento lógico que impide que se extienda a los órganos legislativo de los Autonomías y del Estado.
Otra forma de combatir esta anomalía democrática sería reformar el sistema electoral dando más relevancia a la calidad política, profesional y ética del candidato que a las siglas por las que concurre. Nuestro sistema electoral viene regulado por la LOREG de 1985, en esos años el legislador optó por fortalecer a los partidos políticos en el sistema electoral, la llamada partitocracia, para dar estabilidad al sistema democrático incipiente. Bajo mi punto de vista fue una opción acertada y justificada en esas circunstancias históricas. Ahora bien, la democracia en España ya está consolidada, esa partitocracia que en su momento era necesaria, ya no lo es tanto. Creo que ha llegado el momento de modificar el sistema electoral con sistemas como el de listas abiertas o con distritos electorales unipersonales, o con cualquier otro sistema electoral que premie la calidad humana del candidato. Con este sistema se incentivaría el acceso a la política a individuos que hayan triunfado en la vida privada, con prestigio social y con mayor vocación de servicio público. Estas personas cuyo bienestar económico no se lo deben a la política, serían menos propensas a protagonizar episodios de transfuguismo. Estoy convencido que en caso de tener discrepancias graves con el partido con el que concurrieron a las elecciones, este tipo de personas harían lo correcto y de esta forma se ahorrarían el escarnio público que supone ser señalados como tránsfugas para el resto de su vida.
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