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El Tribunal de Cuentas cuestiona la utilidad de Bilbao Air, que ha costado dos millones

Una auditoría señala que en la sociedad creada en 2001 por las instituciones vascas “no hay indicadores” para saber si su actividad de promoción mejora al aeropuerto de Bilbao y destaca su nula coordinación con AENA.

Tiene un empleado, ex alto cargo del PNV, que cuesta más de 84.000 euros anuales y que el pasado año se gastó 14.000 euros en viajes y representación.

Su única vía de financiación es del Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, que tuvieron que tapar en 2012 un agujero de 400.000 euros.

Jon Gangoiti, director de la sociedad pública Bilbao Air.

Jon Gangoiti, director de la sociedad pública Bilbao Air.

El Tribunal  Vasco de Cuentas desconoce la utilidad de Bilbao Air, la sociedad pública de promoción del aeropuerto vizcaíno, que en sus 14 años de funcionamiento ha costado a las arcas públicas vascas más de dos millones de euros. Tiene un solo empleado que cuesta más de 84.400 euros anuales, ha requerido una inyección pública extra de 400.000 euros  para evitar su disolución y el pasado año se gastó más de 14.000 euros en viajes y representación. “No existen indicadores que permitan relacionar las actividades detalladas y la evolución  comercial del Aeropuerto de Bilbao”, es una de las conclusiones del informe del tribunal. El estudio destaca también que, pese a que la gestión del aeropuerto es de AENA, no se coordinada para nada con el ente estatal. “La  sociedad desarrolla por propia iniciativa y de forma no coordinada con la  entidad responsable de la gestión y explotación del Aeropuerto de Bilbao, diversas actividades para la promoción y fomento del uso del Aeropuerto de Bilbao por lo que no resulta posible medir su eficacia en la mejora de la gestión aeroportuaria”.

El informe supone otro varapalo más a la cuestionada Bilbao Air, creada en 2001, en lo que lo partidos de la oposición han calificado de “otro chiringuito más” del PNV. A su frente está Jon Gangoiti, ex europarlamentario y senador peneuvista hasta que accedió a su actual cargo en una entidad totalmente pública, conformada por el Gobierno vasco (25%), la Diputación de Vizcaya (20%), la Cámara de Comercio de Bilbao (30%) y varios ayuntamientos cercanos al aeropuerto.

Su única vía de financiación son los ingresos del Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, ya que los ayuntamientos no realizan aportaciones y la Cámara de Comercio aporta el local y gastos generales. El recorte en las subvenciones en los últimos años ha ido generando un agujero que alcanzó los 400.000 euros en 2012, lo que obligó al Gobierno vasco a perdonarle una deuda de 84.000 euros, como señala el informe. El anterior Ejecutivo socialista reclamó este dinero en septiembre de 2011 pero una orden de noviembre pasado de la consejera Ana Oregui ha perdonado el cobro, que con los intereses sumaban casi 88.500 euros.

El Tribunal de Cuentas refleja que los gastos de Bilbao Air, con su único empleado, alcanzaron los 250.000 euros anuales en 2010, entre los que destacaban además de los 82.500 del director, los 31.500 en gastos y representación o los 54.500 en el apartado de varios, como la edición de una revista, alquiler de salas o una web.

Gastos de viaje que aumentan un 50%

En 2012, año de fiscalización de la actividad, el gasto total se redujo a 108.000 euros y en 2013 a 107.000. El Tribunal refleja que el coste del único empleado se ha elevado el pasado año de 82.000 a 84.000 euros y que los gastos de viajes y representación han vuelto a incrementarse en un más de un 50%: de 9.000 a 14.000 euros.

“La sociedad mantiene la política de contención del gasto iniciada en 2011 y desarrollada  fundamentalmente en 2012”, dice la auditoría del órgano fiscalizador que alude a que la dirección de Bilbao Air “nos informa que se están llevando a cabo las gestiones para garantizar la continuidad de las operaciones”, a la espera de que reciban una subvención correspondiente a 2013 del Gobierno vasco de 75.000 euros. “Si estas premisas de los cobros pendientes no se cumplen, la sociedad llegaría a una situación de tesorería negativa de 8.000 euros”. Por ello,  el Tribunal estima que “se puede afirmar que la actividad de la sociedad se encuentra  condicionada a la obtención de fondos procedentes de sus accionistas tanto en 2013 como  en el futuro”.

El informe también cuestiona la contratación por carecer en 2012 del perfil del contratante que exige la ley de contratos del sector público, “por lo que las instrucciones internas de contratación que la sociedad había  aprobado el 1 de enero de 2009 no han sido publicadas en dicho perfil hasta julio de 2013”. Y alude a que se han realizado varias contrataciones a dedo por importe de 9.800 euros.

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